Diseño de bases de licitación de TV abierta deben ser transparentes

Cuando se aprobó la concentración del monopolio convergente integrado por Televisa y TV Azteca a través de Iusacell, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se comprometió –al lado de la Comisión Federal de Competencia y la Secretaría de Hacienda– a publicar las bases de licitación para frecuencias de televisión abierta antes del 30 de noviembre de 2012; es decir, el último día del gobierno calderonista y de la alternancia panista, mostrando su incapacidad, en doce años, de enfrentar a las televisoras, de abrir el mercado a la competencia y favorecer el pluralismo.

La Cofetel ya trabaja en el diseño de dichas bases de licitación pero, como en ocasiones anteriores, lo hace de manera opaca y discrecional. Por la relevancia del caso, resulta inaceptable que se publiquen las bases de licitación sin haberlas sometido a una deliberación pública, al escrutinio de especialistas y de la opinión pública en general.

En 62 años de historia de la televisión en México nunca se han licitado frecuencias. Las televisoras comerciales han explotado sus concesiones por asignación o por la privatización de señales públicas. En ese lapso, la autoridad ha sido laxa para verificar el cumplimiento de  las obligaciones de sus títulos de concesión, en cambio les ha refrendado sus concesiones hasta el 2021 sin el pago de una contraprestación, les ha asignado canales espejo para experimentar con la Televisión Digital Terrestre (TDT) y facilitado la multiprogramación sin haberla reglamentado, demorando hasta el último día del sexenio la competencia en TV abierta.

Esta sería la primera vez que se licitarían frecuencias de televisión, por lo que la transparencia del proceso debiera ser la mejor política a seguir. Las fórmulas, cálculos, criterios y opciones para fijar la contraprestación; los distintos esquemas para agrupar las frecuencias en función de las condiciones del mercado; la posibilidad de reformar la ley y permitir la inversión extranjera directa en radiodifusión; crear las condiciones para que las televisoras dejen de ostentar los altísimos porcentajes de concentración de recursos comunicacionales, así como asegurar los derechos de retransmisión de la televisión abierta, deben ser condiciones conocidas por la sociedad.

La autoridad no se ha pronunciado sobre la obligación de excluir a Televisa y TV Azteca, incluidas sus subsidiarias y filiales, del proceso. Es indispensable que la Cofetel asegure que las bases de licitación no beneficien a las televisoras, como ya se aprecia por declaraciones a la prensa de algunos comisionados de la Cofetel. Diseñar cadenas regionales en lugar de nacionales sería el esquema licitatorio que más beneficiaría al duopolio televisivo, asociado en la telefonía y la banda ancha móviles. Por lo tanto, debe garantizarse que la cobertura de la nueva señal de televisión sea nacional, pues sería la única manera de equilibrar la competencia en ese mercado de suyo concentrado y cooptado por las empresas.

Sin deliberación pública previa, la licitación de nuevas frecuencias de televisión abierta constituye una trampa porque a su apremiante urgencia se suma la necesidad de reordenar y liberar el espectro radioeléctrico actualmente concesionado a las televisoras para que otros actores sociales y públicos obtengan ventajas de la compresión digital y la multiprogramación, utilizando los espacios liberados por la digitalización, al tiempo que la multiprogramación no debe beneficiar a los mismos operadores. Por ello, las bases de licitación deben contemplar la compartición de infraestructura, tanto de frecuencias como de estaciones repetidoras, así como incentivos para la producción nacional independiente dentro de las señales de televisión.

Al mismo tiempo que se licitan nuevas frecuencias para que entren nuevos jugadores diferentes a los tradicionales, debe fortalecerse la televisión pública, que no gubernamental, a través de una cadena nacional, pues un modelo de radiodifusión de servicio público sólido y con certidumbre jurídica puede romper el esquema comercial de la televisión abierta y ofrecer contenidos y voces distintas a las construidas por el nuevo monopolio convergente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

Las bases de licitación deben mitigar las barreras de entrada para los nuevos competidores porque la penetración de receptores digitales es escasa, de apenas 13.9%. De un total de 26.3 millones de hogares, la inmensa mayoría (22.8 millones) todavía recibe la señal analógica. El esquema de entregar o subsidiar cajas decodificadoras constituye un doble gasto para los usuarios porque deberán pagar el decodificador y eventualmente el receptor digital en el futuro. Además, el decodificador no permite recibir señales en digital y alta definición y se les condena a ser consumidores de señales de televisión de segunda. Ello sin mencionar las disparidades de digitalización entre las entidades del país y de poder adquisitivo de la población. Finalmente, el esquema de contraprestación en especie a través de la entrega de dichos receptores, transfiere a los nuevos operadores la digitalización del país, en beneficio de las únicas dos televisoras comerciales que tienen cobertura para beneficiarse de esa infraestructura.

Por todo lo anterior, la Amedi, que en paralelo trabaja con otras organizaciones en este tema, exige la apertura y absoluta transparencia del proceso de diseño y elaboración de las bases de licitación de frecuencias de televisión abierta previo a su publicación, y todo lo relacionado con la TDT y la administración del espectro radioeléctrico, pues la Constitución lo ha definido como un Bien nacional, y sólo temporalmente se concesiona a particulares, pero sin perder la rectoría del Estado.

De lo contrario, se corre el riesgo de que la esperada apertura de TV abierta sea una simulación, se pierda una oportunidad para la diversidad y por lo tanto se afecte nuevamente el derecho a la información de la sociedad mexicana en su conjunto.