Cofetel Fomenta Concentración De Señales Y Prácticas Anticompetitivas

12 de septiembre de 2011

Con opacidad y discrecionalidad, Cofetel fomenta concentración de señales y prácticas anticompetitivas

La incapacidad del gobierno federal para plantear una política congruente de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) está propiciando decisiones discrecionales por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que agravan la concentración en la televisión abierta a través de la multiprogramación.

El 20 de julio el Pleno de la Cofetel “tomó nota” del lanzamiento de seis transmisiones de multiprogramación por parte de los concesionarios Televisión Digital en Monterrey (Grupo Multimedios de Milenio Televisión y su cadena de diarios), Tele Nacional en Tijuana (Televisa) y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), el cual transmitirá las señales de los canales culturales 11 y 22, sin que estos medios posean la titularidad de las licencias.

La multiprogramación o multiplexeo es la posibilidad técnica de que a través de los 6 Mhz que explotan los concesionarios, puedan incorporar otras señales de televisión abierta para ofrecer hasta seis señales con programación distinta, con base en el estándar que impuso la autoridad a petición de los industriales. Si bien los avances tecnológicos resultan positivos, las ventajas del multiplexeo pueden convertirse en desventajas y barreras de entrada si no existe una legislación y regulación sustentadas en el principio del servicio público, que fomenten la competencia y protejan los derechos de las audiencias; en suma, un andamiaje legal que otorgue certidumbre jurídica a la industria, la autoridad y los televidentes.

Esto ocurre a menos de un año de la elección presidencial de 2012, en un contexto en el cual el gobierno ha pospuesto intencionalmente para el final de su administración la posible licitación de una tercera o cuarta cadena de televisión digital. La multiprogramación constituye un obsequio de fin de sexenio al duopolio televisivo. Además, se puede interpretar como una negociación política para que las televisoras cubran de manera favorable al candidato del presidente Calderón de cara a la contienda electoral.

Los retos que implican la digitalización de la televisión no están siendo resueltos por la autoridad ni por el Congreso, renuentes a reformar el actual régimen legal obsoleto que legitima la concentración, por temor a las represalias mediáticas. Por su parte, la Comisión Federal de Competencia (CFC), órgano antimonopolios, sólo se ha limitado a emitir opiniones y no ha dejado en claro el régimen de derechos adquiridos y las prácticas anticompetitivas que implicaría explotar varios canales digitales.

Actualmente, Televisa opera dos canales nacionales y dos regionales, con la multiprogramación tendrá 16 o más con el mismo modelo de programación comercial. Es el mismo caso de TV Azteca, que en lugar de dos canales, podría explotar más de ocho señales. De ese tamaño es la competencia y la rivalidad que tendrían que enfrentar los nuevos jugadores que intentaran participar del mercado de la televisión.

Ese esquema agudiza la ya escandalosa concentración en la TV abierta, vulnera la rectoría del Estado en la administración del espectro, avanza discrecionalmente en la transición a la TDT sin la existencia de una política pública, no resuelve la controversia constitucional ante la SCJN y cancela la posibilidad de competencia en el mercado televisivo. Por si fuera poco, la autoridad no previó una contraprestación al Estado por la multiprogramación, a pesar de que las televisoras están explotando comercialmente un bien del dominio de la nación.

El modelo de TDT contempla audiencias específicas, nichos de mercado, televidentes con mayor poder adquisitivo (por el simple hecho de poseer un receptor digital) e interactividad, lo cual resulta mucho más atractivo para los anunciantes. Aunque sigue basado en la publicidad, el modelo de negocios se transforma porque la TDT incorpora video bajo demanda, juegos interactivos, compras electrónicas, datos complementarios a una velocidad de 20 Mbps, etcétera.

Además, los concesionarios podrán arrendar capacidad espectral, lo cual convierte a la radiodifusión en un servicio de telecomunicación y pone en duda la función social del medio, la vigilancia de las transmisiones, la naturaleza y propósito de las estaciones e incluso la nacionalidad de los operadores de señales, pues la Ley Federal de Radio y Televisión establece que las concesiones se otorgarán únicamente a sociedades o ciudadanos mexicanos, pero inversionistas extranjeros e incluso asociaciones religiosas podrían rentar una señal digital, sin necesidad de poseer o administrar directamente una concesión.

En 2010 el gobierno federal otorgó a Televisa 60 canales digitales y a TV Azteca 31, cuyas concesiones vencen en 2021. Grupo Multimedios ha recibido ocho canales espejo. Estas cifras contrastan con los 13 canales digitales que opera el OPMA (organismo sectorizado a la Secretaría de Gobernación), un solo canal al Gobierno del Distrito Federal y cuatro a otras empresas. Es decir, el duopolio televisivo concentra 77.77% de los canales digitales que ha otorgado la autoridad. Adicionalmente, es el principal productor de contenidos televisivos en México y en habla hispana y ambas empresas poseen intereses en otros mercados como la TV por cable, satelital y fibra óptica. Asimismo, la ley no obliga al duopolio a ceder sus señales abiertas a otros sistemas de televisión restringida (must offer)y tienen propiedad cruzada de medios sin límites a la concentración.

La televisión abierta es el medio que acapara la inversión publicitaria, la mayor parte de la audiencia y la que absorbe el mayor porcentaje del gasto en comunicación social del gobierno federal y los estados. Ninguno de estos factores anticompetitivos y de concentración ha sido analizado por la Cofetel o la CFC; no obstante, el regulador autoriza a Televisa, TV Azteca y otros concesionarios la multiprogramación, lo cual potencia esos privilegios. Cabe remarcar que además tampoco tienen ninguna obligación de digitalizar el país con la provisión de decodificadores digitales, poniendo en riesgo la más amplia cobertura geográfica y de acceso a sectores sociales de menores ingresos.

En suma, se trata de uno de los privilegios más cuantiosos y escandalosos del actual gobierno al duopolio, al mismo tiempo que se prosterna hacia el poder fáctico de la televisión fortaleciendolo, lo cual representa un grave retroceso para la pluralidad y la diversidad de voces y, por ende, para el debate democrático en nuestro país.