Reforma. Denise Dresser
En Islandia el primer ministro fue obligado a renunciar. En Gran Bretaña David Cameron está en problemas. En Argentina Macri se encuentra enlodado y bajo sospecha. Lo mismo ocurre con miembros de la élite en Pakistán, en Azerbaijan, en Ucrania, en Australia, en Sudáfrica. Documentos que evidencian evasión de impuestos e inversiones fantasma y transacciones irregulares al margen de la ley o en el filo de ella. Ante lo revelado surgen explicaciones balbuceantes por parte de los involucrados en múltiples latitudes, incluyendo 140 políticos y funcionarios públicos, así como 12 presidentes, monarcas y jefes de Estado en funciones. Sacudidas globales, consecuencias inusitadas, terremotos que todavía se sienten. Secretos y mentiras que podrían producir movimientos tectónicos en la gobernabilidad global.
Pero en México prevalece el pesado silencio del pacto de impunidad. La lápida que todo lo tapa. 33 nombres de mexicanos que el SAT promete investigar pero que probablemente nunca lo hará. O lo hará a modo. Basta con recordar la “investigación” de la Casa Blanca o la de Ayotzinapa o la de Tlatlaya o la de OHL. Mientras en el resto del mundo surgirán acusados, en este país solo habrá traspapelados. Personajes protegidos por su relación con el poder o por la maleabilidad de leyes creadas para facilitar la evasión fiscal. Personajes como Ricardo Salinas Pliego. Como Carlos Slim. Como Juan Armando Hinojosa del Grupo Higa. Miembros del club de los intocables, los irreprochables, los que recurrentemente son acusados pero nunca sancionados.
Aquí se dirá que lo que hicieron quizás fue “inmoral” pero no “ilegal”. Aquí la autoridad argumentará que enviar dinero a sitios como Panamá y crear compañías fantasma y cuentas secretas no viola la ley. Aquí Aristóteles Núñez subrayará tibiamente que proteger riqueza fuera de México es perfectamente legítimo. Y se confirmará que los bancos no están obligados a informar sobre el origen de los recursos de sus clientes ya que no son auditores fiscales. Pocos cuestionarán cómo Juan Armando Hinojosa logró un “éxito” tal que se vio obligado a sacar 100 millones de dólares, “una pequeña parte de la cartera del cliente”. Tapando así transacciones que se hicieron para ocultar, para evitar la auscultación, para torpedear la transparencia. Y si en el caso de los 33 mexicanos no hay algo que ocultar, entonces ¿por qué recurrir a paraísos fiscales? Lugares que son conocidos por la facilidad que ofrecen para evadir impuestos, lavar dinero, esconderlo, encubrir su procedencia.
Es cierto, estas no son prácticas exclusivamente mexicanas. Según el economista Gabriel Zucman, aproximadamente 8 por ciento de la riqueza mundial -7.6 trillones de dólares- se halla en cuentas offshore, de manera legal. Pero hay algo moralmente cuestionable en ello. Va a la raíz de los problemas perennes de desigualdad en México y más allá; evidencia la desconexión entre las élites y la mitad del país que permanece pobre. Evidencia no solo el agandalle empresarial sino también la incompetencia gubernamental. Como tuiteó Edward Snowden esta semana, “el problema es lo legal”. Lo que el gobierno mexicano -junto con otros- no está haciendo. Los impuestos que no está cobrando, la vigilancia que no está ejerciendo, las investigaciones que no está llevando a cabo, las prácticas que no está sancionando.
Hoy que en México se debate tanto la transparencia como la corrupción falta mucho por cambiar para avanzar. Una parte del cambio tendrá que formar parte de transformaciones globales que lleven a la transparencia, a la colaboración, a la provisión de información cuando de impuestos y assets se trata. Habrá que combatir la opacidad financiera global como lo argumenta Thomas Piketty. Pero la crisis colectiva producida por los Panama Papers también debería llevar al escrutinio y a la pregunta de cómo y por qué los mexicanos involucrados lograron acumular tanta riqueza. Cómo y por qué hay tantos cuates de la clase política operando así.
La respuesta es sencilla: la corrupción. La complicidad de las autoridades fiscales. La cuatitud a la hora de licitaciones e inversiones. Eso que lleva a que México sea más pobre y más desigual. Cuando los políticos y sus protegidos extraen rentas y roban y esconden, recursos que deberían acabar en puentes terminan en Panamá. Algunos miembros de la kleptocracia mexicana sacan su riqueza del país, pero otros no necesitan ni siquiera hacerlo. El capitalismo cuatista los protege de tal manera que cualquier irregularidad será ignorada y perdonada. Un caso más de traspapelado.