El New York Times recordó casos como el de Carmen Aristegui y Sergio Aguayo, y pidió a Peña Nieto hacer un esfuerzo para evitar la intimidación de la prensa.
El diario estadounidense New York Times advirtió este lunes 12 de septiembre sobre los casos de demandas presentadas contra al menos una decena de periodistas en México, y cómo esto afecta la capacidad de investigar y de ser críticos.
“De todos los desafíos que históricamente han bloqueado a la prensa mexicana, incluyendo a la violencia y al hábito de autocensura para apaciguar a los anunciantes, la exposición legal injustificada a la que se somete a los periodistas es relativamente fácil de resolver”, indicó la publicación en una editorial.
“Una serie de demandas recientes presentadas en contra de periodistas —y una controvertida decisión de una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a que, cuando alguien se sienta afectado por algún contenido periodístico, el demandado repare el daño con una suma de dinero para la cual, además, no se establece un tope— están teniendo un efecto impactante en el periodismo investigativo y crítico”, agregó.
En su texto el New York Times recordó casos como el de Carmen Aristegui, que enfrenta una demanda de Joaquín Vargas, dueño de MVS, por “daño moral”, en respuesta a dichos que aparecen en el libro de La Casa Blanca de Peña Nieto.
Otro caso mencionado es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, quien “en julio presentó querellas en contra de dos periodistas por artículos que hacían referencia a acusaciones por corrupción” que lo han perseguido desde hace tiempo.
“Uno de los periodistas afectados, Sergio Aguayo, ha mencionado que sospecha que la demanda en su contra fue presentada para detener su investigación sobre una matanza en Coahuila que sucedió en 2011. El exgobernador lo está demandando por 10 millones de pesos (unos 535,000 dólares)”, agregó el diario.
Desde la perspectiva del New York Times, esta situación de posible intimidación a los periodistas podría resolverse si los legisladores aprobaran una ley que complique más a los funcionarios y otras figuras públicas demandar por difamación.
“El presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido objetivo de acusaciones por sobornos de los que su familia se benefició para obtener propiedades inmobiliarias, sería atinado al apoyar una ley como esa. Sería una buena manera de recuperar la confianza de un electorado al que le ha dado razones suficientes para cuestionar su integridad y su juicio”, indicó la editorial.
Peña Nieto, agregó, se disculpó hace unos meses por el escándalo de la Casa Blanca y dijo que, si se quería recuperar la confianza de los ciudadanos, los funcionarios tenían que ser autocríticos.
“Esa disculpa sería más creíble si el presidente encabezara un esfuerzo por evitar que las personas con poder se aprovechen de los recursos legales para intimidar a la prensa”, concluyó en su editorial.