Defendemos la gratuidad de la propaganda electoral

Los radiodifusores privados aprovecharon su reunión anual de industriales para insistir en su petición de revertir lo logrado en la reforma electoral de 2007 y retroceder al modelo de comunicación política basada en la compra de espacios y spots en los medios electrónicos tradicionales.

La reforma constitucional de 2007 en materia electoral nombró al actual Instituto Nacional Electoral (INE) como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión. Destinó 48 minutos diarios en radio y televisión, desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, para mensajes de la autoridad y de los partidos. Asimismo, reiteró el derecho de los partidos a tener espacios en los medios de comunicación electrónicos e introdujo implícitamente la prohibición de compra-venta en radio y televisión.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sanciona a los partidos, agrupaciones, aspirantes, candidatos o ciudadanos que contraten de forma directa o indirecta tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión. Asimismo, sanciona a los concesionarios y permisionarios que vendan tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. También prohíbe la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al INE.

Si bien la reforma de 2007 y 2008 limitó el derecho de contratación y venta de partidos, particulares y medios, respectivamente, garantizó la libertad de expresión porque salvaguardó el derecho de los partidos de informar a la ciudadanía sin necesidad de utilizar recursos públicos para pagar por aparecer en las trasmisiones de radio y TV.

La libertad de expresión también quedó a salvo porque la distribución de los tiempos de los partidos políticos se define conforme a los resultados electorales y la representación en el Congreso de la Unión. Asimismo, la reforma electoral de 2007 garantizó la equidad de la contienda electoral, porque la presencia en la radio y la televisión ya no depende del dinero que se destine para comprar espacios ni de las negociaciones entre partidos, candidatos y empresas de radiodifusión. Con ello se salvaguardan los principios rectores del INE en materia de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Algunos dirigentes políticos que en 2007 avalaron la reforma electoral y el actual modelo de comunicación política, hoy plantean modificar la Constitución y retroceder al esquema en el cual las televisoras y las emisoras de radio cobraban a los partidos y candidatos por aparecer en la pantalla o tener voz en el cuadrante.

Si bien el esquema de “spotización” de la política merece una discusión más amplia sobre la mejor manera de fomentar el debate y la deliberación de ideas durante los procesos electorales, el actual modelo de comunicación política que prohíbe la contratación de tiempos en radio y televisión sigue siendo vigente y debe conservarse en los términos como está previsto en los artículos 41 y 134 constitucionales.

En efecto, los 48 minutos diarios a disposición de los partidos en cada estación de radio y televisión son demasiados. Con las reglas vigentes sólo se pueden utilizar para spots de 120, 60 ó 30 segundos. En todo caso, es preciso modificar esas reglas para que el tiempo asignado a partidos y campañas sea utilizado en programas de deliberación política, pero sin dejar de defender la gratuidad de la propaganda electoral como uno de los pilares de la equidad en la competencia política.

La gratuidad de la propaganda electoral en procesos de elección popular es una práctica común en democracias desarrolladas donde el dinero no determina la relación entre política y medios de comunicación. Estos últimos están obligados a dar un trato equitativo a todas las fuerzas políticas, a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos para conocer y contrastar las ofertas electorales. Incluso en modelos electorales como el francés, son los medios y no los políticos los que están sometidos a un estricto régimen regulatorio y de sanciones.

Durante la elección federal de 2006, la última que permitió la compra de espacios en los medios electrónicos, el trasiego de recursos públicos a las tesorerías de los canales de televisión y estaciones de radio fue de mil 984 millones de pesos, equivalente a 47 por ciento del total del financiamiento público de los partidos en 2006 (4,171 mdp). Esa es la cifra que los radiodifusores privados buscarían recuperar como parte de sus ingresos y modelo de negocio en procesos electorales.

Los dirigentes y los legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión deben preservar el compromiso asumido en la reforma electoral de 2007. La intención de modificar la Carta Magna y volver al esquema de compra-venta de tiempos en radio y televisión y de discrecionalidad en la relación entre candidatos y medios en tiempos electorales, no sólo sería un retroceso democrático sino que afianzaría la sumisión de los partidos y los políticos al poder de los medios electrónicos. Tampoco debe ser vista como una oportunidad para congraciarse con las televisoras y obtener favores de cara a la elección federal de 2018.

La democracia electoral no debe ser vista como un negocio de las televisoras y radiodifusoras. Estas empresas tienen concesionado un recurso propiedad de la nación que es el espectro radioeléctrico, el cual cumple una función de interés público y beneficio social. Como tal, este recurso debe utilizarse en todo momento para que los ciudadanos ejerzan su libertad de expresión y derecho a la información.