Partidos y Congreso, obligados a cumplir reformas en telecomunicaciones y radiodifusión

Después de darse a conocer el Pacto por México, signado por el Presidente de la República y los presidentes nacionales de PRI, PAN y PRD, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, saludó los compromisos establecidos en materia de telecomunicaciones, y afirmamos que ese prontuario de compromisos ameritaba escrutinio y exigencia por parte de la sociedad para verificar plazos, itinerario y precisiones, pues en el cómo llevarlos a cabo está el centro de que sean posibles o no.

   Resulta preocupante que una vez definidos los integrantes del Consejo Rector del Pacto, y a muy poco tiempo del inicio del periodo de sesiones del Congreso, aún no exista claridad respecto de las propuestas para realizar las reformas constitucionales y sus leyes reglamentarias vinculantes para un sector tan estratégico como el de las telecomunicaciones, motor para el crecimiento económico, la competitividad, el desarrollo y su ineludible relación con el ejercicio de las libertades de expresión e información, mismas que conforman el gran pendiente de nuestra transición democrática.

   Si bien ese Consejo Rector ha iniciado el diálogo necesario con el Poder Legislativo, resulta también preocupante que hasta el momento no se conozca ningún procedimiento para la inclusión de las organizaciones especializadas en este terreno para generar una interlocución que nutra los compromisos iniciales, que si bien recogen muchas de las demandas sociales en materia del derecho a la información, adolecen de planteamientos concretos para garantizar el pluralismo, la diversidad y el servicio público que deben caracterizar a la radiodifusión y las telecomunicaciones, repitiendo el mismo error de encuadrarlas solamente en el ámbito de la competencia económica, con lo cual se conculcan una serie de derechos que están obligados a garantizar.

   Hasta el momento la forma en que se ha conducido este proceso evidencia una práctica política indeseable, que es acordar sólo desde las cúpulas políticas y de espaldas a la sociedad, a la que solamente se le abren espacios a través de consultas, en las que los grupos son escuchados, pero no tomados en cuenta. La construcción de acuerdos sin la inclusión plena de la sociedad en la definición de reformas que nos afectan a todos no es sino simple demagogia.

   Las reformas estructurales para la radiodifusión, las telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales son impostergables y de inmediata diligencia, de otra manera los poderes fácticos, tan mencionados en el Pacto, operarán rápidamente para que los cambios sean mínimos sin afectar sus privilegios, basta con ver el cambio de última hora que se hizo a la redacción de la obligación de garantizar el must carry y el must offer, para evidenciar su capacidad para doblegar rápidamente a la clase política.

  Mientras se alarga la toma de decisiones para implementar cuanto antes las reformas, los monopolios mediáticos siguen ganando terreno, aprovechando los vacíos jurídicos y la debilidad institucional para cumplir con las reglas mínimas de competencia, tal como vergonzantemente sucedió el pasado 9 de enero en la resolución de la Comisión Federal de Competencia (CFC), que, teniendo las facultades para ordenar la desinversión a Televisa por la reiterada violación a las condicionantes que les permitió adquirir en un 49% a las empresas de televisión por cable Televisión Internacional (TVI) y posteriormente Cablemás, simplemente le aplicó multas que en nada afectan a la empresa y de ninguna manera representa una medida eficaz para evitar prácticas monopólicas e impida acciones colusivas de Televisa y TV Azteca para dominar a su antojo el mercado.

   La conducta reiterada de las empresas televisivas para incorporar de manera cruzada integrantes en sus Consejos de Administración, indebidamente les permite compartir información privilegiada y estrategias para ahorcar a sus competidores más pequeños, afectando a todos los mercados relacionados, con graves consecuencias para el desarrollo económico, para los usuarios de los servicios y obviamente para el desarrollo de contenidos y por lo tanto para el derecho a la información.

   Delicado para la institucionalidad del país es que en declaraciones públicas el comisionado presidente Eduardo Pérez Mota justificara la decisión afirmando que “…si hubiéramos decidido ordenarle a Televisa que desinvierta, seguro lo hubiéramos perdido en tribunales”. En pocas palabras el encargado del máximo órgano antimonopolio del país reconoce de antemano que las empresas son más poderosas que las instituciones del Estado al llegar a los tribunales o incluso antes de llegar a ellos.

   No hay razón alguna para postergar más las reformas necesarias para cumplir con los compromisos del Pacto, por lo que la AMEDI hace un llamado enérgico a los partidos políticos y legisladores para que de una vez por todas se sobrepongan a las presiones del poder mediático y de cara a la sociedad actúen con la altura de miras que la nación les demanda.