CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una serie de demandas contra periodistas y la controvertida decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre indemnizaciones –sin un tope— por difamación, están teniendo un efecto impactante en el periodismo investigativo y crítico, advierte el rotativo estadunidense The New York Times.
En su editorial, el diario explica que la recién aprobada ley anticorrupción, que obliga a los funcionarios a ser más transparentes en cuanto a sus finanzas, ayudará a acabar con “la cultura del amiguismo y con los sobornos” en México, pero eso dependerá en gran medida de que tanto los periodistas puedan investigar e informar sobre la clase gobernante.
Considera que los legisladores mexicanos podrían aprobar una ley para hacer más difícil que los funcionarios y otras figuras públicas demanden por difamación: “El presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido objetivo de acusaciones por sobornos de los que su familia se benefició para obtener propiedades inmobiliarias, sería atinado al apoyar una ley como esa. Sería una buena manera de recuperar la confianza de un electorado al que le ha dado razones suficientes para cuestionar su integridad y su juicio”.
Y pone como ejemplo a la periodista Carmen Aristegui, y la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, “la historia más importante sobre la supuesta deshonestidad de Peña Nieto”, y quien ha sido demandada recientemente.
MVS, señala el periódico, la empresa de medios en la que trabajaban, y que dependía en gran parte de la publicidad de gobierno, se negó a difundir la historia, según Aristegui. Los periodistas la publicaron en la página web de Aristegui y, el año pasado, editaron un libro con la crónica de la investigación y sus consecuencias.
“En julio, Joaquín Vargas, propietario de MVS, demandó a Aristegui por ‘daño moral’. Esa es una de las diez demandas que se presentaron en contra de periodistas documentadas por la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
Y cita las palabras de Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la OEA: “Esto ha encendido las alarmas”, “Parece que algunos funcionarios se están beneficiando”.
En otro caso, menciona al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, que en julio presentó querellas en contra de dos periodistas por artículos que hacían referencia a acusaciones por corrupción que lo han perseguido desde hace tiempo. “Uno de los periodistas afectados, Sergio Aguayo, ha mencionado que sospecha que la demanda en su contra fue presentada para detenerlo en su investigación sobre una matanza en Coahuila que sucedió en 2011. El exgobernador lo está demandando por 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares)”.
Peña Nieto, sigue el diario, quien a la fecha no ha explicado con claridad los acuerdos que ha hecho con las constructoras, se disculpó en julio, sin embargo, esa disculpa “sería más creíble si el presidente encabezara un esfuerzo por evitar que las personas con poder se aprovecharan de los recursos legales para intimidar a la prensa”, concluye The New York Times.