Jorge Alcocer. Reforma.
A lo largo del año han circulado versiones que atribuyen a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) una campaña para promover la modificación de la Constitución en materia electoral; en específico, se dice que la CIRT pretende regresar a las normas previas a la reforma de 2007 a fin de permitir la compra-venta de spots con fines electorales en esos medios. Algunas versiones sostienen que la modificación está pactada, tendría lugar este año y se aplicaría en los comicios presidenciales de 2018.
La propia CIRT salió a desmentir tales versiones en carta publicada en este diario el 19 del mes en curso (p.8) firmada por el Lic. Miguel Orozco Gómez, en la que “rechaza categóricamente estar llevando a cabo campaña alguna para modificar la legislación electoral”. En la carta también se afirma que existe una “coincidencia innegable e irrefutable” en las “críticas al modelo de comunicación política”. El director general de la CIRT cita en su apoyo el informe de la Misión Electoral OEA/2015, en que se afirma: “La transmisión de una inmensa cantidad de ‘spots’ publicitarios de 30 segundos no necesariamente se traduce en un voto más informado y puede, sin embargo, alimentar el descontento ciudadano”.
Aclarado por su director general que la CIRT no está promoviendo campaña alguna para modificar la legislación electoral, quiero proponerle, a título personal y de la revista Voz y Voto, de la que soy director, que emprendamos una campaña desde el ámbito de la sociedad civil con el propósito de modificar esa legislación a fin de corregir el defecto que el modelo de comunicación política tiene desde su implantación en 2008: la espotización.
Habiendo sido partícipe e inequívoco partidario de aquella reforma asumo autocríticamente el efecto colateral no deseado: el uso exclusivo de mensajes (spots) de 30 segundos, tanto por los partidos políticos como por las autoridades electorales. El problema fue señalado oportunamente por varios ciudadanos, entre los que destaco a José Woldenberg con el que redacté un proyecto de reforma al Cofipe, entregado al Senado en 2011. La propuesta fue ignorada y ahora el defecto es mayúsculo ya que en 2014 los partidos se asignaron más tiempo y más spots. La aparición de los candidatos no partidistas ha puesto de manifiesto otro ángulo no previsto: la inequidad en la contienda entre aquellos y los partidos políticos.
En la propuesta antes referida se proponía reducir drásticamente los spots de 30 segundos y en su lugar difundir mensajes programáticos de entre 3 a 5 minutos de duración para que los partidos y candidatos expusieran sus plataformas y ofertas de campaña; se asignaba tiempo para la transmisión de debates entre candidatos y se disponía que las autoridades electorales usaran mensajes de mayor duración. El objetivo era uno: reducir el número de spots.
La posibilidad de utilizar mensajes de mayor duración estaba contemplada desde 2008. En el artículo 56, párrafo 4, del Cofipe se estableció que “las unidades de medida son treinta segundos, uno y dos minutos, sin fracciones”. Sin embargo, los partidos pidieron en el IFE que solamente se pautaran spots de 30 segundos; los consejeros electorales no solamente atendieron la petición sino que la extendieron a los spots de autoridades electorales, lo que puso sello al modelo de comunicación.
El núcleo duro de la reforma 2007-2008 es la prohibición de compra-venta de tiempo en radio y TV con fines electorales. Sobre el tema la SCJN se pronunció de manera categórica al determinar que la prohibición no viola la libertad de expresión. La polémica está zanjada, reabrirla no tiene sentido, a menos que se quiera volver al pasado. Lo importante es corregir el defecto, que como bien señala la CIRT es el uso abusivo de spots de 30 segundos. Para tal propósito bastaría con algunos cambios en la LGIPE, sin tocar la Constitución.
Propongo a la CIRT organizar un evento en el que analicemos propuestas para corregir el defecto, a fin de llevarlas a consideración de las Cámaras del Congreso.