Las comisiones del Senado presentaron un dictamen sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que deja a discreción de los funcionarios la información que difundirán sobre su patrimonio.
El texto, presentado como un documento de consenso entre las bancadas, prevé la figura de “versión pública” de las declaraciones patrimoniales con el argumento de que debe respetarse el derecho a la protección de datos.
La propuesta de redacción del artículo 29 de la nueva Ley General de Responsabilidad Administrativa establece que todos los servidores públicos están obligados a presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, así como la fiscal anualmente.
Sin embargo, el dictamen indica que habrá una “versión pública” a fin –se justifica– de resguardar los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales “de manera razonable y proporcional”.
“No obstante lo anterior, el servidor público que así lo determine podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial”, apunta la propuesta.
Incluso deja la puerta abierta para que el cónyuge del funcionario rechace presentar su declaración, algo que se planteaba como obligatorio en el proyecto original de ley 3de3 presentado por organizaciones civiles.
Las declaraciones patrimoniales, detalla el texto, deberán incluir monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público que se desempeña e ingresos distintos a la prestación del servicio público.
Además, la lista de bienes inmuebles de los que el declarante es propietario con datos de su ubicación y el año en que fueron adquiridos, así como de vehículos de su propiedad y de inversiones y cuentas bancarias.
Entregar dicha información, sin embargo, quedará a discreción del funcionario.
“Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público, de conformidad con lo previsto por el artículo 6 de la Constitución”, acota el dictamen.
Esto contrasta con la propuesta original que organizaciones ciudadanas presentaron en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, conocida como 3de3.
La propuesta contenía la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial, de conflictos de interés y de impuestos y preveía que los estuvieran disponible al público.