- El Ejecutivo Federal pretende congraciarse con los concesionarios de la radio y la televisión para mejorar su cobertura mediática
- Los tiempos oficiales deben ser espacios para la deliberación pública
- La reducción de los tiempos oficiales equivaldría a violar un derecho humano: el de comunicar
- Los tiempos oficiales no son del gobierno, son del Estado
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) lamenta profundamente el grave compromiso que el Ejecutivo Federal ha hecho con industriales de la radiodifusión de reducir los tiempos oficiales para congraciarse y obtener mejores coberturas en sus medios electrónicos y redes sociales; sin embargo, lo más delicado es que con ello ha anunciado la violación a un derecho fundamental: el de comunicar o derecho a saber de la sociedad mexicana.
Resulta oportuno explicar que los tiempos oficiales constan del tiempo fiscal y de los tiempos del Estado. El tiempo fiscal es el impuesto decretado por Gustavo Díaz Ordaz vía la Secretaría de Hacienda el 31 de diciembre de 1968, que pagan en especie las empresas que tienen concesiones para el uso de bienes de la nación como el espectro radioeléctrico y declaradas expresamente de interés público, como las estaciones de radio y las emisoras de televisión. Originalmente, este tiempo fiscal equivalía a 12.5 por ciento de transmisión, pero el 10 de octubre de 2002, mediante el llamado decretazo, el gobierno de Vicente Fox lo redujo a 1.25 por ciento, quedando en 18 minutos diarios para las estaciones de TV y 35 minutos diarios en radio, para la difusión de materiales del Poder Ejecutivo Federal con una duración de 20 a 30 segundos.
Los tiempos oficiales también incluyen los tiempos del Estado, cuyo fundamento legal son los artículos 251 y 252 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), equivalentes a 30 minutos gratuitos dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social, y que se establecieron desde 1960 en la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 59.
El compromiso presidencial de reducir los tiempos oficiales ocurre durante la Sexagésima Semana Nacional de la Radio y la Televisión, que organiza cada año la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, pero coincide con un momento de crisis comunicacional y fuerte cuestionamiento a las decisiones y declaraciones del gobierno federal en diversos temas de interés nacional.
En este escenario el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a “analizar los tiempos oficiales” y “reducirlos” mediante la publicación de un decreto. Dijo que no se necesitaba una reforma legal para su reducción, pero al referirse a los “tiempos oficiales”, sí debe reformar la LFTR, de lo contrario, su actuación sería ilegal. Si sólo busca eliminar el tiempo fiscal, debe modificar o abrogar el decreto de Hacienda de 2002.
En cualquier caso, el Ejecutivo Federal, de promulgar su propio decreto, estaría afectando los 48 minutos diarios, establecidos en el artículo 41 de la Constitución a disposición del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales se utilizan al inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral. Estos 48 minutos constitucionales son el resultado de los 30 minutos del tiempo del Estado previstos en la LFTR y los 18 minutos del tiempo fiscal de la televisión del decreto de Hacienda de 2002.
Menos tiempo a disposición del INE durante los procesos electorales (lo cual requiere modificar la Constitución) significa reducir considerablemente los espacios en radio y televisión de las autoridades electorales, partidos, precandidato(a)s y candidato(a)s para informar asuntos de democracia electoral y para conocer los proyectos, temas y propuestas de partidos y candidaturas, lo cual afecta el derecho a la información de ciudadanas y ciudadanos durante las campañas electorales, uno de los pilares de la democracia. También significa la reducción de espacios destinados a los otros poderes de la Unión y a opositores partidistas.
Otra consecuencia de la reducción de los tiempos oficiales en la radiodifusión sería la violación al derecho a la comunicación de las y los mexicanos, que incluye el derecho a la información de los asuntos que trata o dirige el Estado y que son de interés público. Asimismo, acrecentaría los niveles de desigualdad en el acceso a los medios electrónicos y limitaría la expresión de la diversidad social, ideológica y étnica, responsabilidad del Estado.
La disminución del tiempo fiscal es una añeja pero aún viva demanda del empresariado de la radiodifusión que sólo busca anteponer sus criterios de rentabilidad comercial sobre aquellos de interés social. Por ello, la Amedi llama al Ejecutivo Federal a rectificar ese compromiso en el entendido de que los tiempos oficiales no son del gobierno sino del Estado. Asimismo, llamamos a que proponga cambios en sus contenidos para evitar la visión oficial de la realidad, la espotización electoral, la comunicación política insustancial y la promoción de supuestos logros de gobierno y de sus figuras políticas. Finalmente, insistimos en que los tiempos oficiales se conviertan en espacios abiertos al debate, a la pluralidad de voces y actores que deliberen sobre los grandes temas nacionales y contribuyan en todo momento a los procesos democráticos del país.
Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)
Presidente
Dr. Jorge Bravo
Capítulo Oaxaca
Capítulo Jalisco
Presidenta
Mtra. Rosalía Orozco Murillo
Capítulo Puebla
Presidente
Dr. Rafael Gustavo Hernández García Cano
Comité de vinculación institucional
Mtra. Beatriz Solís Leree
Dra. Yolanda Meyenberg Leycegui
Lic. Carla Martínez Guillén
Dra. Adriana Reynaga Morales
Comité jurídico
Lic. Fabiola Peña
Lic. Andrea González Verde
Comité de medios públicos e industrias culturales
Dra. Patricia Ortega Ramírez
Mtra. Ma. Magdalena López Rocha
Dr. Rodrigo Gómez García
Comité de inclusión y alfabetización digital
Dra. Delia Crovi Druetta
Mtro. Servando Vargas Pérez
Mtro. Gustavo Ríos Alcaráz
Comité de comunicación y difusión
Lic. Margarita Cruz Vicente
Lic. Alicia Dinorah Navarro Rivera
Lic. Violeta Contreras García