La Reforma de Telecomunicaciones debe dejar de ser asunto de unos cuantos

La reforma integral al marco jurídico para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión sería un cambio trascendental  no solamente para la competencia económica sino también para los procesos democráticos en nuestro país, sin embargo tiene sobradas resistencias por parte de los propios poderes fácticos que saldrían afectados con ella, como de actores políticos que teniendo un papel relevante para facilitar ese cambio, realizan acciones que hacen sospechar intencionalidades para obstaculizarlo.

El jueves 21 de febrero el legislador Javier Lozano Alarcón del PAN y Presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, presentó una iniciativa a título personal, para reformar parcialmente la actual Ley Federal de Telecomunicaciones. Independientemente de su contenido, cuestionable y perfectible como cualquier otra iniciativa, y del reconocimiento del derecho que tiene a presentar iniciativas como cualquier otro legislador, resulta altamente preocupante por el doble juego que representa.

El senador Lozano fue designado por el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, para formar parte del grupo de trabajo de su partido con el Consejo Rector del Pacto por México que discute y negocia la tan esperada reforma de telecomunicaciones, por lo que la presentación de una iniciativa que apenas si toca la actual ley es totalmente contradictorio con su papel asignado y muestra su falta de compromiso para impulsar lo que debiera ser una reforma integral, motivando suspicacias de un intento por hacer trastabillar cualquier avance para contar con soluciones de fondo a los muchos problemas de concentración y falta de pluralidad. O bien es un adelanto de que las propuestas emanadas por el Pacto simplemente serán de la misma debilidad que su iniciativa.

Sólo el concierto de todas las fuerzas políticas hará posible la protección de los derechos de los usuarios y no el afán protagónico de uno o varios legisladores. Orquestarlo así, implicaría hacerle el juego a los poderes fácticos de la radiodifusión y las telecomunicaciones que desean preservar intactos sus privilegios.

Hasta el momento, las negociaciones de la reforma de telecomunicaciones han sido opacas y de espaldas a la sociedad. Lo anterior va en contra de los ejes rectores del Pacto por México, que hablan de “la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas”. El primer acuerdo del Pacto por México expresa que “la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de nuestro país”.

Por lo pronto, sólo el gobierno, los dirigentes partidistas y algunos políticos cercanos al proceso de negociación han participado de una iniciativa que compete e impacta en los derechos y el bolsillo de todos los mexicanos. Se requiere un compromiso real de los partidos y sus dirigencias por modernizar, hacer más competitivo y garantizar que los usuarios ejerzan su derecho a la información a través de servicios eficientes, de calidad y a precios asequibles en un entorno convergente.

Después de tanto sometimiento a los poderes fácticos, el compromiso sólo puede sellarse con la sociedad. Si los partidos no acuerdan y presentan a la brevedad la reforma a las telecomunicaciones que el país requiere, el descrédito los marcará como incapaces de sacudirse la presión de las empresas de comunicación.

La Amedi exige del Gobierno Federal, del Consejo Rector del Pacto por México y de los legisladores acciones que demuestren su intención de regular eficientemente el mercado de las telecomunicaciones y democratizar el sistema de medios de comunicación en México. Ese es el verdadero Pacto. Ese es el Pacto que esperamos y no sólo declaraciones acompañadas de iniciativas legislativas que en lugar de contribuir al fortalecimiento del Estado enmascaran las resistencias que por tantos años han fortalecido a los monopolios.

Por el Comité Directivo: Alma Rosa Alva de la Selva, Comité de Investigación; Sergio Octavio Contreras Padilla, presidente del Capítulo Zacatecas; Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial; Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional; José Luis Domínguez, presidente del Capítulo Yucatán; Daniel Giménez Cacho; Comité de Vinculación Social; Vicente Hernández Delgado, presidente del Capítulo Sinaloa; Juan Sebastián Larrosa, presidente del Capítulo Jalisco; María Teresa Castillo, presidenta del Capítulo Oaxaca; Mónica Lozano, Comité de Finanzas; Manuel Ortiz Marín, presidente del Capítulo Baja California; Agustín Ramírez, Comité Jurídico; Mariana Torres, Comité de Difusión; Laura Salas, Comité de Relaciones Internacionales; Beatriz Solis Leree, Comité Académico; Aimée Vega Montiel, Directora; Lilia Vélez Iglesias, presidenta del Capítulo Puebla.