Exigimos Al Senado Rechazar La Contrarreforma Para Radio Y Televisión

13 de abril de 2012

Las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión aprobadas por la Cámara de Diputados el día de ayer son anticonstitucionales, implican un grave retroceso en la reforma electoral y manifiestan una inquietante subordinación de los partidos políticos al interés de las televisoras.

Al establecer que las redes o cadenas de televisión o radio estarán obligadas a transmitir solamente las pautas nacionales determinadas por el Instituto Federal Electoral, esa reforma legal permite que las estaciones locales no difundan mensajes electorales destinados a una ciudad o un estado específicos.

Televisa y Televisión Azteca han mostrado gran reticencia para bloquear sus transmisiones nacionales e insertar, en cada repetidora, los spots de propaganda electoral dirigidos a los ciudadanos de cada localidad. Con argucias técnicas han presionado a lo largo de este tiempo al IFE para evitar dichos bloqueos, sin el éxito que esperaban y ahora promovieron una reforma que se contrapone a las disposiciones constitucionales en esa materia.

La reforma aprobada por diputados de todos los partidos políticos y con muy pocos votos en contra, incluye algunas modificaciones para facilitar el registro legal de las radiodifusoras indígenas y una mención a la promoción de la “alimentación nutritiva y equilibrada”. Esas modificaciones no tienen consecuencias prácticas, pues de nada sirve el reconocimiento de los medios indígenas si se mantienen las mismas condiciones técnicas y financieras tan restrictivas que hacen casi imposible su viabilidad. Resulta ofensivo que los legisladores utilicen el  supuesto reconocimiento de emisoras indígenas para enmascarar el propósito de la reforma legal, con ello los supuestos representantes populares se burlan de la histórica demanda de las comunidades indígenas y medios comunitarios para su legítimo reconocimiento en condiciones de equidad. La zanahoria delante del garrote.

En este caso, el garrotazo se lo propinan los partidos políticos a sí mismos, porque ellos y sus candidatos son los interesados en tener presencia específica en las ciudades a las que llegan las cadenas nacionales de la televisión y la radio.

Si, pese a tal consecuencia, la reforma fue aprobada por diputados de todos los partidos, se debe a la avidez de la clase política, especialmente en la actual temporada electoral, para lograr espacios que les conceden los medios electrónicos. Hace menos de cinco años, la reforma constitucional en materia de comunicación electoral se debió a la necesidad de acotar el poder y el negocio que los consorcios mediáticos lograban en las campañas políticas. Ahora, los partidos menoscaban aquella reforma constitucional que ellos mismos crearon.

En esta contrarreforma aprobada el 12 de abril, resulta especialmente lamentable la activa participación de partidos políticos que parecían comprometidos con la creación de reglas para la diversidad y el compromiso social de los medios de comunicación.

La reforma aprobada en la Cámara de Diputados ha pasado al Senado. Quisiéramos suponer que entre los senadores se mantienen la responsabilidad política, el decoro institucional y la amplitud de miras que llevaron a esa Cámara a promover en 2007 la reforma constitucional que ahora está siendo controvertida por los diputados. Le exigimos al Senado que rechace esa contrarreforma. Si, en vez de ello, la Cámara de Senadores da su aquiescencia para que las televisoras desmonten la reforma electoral y manejen a su antojo las decisiones legislativas, los muchos ciudadanos que hoy en día ven con escepticismo el proceso electoral tendrán motivos adicionales para desconfiar de los partidos políticos y sus candidatos.