Lamentable, que la omisión gubernamental ponga en riesgo expedición de ley convergente

El próximo 9 de diciembre se vence el plazo que marca la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones para que el Poder Legislativo apruebe las leyes secundarias que den operatividad a esa reforma de gran calado que se recibió con beneplácito. Sin embargo, diversas voces han dicho que no existen las condiciones para discutir ni avalar esa normatividad, lo que sume en la incertidumbre al sector y frena su desarrollo.

A través de los presidentes de los partidos, el Pacto por México se comprometió a analizar los proyectos en la materia, incluido el que habría de presentar el Ejecutivo federal, y cumplir con el plazo máximo de 180 días, a partir de la publicación  de la reforma el pasado 11 de junio, para que la reglamentación estuviera aprobada. Sin embargo, en el propio Consejo Rector del Pacto por Mexico no tienen certeza sobre la posibilidad de avanzar  en este tema, ante la ausencia de una propuesta del Ejecutivo federal, lo que hace suponer que no habrá leyes secundarias en el tiempo establecido, debido a que se considera más importante sacar las reformas político-electoral y energética.

Hasta este momento la sociedad civil, a través de la Asociación Mexicana de  Derecho a la Información (AMEDI), ha cumplido con la elaboración de una iniciativa de ley convergente, la cual fue entregada en ambas Cámaras –antes al Pacto por México el pasado 4 de septiembre-, en donde primero el Senado y recientemente en Diputados un grupo de legisladores la ha arropado para que las comisiones la consideren en su dictaminación.

Esta tarea estará incompleta si el Presidente de la República es omiso ante la exigencia constitucional de contar con un marco normativo secundario en telecomunicaciones y radiodifusión, a más tardar el 9 de diciembre.

Aunado a lo anterior, el silencio del órgano regulador en este tema contribuye a la falta de certidumbre. Los Comisionados deberían ser los primeros interesados en que el Congreso de la Unión legisle en la materia, pues la ausencia de la ley secundaria limita su actuación, especialmente cuando se puso como fecha límite para emitir una serie de resoluciones el 9 de marzo, lo que derivaría en que tome decisiones sin que medie la ley secundaria correspondiente. Todo ello en detrimento de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.

La necesidad de una ley secundaria en telecomunicaciones deriva de un mandato constitucional, cuyo incumplimiento tendría consecuencias adversas en la credibilidad de los poderes públicos.

La sociedad no debe ser burlada, por lo que el Ejecutivo federal está obligado a anteponer sus diferencias e intereses particulares con el resto de las fuerzas políticas en aras del cumplimiento constitucional.  El Congreso, por su parte, debe cumplir la encomienda constitucional, mas allá de la omisión de parte de la Presidencia de la República.

En este contexto, la AMEDI exhorta a los poderes públicos a que cumplan con la responsabilidad que les impone la reforma a la Constitución. Los derechos de la sociedad civil no pueden estar al capricho de las disputas entre los partidos políticos que retrasan la discusión de la ley en telecomunicaciones y radiodifusión.

Como sociedad civil exigimos a los presidentes de los partidos políticos un pronunciamiento público sobre la omisión del Ejecutivo federal y pedimos también que promuevan ante las Cámaras del Congreso de la Unión que las comisiones dictaminadoras comiencen de inmediato la revisión de la iniciativa ciudadana.