Un dictamen de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados pretende una contrarreforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que atenta contra los derechos de las audiencias y suprime la atribución constitucional y reglamentaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de regular, vigilar y sancionar en materia defensa de las audiencias.
El dictamen de la Comisión incorpora las propuestas de legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN), a través de los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Federico Döring Casar, respectivamente.
Ambas iniciativas reunidas en el dictamen se hacen eco de la campaña mediática y los intereses de la industria de la radiodifusión –secundados por comunicadores, legisladores (que en su momento aprobaron la LFTR), gobernadores, alcaldes, organismos internacionales vinculados al gremio de la radio y la TV– de regatear y burlar los derechos de las audiencias y derogar algunas facultades del IFT en la materia, a pesar de haber sido un logro social.
La propuesta limita indebidamente las atribuciones del IFT para vigilar y sancionar en materia de derechos de las audiencias y le suprime al regulador la facultad de constituir un comité para ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen los derechos de las audiencias.
Los legisladores proponentes también modifican la obligación de que las transmisiones de radio y televisión brinden los beneficios de la cultura, la pluralidad y la veracidad de la información, así como los valores de la identidad nacional para contribuir a los fines establecidos en el artículo tercero de la Constitución.
La iniciativa busca derogar la fracción III del artículo 256 de la LFTR que reconoce como un derecho de las audiencias “que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta”, para que los comunicadores puedan seguir mezclando hechos y opiniones sin una diferenciación visual o sonora clara.
Los diputados sólo piden a los concesionarios que se “abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, cuando claramente deben aportarse elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa y no confundir y/o engañar a las audiencias, como sí ocurre en países con regulación de avanzada.
En lugar de normar y regular la actuación de los concesionarios, la iniciativa invita que “bajo un principio de autorregulación”, informen al público en general “la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada de los derechos de las audiencias”. Es decir, no obliga a los concesionarios a cumplir con dichos derechos sino que sólo hace un llamado a comprometerse.
La iniciativa suprime las facultades regulatorias del IFT porque concede que los concesionarios emitan sus códigos de ética y nombren al defensor de la audiencia pero sin el registro y la validación del regulador. El dictamen también deroga la fracción II del artículo 131 de la LFTR sobre sanciones en materia de defensa de las audiencias, pues la iniciativa invalida que se sancione el incumplimiento de los lineamientos emitidos por el IFT en la materia.
En cada una de las adiciones, reformas y derogaciones a la LFTR del dictamen de la Comisión se identifican los reclamos y los intereses de la industria de la radio y la televisión, sus comunicadores y los políticos que buscan restaurar el trasiego de favores políticos de cara a los procesos electorales que se avecinan. Con esta iniciativa, los medios de comunicación también buscan preservar su modelo mercantil basado en la publicidad engañosa y la propaganda encubierta como información periodística, todo ello por encima de los derechos de las audiencias.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) denuncia este intento de contrarreforma legislativa, de componenda política y el atropello que se busca ocasionar a los derechos de las audiencias a cambio de favores políticos y el engaño publicitario.
La Amedi exige a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados que rechace el dictamen y respete la separación de poderes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está analizando dos desatinadas controversias constitucionales presentadas por el Ejecutivo Federal y el Senado de la República contra la propia LFTR y los Lineamientos Generales sobre Defensa de las Audiencias emitidos por el IFT. La entrada en vigor de estos Lineamientos fue suspendida por el IFT en espera de la decisión de la SCJN.
El debate en la Suprema Corte debiera ratificar que el IFT es el órgano constitucional autónomo especializado y responsable de regular el servicio público de radiodifusión. Por lo tanto, satisfacer los derechos de las audiencias está en función del cabal cumplimiento de dicho servicio público de interés general.
Las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el derecho a la información y la libertad de expresión debemos denunciar y exhibir ese intento de favorecer los intereses privados y políticos por encima del servicio público de radiodifusión y los derechos de las audiencias.
Lic. Jorge Fernando Negrete P.
Presidente del Consejo Directivo de la Amedi
Dr. Raúl Trejo Delarbre
Presidente del Consejo Consultivo
Presidencias de los capítulos de la Amedi
Amedi Jalisco
Dr. Bernardo Masini
Amedi Oaxaca
Mtra. Magdalena López Rocha
Amedi Puebla
Mtro. Rafael Hernández García Cano
Amedi Michoacán
Dr. Héctor Pérez Pintor
Consejo Directivo
Mtro. Armando Alfonzo, Dra. Alma Rosa Alva de la Selva, Dra. Wilma Arellano, Dra. Delia Crovi Druetta, Dr. Rodrigo Gómez García, Mtro. Carlos Lara, Lic. Gildardo López, Dra. María Elena Meneses, Mtro. Efrén Páez, Mariana Torres, Mtro. Servando Vargas, Dra. Aimée Vega Montiel, Dr. Jorge Bravo, Ismene Flores Guadarrama.