Pobre y contradictorio, el proyecto de ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión atribuido al gobierno federal

• Circula un preocupante borrador que anularía las competencias del IFT y autoridad electoral, daría facultades excesivas a la Secretaría de Gobernación para que “vigile” todos los contenidos audiovisuales, de programación ordinaria e incluso los electorales y ahogaría posibilidades de financiamiento de emisoras comunitarias y medios públicos, entre otras serias deficiencias. 
• AMEDI hace un llamado a transparentar la propuesta del gobierno e iniciar de inmediato el necesario debate público, sin un trato privilegiado a concesionarios privados.

El viernes pasado el periódico El Financiero dio a conocer un borrador atribuido al  gobierno federal con la propuesta de ley para reglamentar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el cual promueve retirar atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones e incluso al Instituto Federal Electoral para endosarlas a la Secretaría de Gobernación (Segob), instancia que tendría todas las facultades para “vigilar” los contenidos que se difundan en radio y televisión, incluidos los tiempos de Estado a través de monitoreos y verificaciones que ya no serían competencia del IFE ni del IFT. El documento mantiene injustificadamente las facultades en la Segob para supervisar contenidos audiovisuales, cuando el texto constitucional es claro en el sentido de que al IFT le corresponde “supervisar” el mercado de la radiodifusión, cuyo elemento  sustantivo son precisamente los contenidos.

La propuesta no ha sido desmentida por el gobierno y perfila como marco legal de una actividad clave para el derecho a la información, que promueve el adelgazamiento de las facultades que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya había alcanzado a nivel constitucional, la anulación de viabilidad financiera para emisoras comunitarias a las cuales prohíbe -tal y como lo han solicitado los organismos empresariales de medios privados-, cualquier porcentaje de comercialización, techo presupuestal público y hasta patrocinios.

Los retrocesos y contradicciones que plantea, frente a los avances que se alcanzaron con la reforma, son varios, y no se limitan al resurgimiento de una función controladora de contenidos desde la Secretaría de Gobernación, también implican un debilitamiento de opciones que ya eran una realidad a partir de criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la publicidad gubernamental no discriminatoria para radios comunitarias,  a quienes ahora no se les permitiría   comercializar u obtener patrocinios ni siquiera por un segundo de tiempo aire y, en cambio, se les pediría obtener financiamiento con donativos de la propia comunidad que los sintonice (en muchos casos ubicadas en zonas indígenas con alta marginación y pobreza).

Se trata de una disminución grave de los alcances que la propia reforma constitucional había fijado y adicionalmente, de una lamentable omisión sobre las necesarias precisiones que se requieren en ley para que se hagan valer los derechos de las audiencias, mientras que en lo relativo a los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, el borrador  reitera obviedades.
En materia de competencia económica no se aclaran los límites a que se sujetarían los concesionarios de radiodifusión y de telecomunicaciones. Mucho menos se pronuncia sobre los casos en los cuales el IFT podrá ordenar que estos “desinviertan”, para hacer cumplir, como dice el texto constitucional, los límites en la concentración de esos mercados.

Independientemente de si el “borrador” dado a conocer por El Financiero es una nueva o vieja versión de la propuesta gubernamental de ley secundaria, sus definiciones y ausencias resultan altamente preocupantes y se presentan en un marco de falta de reacción absoluta por parte de los legisladores, así como de opacidad e incumplimiento de plazos constitucionales.

Las cámaras esperan pacientemente que el Ejecutivo Federal les haga llegar formalmente su iniciativa, sin importar que sus comisiones dictaminadoras ya tienen propuestas transparentes (como la iniciativa ciudadana presentada por la AMEDI)  y ajenas a la conducta de procesamiento soterrado que sólo permite comentarios de un puñado de actores políticos y empresarios.

Desde el pasado 28 de enero el secretario de Comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dio a conocer que el gobierno federal ya contaba con un proyecto de ley secundaria para reglamentar los mandatos constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Acorde al registro de sus declaraciones en varios medios de comunicación, Ruiz Esparza afirmó en una reunión de legisladores del PRI y del PVEM,  que en esa propuesta -hasta hoy oculta a la sociedad- habrían participado varias dependencias del gobierno federal, “integrantes del sector de telecomunicaciones” e incluso instancias internacionales como la OCDE.

El plazo constitucional para aprobar la legislación secundaria ha concluido desde el 9 de diciembre de 2013, y pese a que en reiteradas ocasiones la SCT ha asegurado que tiene “terminada” su propuesta, lo único que sabemos los ciudadanos, a partir de los dichos del secretario, es que impactaría a otras 11 leyes vigentes, que hace más de un mes se encontraba en proceso de “análisis”.

En enero de 2014 el secretario Ruiz Esparza insistió en que el proyecto ya estaba concluido, pero que no era la SCT quien debía establecer los plazos para enviar la iniciativa al Congreso.

Es en ese contexto, donde crece la especulación sobre un contenido a modo de los concesionarios, que se excluyó a medios públicos y de uso social, a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, como si sólo las empresas tuvieran el derecho de conocer el proyecto.

Es muy mala señal por parte del Ejecutivo la falta de interés por transparentar un proceso que compete a todos los sectores y a todos los ciudadanos, pues los servicios públicos involucrados de radio y televisión abierta y de paga, telefonía fija y móvil, así como acceso a internet, tienen un impacto generalizado en la población.

Estamos ante un tema de la mayor trascendencia no sólo para los mercados y las empresas, también para los ciudadanos. Por ello la AMEDI hace un llamado a transparentar la propuesta del gobierno e iniciar de inmediato el necesario debate público, sin trato privilegiado a concesionarios privados.