Se solicitó innumerables veces la baja de tarifas en el debate de la reforma y la ley telecom, se argumentó por parte de la OCDE y algunos grupos sociales lo caro de las mismas. Se aludió a un supuesto daño económico a la sociedad por esa razón. Pero ya que las tarifas de los servicios de comunicaciones bajaron 13 por ciento sólo en 2015, y que llamar desde la red de Telmex a celulares será cada vez más barato los próximos tres años, algunos piden ajustar tarifas y la interconexión al alza.
Hoy contamos con las tarifas móviles más bajas de América Latina, el tercer ancho de banda más rápido de la región, mejoró la calidad de servicios telecom, se eliminó la larga distancia nacional y el roaming en el mercado norteamericano, y comenzó la transformación del mercado telecom de América del Norte con la entrada de AT&T y consolidación de Iusacell y Nextel.
Los indicadores telecom han comenzado a mostrarse en favor del polisémico sujeto llamado consumidor, usuario, ciudadano. Es casi un milagro, han dicho reguladores de América Latina, que han dedicado años a obtener resultados tan rápidos y evidentes como en México.
Por esa razón, quienes solicitan dar marcha atrás a la baja de tarifas se vuelven defensores de un nuevo derecho: el de marginar, segregar y cancelar derechos a los pobres. Porque es claro que en México la pobreza y bajo poder adquisitivo de los desconectados son las principales causas de que el mercado no se expanda, y que beneficios de la reforma telecom y la regulación sólo hayan sido para los ya conectados.
La marginación de este siglo es la digital y ya aparecieron sus apóstoles, quienes responsabilizan al dólar de subir las tarifas de TV de paga, como si las tecnologías y la paridad del dólar no afectaran a toda la industria y al resto de servicios que seguirían bajando.
Si se incrementan las tarifas no será por virtud de cabildeo, sino por problemas relevantes. Menudo problema enfrentará el sector y los desconectados serán los más afectados. La cobertura, ausente por su falta de urgencia, fue sustituida por “competencia”, privilegio de las empresas, unas para defender, otras para exigir: primero las empresas, sus derechos, sus acuerdos, sus contenidos. Luego los ciudadanos y su derecho de acceso a TIC.
Todos los elementos de una tormenta perfecta se alinean contra los desconectados: sigue vigente el IEPS, el ARPU del sector disminuye, se redujo el presupuesto de México Conectado, no se ha licitado espectro con obligaciones de cobertura, la devaluación del dólar impactará la salud financiera de operadores y de usuarios y es previsible baja de la inversión.
Si a ello agregamos sobrerregulación, que la Red Compartida sufre presiones políticas y la imposibilidad de que todos los operadores compitan de forma convergente para generar servicios y valor agregado a su red, el escenario puede imaginarse negro para el sector y los desconectados.
El debate en materia de competencia ha secuestrado el sentido social de la reforma. De hecho, nunca lo ha tenido y la sociedad es cáustica a la hora de demandar acceso a las TIC e Internet.
Veo más lejos que nunca la última medalla de la reforma: la cobertura. La respuesta del mercado al regulador será el cabildeo, defendiendo espacios ganados, exigiendo lo que el mercado no concede.
La confusión radica en que quieren lo del otro y no ven la oportunidad de elevar la base de usuarios. Unos y otros van a defender lo que tienen que defender y nadie va a defender a quienes no se pueden defender.
Ante las adversidades, es urgente refundar el pacto por la conectividad entre autoridad, reguladores, política pública, operadores y sociedad. Todos son socios del desarrollo y corresponsables de llevar a este país a un mundo donde la oportunidad digital sea realidad. Falta liderazgo y visión de largo plazo. El miedo saca lo peor de nosotros. La fuerza transforma sueños en imperios. México exige transformar la marginación digital en el mejor de los mundos posibles.