Senadores del PAN, PRI, PRD y PVEM integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República[1] aprobaron en lo general y en lo particular modificaciones a una ya cuestionable iniciativa del senador Roberto Gil Zuarth, la cual pretendía evadir sanciones a los concesionarios que no estuvieran en condiciones de transitar a la Televisión Digital Terrestre (TDT).
Con el subterfugio de apoyar a los medios de uso público y social hacia su digitalización a sólo un mes del “apagón analógico”, el nuevo dictamen será discutido en el Pleno del Senado pero en lo sustantivo conserva la protección a las televisoras comerciales que no han realizado las inversiones necesarias para transitar a la televisión digital, al tiempo que aplaza hasta el último día de 2016 el “apagón analógico”.
Como ocurría en la iniciativa del senador Gil Zuarth, las nuevas modificaciones vuelven a incumplir con la técnica legislativa. En un párrafo del artículo noveno transitorio de la LFTR que originalmente sólo se refiere a los medios públicos, los senadores sustituyen la palabra “permisionarios” por “estaciones de televisión radiodifundida”; previamente, Gil Zuarth pretendía colocar el término “operadores”. Al final, el resultado es el mismo: concesionarios. Así, los promoventes fuerzan la ley pero no para proteger a los medios públicos y sociales, sino para introducir a los concesionarios privados.
Los senadores insisten en engañar a la sociedad y darle un toque social a lo que realmente es un beneficio privado. El dictamen con las modificaciones propone añadir la frase “Los titulares de las estaciones deberán realizar las inversiones e instalaciones necesarias conforme a los plazos previstos en el programa. En ningún caso las acciones derivadas de este programa excederán al 31 de diciembre de 2016.”
La exigencia suena bien. Sin embargo, el párrafo quinto del mismo artículo noveno transitorio ya incluye expresamente esa misma disposición con más énfasis: “Los concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida estarán obligados a realizar todas las inversiones e instalaciones necesarias para transitar a la televisión digital terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 2015. El Instituto Federal de Telecomunicaciones vigilará el debido cumplimiento de la obligación citada.”
La iniciativa y las modificaciones atentan contra el numeral III del artículo sexto constitucional que señala que “la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población”.
Reducir la potencia radiada degrada la calidad y cobertura del servicio, en tanto que la suspensión temporal del servicio sin causa justificada afecta la continuidad de dicho servicio público de radiodifusión. Al no iniciar las transmisiones digitales en tiempo y forma como señala la Carta Magna, el servicio deja de prestarse a toda la población, lo cual atenta contra su derecho a la información, libertad de expresión y derecho de acceso a las TIC.
Es atribución exclusiva del IFT analizar la suspensión del servicio caso por caso. También es facultad del regulador autónomo imponer sanciones; las características de las mismas, el monto de las multas e incluso la motivación y fundamentación para revocar un título de concesión o permiso, dependen del análisis de las causas y condiciones que en exclusiva realice el IFT.
Uno de los méritos de la reforma constitucional fue lograr que el regulador técnico impusiera las sanciones a los regulados. Sin embargo, los senadores pretenden sustraerle al IFT su capacidad de interpretación de la ley, de regulación y de sancionar el tema del “apagón analógico” y la transición a la TDT, restándole autonomía constitucional.
Hay que señalar que la política de transición a la TDT, al quedar plasmada en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, pasó de ser una política gubernamental a una política de Estado.
Siendo un órgano eminentemente político, el Congreso de la Unión se instituyó en regulador y definió en la Constitución el 31 de diciembre de 2015 como fecha para el “apagón analógico”. Ahora vuelve a cometer el error y busca enmendar su propio acuerdo y aprobación, volviéndose a erigir en regulador pero careciendo de las facultades y de las competencias técnicas para hacerlo. Por ello, las decisiones técnicas deben preservar su autonomía respecto de las posturas y decisiones políticas.
La iniciativa y las modificaciones de los legisladores intervienen en las atribuciones regulatorias del IFT y en las de política pública y de planeación del gobierno federal. El Estado ya ha destinado 27 mil millones de pesos para entregar un total de 9.7 millones de televisores digitales a igual número de hogares de bajos recursos de 12 programas asistencialistas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esta inversión de recursos públicos inédita en el mundo y en los procesos de transición a la TDT, representa en sí misma un subsidio estatal a los actuales radiodifusores, que no han dotado de receptores a sus audiencias.
La política TDT atendió los hogares y áreas más pobres del país y ha entregado equipos digitales para que puedan seguir recibiendo las señales aéreas de televisión, con base en el derecho de acceso a las TIC. El trabajo de coordinación entre el IFT, la SCT y la Sedesol responde a un conjunto de metodologías para hacerlo de forma técnica y eficiente.
Son en estas mismas zonas rurales y pobres del país donde se encuentran algunas de las estaciones complementarias de televisión, las cuales no han realizado las inversiones necesarias para transitar a la TV digital, a pesar de que este proceso ya se conoce desde el decreto presidencial de 2010, fue retomado en la reforma constitucional de 2013 y quedó plasmado como una obligación de los actuales concesionarios y permisionarios en el artículo noveno transitorio de la LFTR de 2014.
Los senadores están fomentando una aplicación ineficiente de la política TDT y de los recursos públicos destinados al “apagón analógico”, porque habrá hogares de escasos recursos con televisores y tecnologías digitales pero con señales analógicas de televisión, o incluso sin ellas. Las acciones técnicas de política pública y regulatorias de las autoridades tendientes a garantizar el interés público, deben sustraerse de los intereses políticos de los legisladores, del gobierno en turno o de los planes de negocio de las empresas.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) sostiene que no se requieren modificaciones a la LFTR en los términos planteados por los senadores de las Comisiones Unidas, porque las disposiciones que debe tomar el IFT, los concesionarios y los actuales permisionarios ya están contenidas en la ley secundaria. La Constitución debe cumplirse y debe acatarse el plazo de conclusión de las señales analógicas el 31 de diciembre de 2015. Los medios públicos y sociales que tengan dificultades para transitar a la TDT pueden acercarse al IFT y el regulador debe establecer un programa para que no se suspenda el servicio público de radiodifusión y se transmita en digital lo más pronto posible. Asimismo, las posibles sanciones a las cuales se hagan acreedores los radiodifusores también están previstas en la ley y en las atribuciones del regulador.
La Amedi hace una defensa de la autonomía constitucional del IFT, órgano técnico especializado en la materia, así como de la política pública que permita transitar a la TDT. México será el primer país en América Latina en realizar su “apagón analógico”. Dieciocho organismos reguladores de la región observan con atención la política y las acciones regulatorias que está tomando el país para conocer de ellas. Los reguladores de América Latina observan con escándalo cómo el Poder Legislativo cede a las presiones de las televisoras y cómo los intereses políticos y de negocios se sobreponen a las políticas regulatorias.
Cualquier intento de modificación de los legisladores obedece a un interés por congraciarse con las televisoras privadas, concediéndoles privilegios y un régimen de excepción regulatoria. Los concesionarios han tenido tiempo, ingresos y fuentes de financiamiento suficientes para transitar a la TDT el 31 de diciembre de 2015. Sustraer las facultades técnicas y regulatorias del IFT, degradar el servicio o suspenderlo por falta de inversiones, constituye una afrenta al derecho a la información y la libertad de expresión de los mexicanos.
Presidente del Consejo Directivo de la Amedi
Dr. Raúl Trejo Delarbre
Presidente del Consejo Consultivo