En una carta anónima se acusa a Grupo Televisa, pero fundamentalmente a su vicepresidente ejecutivo, Alfonso De Angoitia, y algunos de sus colaboradores, de lavado de dinero, fraude a los accionistas y otras operaciones supuestamente ilegales. El contenido del documento fue divulgado por The Wall Street Journal y la revistaProceso, los días 5 y 8 de mayo, respectivamente.
La misiva fue enviada al consejo de Univisión, al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la autoridad de regulación bursátil de ese país, la Securities and Exchange Commission (SEC). También la recibieron algunos medios de comunicación, que destacaron una de las irregularidades denunciadas: Televisa recibe grandes cantidades de dinero en efectivo por la venta de “infomerciales” a gobiernos estatales, gobierno federal y partidos políticos. Estos ingresos no se reportan a sus accionistas.
Hay otras acusaciones en la carta, pero no dejan de ser sólo pistas, apoyadas en hechos reales, para iniciar investigaciones y deslindar responsabilidades. ¿Las haría, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, la misma que investigó la “casa blanca”, por el desvío de recursos? ¿o el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por omisiones fiscales? ¿o el Instituto Nacional Electoral (INE) por promoción ilegal de funcionarios públicos y partidos políticos a través de notas o entrevistas pagadas? ¿o las contralorías de las dependencias del gobierno federal? Muy probablemente no.
Sin denuncias formales y sin documentos probatorios, al menos aquí en México la posibilidad de llegar al fondo de las denuncias presentadas parecen muy lejanas y no pasará de ser un nuevo escándalo en el que ha estado involucrado el más grande conglomerado mediático de habla hispana.
De hecho, Televisa aclaró tanto a The Wall Stret Journal, como a la Bolsa Mexicana de Valores, que el documento “parece ser un esfuerzo coordinado para causar daño a la reputación de la Compañía y sus efectivos”. No obstante, ordenó una investigación al bufete de abogados Watchell, Lipton, Rosen and Katz, en Nueva York, y advirtió que “ejercerá todas las acciones legales a que haya lugar contra los responsables de la carta”.
Televisa se asume víctima de otra campaña en su contra, pero como afirma el periodista Raymundo Riva Palacio, en El Financiero (12 de mayo) es probable que el fuego vino desde el interior de la empresa. “No hay nadie con ese tipo de acceso –escribió Rivapalacio- como Alejandro Quintero, el arquitecto de los convenios de publicidad política, que fue despedido de una muy mala manera por De Angoitia”.
“¿Es el topo?”, se pregunta. “No se sabe”, pero el periodista soltó la hipótesis de que no se trata de una campaña creada exprofeso por alguna empresa o persona del sector de las telecomunicaciones, sino que es producto de las diferencias internas, en virtud de la precisión de datos, aparentemente verdaderos, de números de cuentas en bancos, nombres de empresas, ubicación de propiedades, incluso datos personales de varios de los involucrados en las operaciones.
Y es que luego de hacerse las revelaciones, Televisa utilizó este episodio para cambiar el eje de las denuncias y a través de uno de sus más altos directivos y operadores políticos, Javier Tejado, afirmó tener indicios de quién podría estar detrás de la carta.
“En el escrito se develan temas de telecomunicaciones. En estos momentos se está revisando nuestro régimen de preponderancia y el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) pronto publicará sus informes de preponderancia”, dijo Tejado Dondé a Ciro Gómez Leyva. En su columna del día siguiente (10 de mayo) en El Universal, el periodista interpretó lo dicho por el directivo de Televisa y le puso nombre al orquestador de la campaña: Carlos Slim.
Paradójico: Televisa denuncia que es presa de una acusación que busca dañar su reputación, sin pruebas, pero a través de su vocero deja entrever, también sin ninguna prueba, que la campaña viene del sector de las telecomunicaciones. Desafortunadamente, en ambos casos, no hay hasta el momento documentos que prueben los ilícitos cometidos, pero que sí podría utilizarse como pretexto para una nueva batalla de la guerra en el sector de las telecomunicaciones.
Las acusaciones incluidas en la carta son muy comprometedoras, pero en efecto parecen estar más relacionadas con algún diferendo interno, una especie de venganza, de alguien informado del manejo de los dineros de la empresa y sus relaciones políticas, que por una razón de competencia o, en el más optimista de los escenarios, por una motivación ética, autorregulatoria o de denuncia social por los excesos y abusos de la compañía y de un selecto grupo de funcionarios públicos que habría utilizado discrecionalmente los recursos públicos y sus cargos para obtener beneficios políticos.
Quien dio a conocer la carta logró el impacto mediático deseado, alertó a los accionistas y a los directivos de la empresa, así como a uno que otro funcionario, ex funcionario (como el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel) y amigo (como Juan Ignacio Zavala, cuñado del ex Presidente Felipe Calderón) de Emilio Azcárraga, pero si quiere hacer una estocada certera tendrá que presentar mucho más que tips. Por lo pronto, esa misma persona, obtuvo tiempo y movimientos a su favor para negociar ¿qué cosa? Tampoco se sabe, pero va ganando la partida.