El 10 de septiembre de 2013 el Senado de la República ratificó la propuesta del Ejecutivo para integrar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Se inauguraba con ello una nueva etapa en México para la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, con un órgano con autonomía constitucional. La idea central era contar con un regulador robusto capaz de blindarse frente a las injerencias indebidas del poder gubernamental y del poder económico de algunos de sus regulados en ambos sectores, como también lograr una efectiva tutela por parte del Estado para garantizar derechos.
Este nuevo diseño institucional generó muchas expectativas, que se desinfló en parte por la cuestionada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que desde la opinión de varias voces especialistas minó las facultades del regulador contraviniendo los principios constitucionales, aún así este nuevo órgano continúo teniendo facultades de regulación mucho más ampliadas que la que la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones para regular a ambos sectores en materia técnica y económica, pero también para garantizar derechos esenciales como la libertad de expresión y el derecho a la información a través de la protección a los derechos de las audiencias, el pluralismo, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros derechos asociados.
A tres años de su conformación el papel del IFT, cuyo objetivo es hacer valer el goce de los derechos informativos de toda la población y regular con efectividad la actividad de ambos sectores para el crecimiento económico. La institución tiene importantes aciertos como también desaciertos que vale la pena hacer visibles, no para descalificarla sino para aportar elementos que permitan ubicar los puntos problemáticos en la hechura y ejecución de la política pública que no está exenta de conflictos y tensiones, porque en el sector juegan intereses contrapuestos e incluso antagónicos.
Desde su conformación, el Pleno del IFT ha hecho un esfuerzo relevante para cumplir con los tiempos y objetivos constitucionales y legales que se le impusieron tales como la licitación de las dos cadenas nacionales de televisión digital abierta, la determinación de los agentes económicos preponderantes con su consecuente regulación asimétrica, el apagón analógico, numerosas consultas públicas de los asuntos a regular, entre muchos otros puntos más.
Sus informes trimestrales dan cuenta de una prolífica actividad de mediciones y prácticas regulatorias que tienen un mayor énfasis en el sector de las telecomunicaciones, de la competencia económica y de los derechos de los usuarios, sin embargo, siguen aún ausentes en la definición de políticas del IFT los mecanismos concretos para tutelar los derechos informativos que en su mayor parte se desenvuelven en el ámbito de la radiodifusión.
Me refiero a la indefinición en la que siguen manteniendo la emisión de los derechos de las audiencias, a pesar de que ya pasó un año de la consulta pública respectiva, de los criterios específicos para medir el pluralismo que junto con la participación en los mercados de las empresas de servicios audiovisuales permitan incluir medidas efectivas para hacerlo una realidad, la ausencia de los lineamientos para garantizar la neutralidad de la red, las reglas para imponer límites a la publicidad comercial, las acciones concretas para impulsar la atención a la programación infantil, así como cumplir con el mandato legal de promover concesiones de uso indígena en los lugares donde no existan, entre otros temas.
Tratando de encontrar las razones por las que los mayores déficits se aglutinan en los segmentos del ejercicio de los derechos informativos, no así en los de servicios, podemos presumir que más allá de la redacción de nuevas normas, el reto mayor para el nuevo diseño institucional es tener herramientas para la creación de nuevos comportamientos en la burocracia que regula a ambos sectores, una burocracia que viene de viejas lógicas y prácticas administrativas centradas en su esencia por una tradicional perspectiva tecnológica y económica, a la que aún no se ha logrado integrar una lógica y práctica administrativa de derechos como lo marca el artículo 1º constitucional, para reconocer a las personas como sujetos de derechos y no como meras beneficiarias de las acciones de agencias estatales o como beneficiarias de bienes materiales, es decir, que sus acciones regulatorias afectan a personas titulares de derechos y no a meros usuarios y consumidores a secas. En tanto esta disposición permanezca en la definición de los problemas públicos, sus estrategias y acciones en la política pública seguirán respondiendo a un entorno competitivo, pero no de empoderamiento de la ciudadanía, que no tienen porqué contraponerse sino todo lo contrario.
En un sector en el que apenas se abre esta perspectiva de derechos en el cuerpo legal es lógico que el aparato burocrático tenga resistencias para los cambios en las nociones conceptuales, como en el cambio de prácticas que durante décadas han mantenido. Por eso el gran reto del IFT es realizar un cambio de fondo en la hechura de la política para integrar un enfoque sociológico y de derechos humanos para que las determinaciones económicas y técnicas no sean un fin en sí mismas sino un medio para lograr la inclusión social y habilitar los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y sociales. Ni el desarrollo económico hasta ahora implementado, ni las tecnologías por sí solas lo pueden lograr.
El hecho de que se dispusiera en la constitución al IFT ser el garante del derecho a la información y la libertad de expresión en la radiodifusión y las telecomunicaciones, implica que su función es también para resolver y garantizar medidas regulatorias sustantivas para el ejercicio vigoroso de estos derechos, incluyendo garantizar que no existan injerencias indebidas u obstáculos por parte de actores estatales o de los agentes económicos regulados.
El IFT cumple tres años de vida con un desempeño de claroscuros, pero es de celebrarse que exista, lo importante en adelante es fortalecerlo, por eso resulta altamente preocupante que hasta el momento el Presidente de la República aún no mande al Senado la terna para ratificar al comisionado que sustituirá a Fernando Borjón quien concluyó su ciclo en febrero de este año.