• sábado, diciembre 21, 2024

Cumplir el “apagón analógico y respetar autonomía constitucional del regulador

Amedi
enero14/ 2016
El artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 ordena que la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) culminará el 31 de diciembre de 2015.

Al cumplirse dicho plazo, el Estado comenzará a dar cabal cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo sexto constitucional: garantizar el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

Esa es la fecha que aprobaron las dos terceras partes tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, más 51 por ciento de los congresos locales para efectuar el llamado “apagón analógico”, es decir, el término de las señales analógicas de televisión para comenzar a transmitir en digital.

Aunque fue aprobada por el Congreso de la Unión en 2013, la fecha del “apagón analógico” ya estaba contemplada en el decreto del expresidente Felipe Calderón del 2 de septiembre de 2010, es decir, tanto concesionarios como permisionarios tenían un horizonte de cinco años para migrar a la tecnología digital. Incluso antes del acuerdo presidencial de Vicente Fox del 2 de julio de 2004, el cual seleccionó el estándar A/53 ATSC para TV digital, desde 1999 se creó el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, integrado por seis miembros: tres designados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el resto por la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). En estricto sentido, el proceso de transición a la TDT va a cumplir 16 años y desde entonces tienen conocimiento los concesionarios.

La SCT es la responsable de la política pública de TDT y de entregar –con recursos fiscales– 9.4 millones de televisores digitales (ya se han entregado 6.2 millones) a igual número de hogares de bajos recursos empadronados en 12 programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en concordancia con el derecho de acceso a las TIC. Por su parte, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le corresponde verificar que las zonas de cobertura de televisión abierta ya tengan una cobertura de al menos 90 por ciento de señales digitales y ordenar el “apagón analógico” a las estaciones de televisión en operación, para garantizar el servicio público de interés general.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) reconoce que el IFT es el organismo técnico especializado en la materia y respalda su carácter de regulador autónomo constitucional, tal y como quedó plasmado en el artículo 28 de la Carta Magna. La autonomía del regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México fue un reclamo histórico de la Amedi y de diversos sectores de la población que finalmente quedó consagrado en la Constitución en junio de 2013.

El IFT es autónomo tanto de las empresas reguladas como del gobierno en turno, pero también de los legisladores; por lo tanto, no responde a presiones ni intereses políticos o económicos, sino que sus deliberaciones, acuerdos y resoluciones deben ser técnicas, fundamentadas y en apego al marco constitucional y legal.

Las dos propuestas legislativas recientes formuladas por senadores de la República, con el propósito de aplazar el “apagón analógico” más allá del término constitucional del último día de diciembre de 2015, atentan contra el núcleo esencial del derecho humano de acceso a las TIC, contra la autonomía técnica del IFT y contra el proceso de digitalización y modernización tecnológica del país que le permitiría insertarse en menor tiempo en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Además, no habría razones para ello, pues tanto la SCT como el IFT han reiterado que están en condiciones de concluir el “apagón analógico” en tiempo y forma como mandata la Constitución.

Actualmente, 76 por ciento de la población recibe señales digitales de televisión, por lo que sólo hace falta 14 por ciento para alcanzar el 90 por ciento de cobertura que señala la ley y decretar el “apagón analógico”. No hay razón técnica alguna que impida cumplir, dentro del término fijado por el Poder revisor de la Constitución, el proceso de transición para el “apagón analógico”.

Los hogares que no están inscritos en alguno de los 12 programas de la Sedesol y que no tengan contratado un sistema de televisión de paga, deberán adquirir un televisor digital o un decodificador que convierta la señal analógica en binaria, para recibir señales de televisión. Sin embargo, cabe aclarar que en ningún país donde ha ocurrido el “apagón analógico” (México sería el primero en América Latina) la cobertura alcanza el 100 por ciento de la población.

La transición a la TDT tiene diversos beneficios para la población: mejor calidad de imagen y sonido, mayor competencia y diversidad de contenidos y un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Pero lo más importante es que permitirá liberar espectro en la banda de 700 MHz para servicios avanzados de banda ancha móvil, como lo señala el artículo décimo sexto transitorio de la reforma constitucional. Lo anterior significa que, además de seguir sintonizando los canales de televisión abierta en calidad digital estándar e incluso en alta definición, la población tendrá mayor acceso a Internet móvil, porque la Constitución prevé la instalación y operación de una red pública compartida en la banda de 700 MHz. Esta red tendrá una cobertura de 90 por ciento de la población, con una inversión de 7 mil millones de dólares y un despliegue de 12 mil radio bases.

En materia de competencia, el IFT licitó 246 frecuencias de televisión abierta, de las cuales Cadena Tres ganó 123 frecuencias para comenzar a operar una cadena nacional de televisión abierta digital a partir del 1 de enero de 2016. La primera licitación de frecuencias de TV abierta en México permitiría tener tres concesionarios de televisión comercial. Sin embargo, retrasar el “apagón analógico” también implicaría demorar la competencia en TV abierta, la pluralidad y la diversidad de contenidos.

Cabe recordar que las dos televisoras privadas poseen 88 por ciento de las frecuencias de televisión abierta en México (IFT), infraestructura esencial para operar el servicio público de radiodifusión. Asimismo, ambas poseen 95.4 por ciento de la audiencia televisiva (IFT). Esta concentración de recursos comunicacionales les permite atraer 51 por ciento de toda la inversión publicitaria en México, equivalente a 36.9 mil millones de pesos (Merca2, 2014) e incluso 30 por ciento de todo el gasto en comunicación social del gobierno federal (Segob).

La Amedi hace un llamado a cumplir el plazo constitucional del 31 de diciembre de 2015 para apagar las señales analógicas de TV abierta y respalda la autonomía constitucional del IFT en la materia. Asimismo, demanda a la SCT y al IFT un plan de trabajo inmediato que permita dotar de televisores digitales a los hogares que se verán afectados con el “apagón analógico” (aproximadamente 5%, según estimaciones de la propia SCT), para que puedan recibir el servicio público de radiodifusión en el menor tiempo posible.

La transición a la TDT y el “apagón analógico” son sólo un paso para el cumplimiento de otros proyectos constitucionales de inclusión digital universal. Todos los órdenes de gobierno deben acelerar el proceso de digitalización del país, el cual permitirá dotar de más infraestructura, acelerar inversiones e introducir mejores servicios que permitan a la población ejercer su libertad de expresión y sus derechos fundamentales de información y de acceso a las TIC.

Lic. Jorge Fernando Negrete P.
Presidente del Consejo Directivo de la Amedi

Dr. Raúl Trejo Delarbre
Presidente del Consejo Consultivo

 
Consejo Directivo
Mtro. Armando Alfonzo, Dra. Alma Rosa Alva de la Selva, Dra. Wilma Arellano, Dra. Delia Crovi Druetta, Dr. Rodrigo Gómez García, Mtro. Carlos Lara, Lic. Gildardo López, Dra. María Elena Meneses, Dra. Patricia Ortega, Mtro. Efrén Páez, Mariana Torres, Mtro. Servando Vargas, Dra. Aimée Vega Montiel, Dr. Jorge Bravo. Ismene Flores Guadarrama, Secretaria Técnica.