17 de diciembre de 2015.
Organizaciones que defendemos y promovemos el derecho a la libertad de expresión en América Latina, preocupadas por los niveles de concentración mediática en la región latinoamericana manifestamos la siguiente
Declaración
La libertad de expresión es un derecho humano universal y una condición necesaria para la existencia efectiva de pluralismo político y la diversidad de informaciones y opiniones y para una participación informada de la ciudadanía y por eso se convierte en una piedra angular para la democracia.
Considerando que la concentración mediática conspira contra la democracia y es una grave barrera al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información por cuanto representa un obstáculo para la diversidad de medios y el pluralismo de ideas e informaciones.
Reafirmando que la diversidad y el pluralismo de perspectivas e informaciones refuerza el carácter esencial de la libertad de expresión como requisito para la vigencia de un régimen democrático, así como su papel como derecho habilitador e interdependiente con el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.
Reconociendo que la existencia histórica de estructuras monopólicas u oligopólicas y de propiedad vertical, horizontal y cruzada de medios en la región, sean privadas o gubernamentales, afectan el requisito de diversidad de perspectivas y del pluralismo al reducir las fuentes de información disponibles para ejercer la ciudadanía convirtiéndose en un obstáculo que impide a otros sectores de la población difundir el pensamiento propio.
Advirtiendo que en los últimos años en la región latinoamericana se realizan insistentes denuncias de la sociedad civil, investigaciones y estudios que demuestran la existencia de importantes niveles de concentración de medios tradicionales como un problema estructural con múltiples consecuencias, que en muchos casos se agudizan ante los recientes procesos de convergencia tecnológica y de transición digital, disminuyendo la cantidad de emprendimientos que producen contenidos diversos.
Indicando que como consecuencia de la concentración indebida, los contenidos que reciben las audiencias quedan en manos de pocos grupos que, a su vez, suelen integrar entre sus actividades distintos intereses económicos y políticos, que en varios casos les otorgan un poder que rebasa a las instituciones estatales, conformándose en poderes fácticos que determinan la agenda pública poniendo en riesgo el debate democrático.
Señalando que la concentración indebida de medios debilita los derechos laborales de los periodistas, pues al no contar con diversidad de espacios para desarrollar su trabajo se ven forzados a aceptar las condiciones que las empresas les imponen sin mayor opción, facilitando la autocensura de periodistas y comunicadores. Eso ha provocado que, en algunos casos, incluso tengan que realizar su quehacer sin la protección debida ante situaciones de alto riesgo.
Recordando que diversos organismos internacionales han expresado la convicción que el pluralismo y la diversidad son condiciones necesarias para garantizar sustancial y materialmente el ejercicio pleno de la libertad de expresión a través de informes, declaraciones y sentencias, en particular desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso esta última ha afirmado que la regulación estatal para proteger el pluralismo es una potestad “legítima e imperiosa” las organizaciones abajo firmantes declaramos que:
1. Los Estados deben cumplir con sus obligaciones de garantizar y proteger la libertad de expresión, haciendo el uso máximo de recursos institucionales para que el pluralismo y la diversidad sean una realidad material que permita el goce de este derecho y aseguren el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva y no sólo individual, para lo cual es necesario armonizar su legislación interna y adoptar políticas públicas activas de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.
2. En el reconocimiento de que en la región latinoamericana existe una fuerte concentración de medios fundamentalmente en grupos privados, igualmente registramos que este fenómeno también se reproduce en un reducido número de países con una indebida concentración de medios estatales, por lo que hacemos un llamado a que, sin distinción del tipo de concentración, los Estados asuman sus obligaciones para combatir los monopolios, oligopolios y concentraciones indebidas de los medios de comunicación, incluyendo aquellas que involucran la propiedad de medios por parte de gobernantes o políticos en ejercicio de cargos públicos. En el caso de Estados que ya cuentan con regulaciones antimonopólicas, exigimos las apliquen de manera activa, transparente y sin discriminación.
3. Junto con medidas que limiten y reviertan la concentración, exigimos a los Estados ajustar sus marcos regulatorios e implementar planes y políticas públicas activas con el objetivo de garantizar el pluralismo y la diversidad, en especial reconociendo y promoviendo al sector de medios sin fines de lucro, entre los que se incluyen los medios comunitarios, sociales e indígenas, así como fortaleciendo a los medios públicos.
4. Al mismo tiempo demandamos a los Estados medidas concretas para que los medios de gestión estatal garanticen un efectivo pluralismo interno a fin de que no funcionen como medios oficiales y sean verdaderos medios de servicio público, con independencia editorial y mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.
5. Advertimos que los actuales procesos de convergencia tecnológica y transición digital son una invaluable oportunidad para que los Estados implementen todas aquellas acciones institucionales necesarias para asegurar la diversidad de voces y equilibrar los regímenes de propiedad entre el sector privado, comercial y social-comunitario, por lo que llamamos a que se haga una gestión del espectro de manera incluyente, democrática y no discriminatoria. Si bien las perspectivas económicas y técnicas son necesarias en este sector, en ninguna manera deben de ser excluyentes de una perspectiva de derechos humanos y libertad de expresión.
6. Hacemos un llamado para que Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas emitan estándares y recomendaciones sobre libertad de expresión y concentración mediática, a fin de que los Estados tengan criterios orientadores para armonizar sus legislaciones y políticas públicas que permitan democratizar y revertir los sistemas de medios ya concentrados y que los procesos de digitalización de la radio y la televisión no resulten en una consolidación o ampliación de la concentración sino una oportunidad efectiva para un mayor pluralismo y diversidad en nuestros países.
Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM)
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)
Artículo 19 de Brasil
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) de Uruguay
Colegio de Periodistas de Chile Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS) de Guatemala
Civitas de Guatemala
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia
Intervozes– Coletivo Brasil de Comunicação Social
Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos VOCES Paraguay
Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos) de El Salvador