Cofetel y Cofeco incumplen compromiso de licitar frecuencias de TV abierta

Ni la Cofetel ni la Cofeco cumplirán su acuerdo de lanzar la convocatoria para licitar nuevas frecuencias de televisión digital abierta. Esta omisión –una más de las tantas que han tenido desde su creación, pero que ahora es inocultable al conocimiento público– no puede considerarse fortuita ni ingenua. No son criterios técnicos ni económicos sino políticos los que siempre han estado sobre la mesa de dichas instituciones, profundamente capturadas por los intereses de los gobernantes en turno, las televisoras privadas y los operadores de telecomunicaciones.

El presidente Felipe Calderón dejará el gobierno sin haber generado competencia en televisión abierta, permitió que los dos únicos competidores en esta industria se aliaran y fortalecieran sus intereses corporativos, y quedará como el gobernante que más privilegios y prebendas documentados otorgó a las empresas de Azcárraga Jean y Salinas Pliego hasta el final de su mandato, a pesar de que la Declaración de Principios de su partido proclama que “El Estado debe regular los mercados para que los agentes económicos concurran a ellos y compitan en condiciones de equidad, y para evitar que el más fuerte imponga condiciones que terminen por destruir la competencia misma.”

Para aprobar la insólita alianza entre Televisa y TV Azteca a través de Iusacell, la Cofeco, la Cofetel y la Secretaría de Hacienda signaron un acuerdo en el cual se comprometieron a publicar las bases y la convocatoria para licitar nuevas señales de televisión antes del 30 de noviembre de 2012. Lo correcto hubiera sido, en todo caso, que primero se abriera a la competencia el mercado de la televisión abierta y después se autorizara la operación Televisa-Iusacell. El incumplimiento de este acuerdo interinstitucional resulta inaceptable desde cualquier punto de vista, porque la demanda de fomentar mayor competencia en televisión y democratizar el sistema de medios de comunicación no es reciente sino añeja.

Por si fuera poco, ambas instituciones han actuado con absoluta opacidad en el tema y ante la exigencia de transparentar el proceso de diseño de las bases de licitación y someterlo a discusión pública, han respondido con el silencio, en un claro desprecio a la sociedad. Por lo tanto, hacemos un llamado para que la Cofetel haga públicos todos los estudios económicos y jurídicos contratados que tengan que ver con el mercado de la televisión abierta, la licitación de frecuencias y la transición a la Televisión Digital Terrestre. El tema ha sido tan debatido durante años que ocultar más información constituye la evidencia palpable de una deliberación y actuación a espaldas de la sociedad.

La inacción de la Cofeco es tan evidente que no le mereció comentario alguno que apenas el 14 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer los resultados de una licitación en la cual resultaron ganadoras filiales de TV Azteca (Iusacell y GSF Telecom Holding) y Televisa (Operbes, Bestphone, Televisión Internacional, Cablemás, Cablevisión y Comunicaciones de Campeche) para ofrecer servicios de banda ancha en 38 de 40 localidades (las dos restantes fueron adjudicadas a Telmex), a pesar de que dichas empresas son socias.
El evidente fracaso de la Cofeco y la Cofetel demanda una restructuración profunda de dichas instituciones para dotarlas de una auténtica independencia. Sus órganos colegiados se encuentran fragmentados y han dejado de responder –si alguna vez lo hicieron– al interés público. Dicho incumplimiento vuelve a tornar urgente la necesidad de reformar el régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones y de proponer un rediseño institucional de la autoridad sectorial y el organismo regulador acorde con las exigencias del país y los avances tecnológicos.

Si bien la licitación de nuevas cadenas de televisión no es la panacea en un escenario de acentuada concentración de la propiedad mediática, el Estado mexicano no puede renunciar a su responsabilidad de combatir los monopolios y las prácticas anticompetitivas, así como de fomentar la competencia y el desarrollo de un sector de las telecomunicaciones que tantos beneficios podría traer a la población.

Es por ello que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) exige tanto al Congreso de la Unión como al Ejecutivo Federal entrante acciones concretas para reformar el actual sistema de medios y la implementación de una política pública integral que acabe con la grosera concentración mediática y garantice un modelo mediático plural y diverso. La clase política debe de dejar de estar supeditada al poder fáctico de las televisoras que tanto daño han hecho a la democracia en nuestro país.