Cofeco deberá fortalecer su posición y ratificar rechazo a la alianza Televisa-Iusacell

Después de nueve meses de investigación y un año de que se diera a conocer la alianza de Televisa- TV Azteca para controlar Iusacell, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) resolvió no aprobar la concentración de ambas empresas, lo cual hubiera implicado que los dos únicos grupos de interés que controlan la televisión abierta y muchos otros segmentos de mercado ligados a la comunicación y el entretenimiento se coludieran, se repartieran los mercados y conformaran un monopolio en la producción y distribución de contenidos audiovisuales en lugar de competir entre sí.

Coincidimos con la decisión de Cofeco de rechazar dicha concentración y la saludamos. Sin embargo, la decisión aún no es definitiva porque ambas empresas podrán interponer sendos recursos de reconsideración ante el organismo antimonopolios. La negativa a la operación Televisa-Iusacell no debe tomarse como moneda de cambio o estrategia para que el Pleno de la Cofeco cambie el sentido de su voto y entonces termine por aprobar la alianza a espaldas de la sociedad o por cálculos electorales del gobierno calderonista, el cual confirmaría su vocación por favorecer en todo a las televisoras.

En ocasiones previas la Cofeco ha tomado resoluciones erróneas y ha permitido que Televisa consolide empresas de televisión restringida, incumpla obligaciones competitivas, cometa prácticas abusivas, encarezca las tarifas publicitarias, cierre la pantalla a sus competidores para anunciarse y concentre 53 por ciento de toda la televisión de paga, por lo que debiera iniciar una serie de acciones que combatan las evidentes prácticas monopólicas de esa empresa, así como emitir opiniones que permitan abrir el mercado de la televisión abierta a través de nuevas opciones programáticas.

De igual manera es necesario fomentar mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones a través de más inversión, mayor cobertura, una regulación eficiente, políticas públicas integrales que fomenten el desarrollo nacional, por lo que prioritario romper el monopolio de Telmex y Telcel en las telecomunicaciones que ocasiona que los servicios sean onerosos para el grueso de la población, y que la calidad de los mismos (tanto en telefonía fija, móvil y acceso a Internet) sean deficientes y no respondan a la demanda y exigencia de una país que busca incrementar e intensificar sus niveles de conectividad.

Por lo tanto, el problema no radica entre elegir entre un monopolio u otro. La solución a todas estas carencias y rezagos se encuentra en la existencia de reglas claras y equitativas, con nuevos jugadores en el mercado, así como la creación de una autoridad independiente, especializada y con atribuciones suficientes para regular las telecomunicaciones.

La resolución de la Cofeco sienta un precedente importante porque evitó más concentración y reconoce que la convergencia de servicios, la propiedad cruzada de medios, el acaparamiento de frecuencias y la concentración de recursos comunicacionales no deben analizarse de manera aislada, mucho menos en función de los avances tecnológicos, los planes de negocios y los paquetes de servicios integrados.

La Cofeco tiene la atribución legal de emitir opiniones. En este sentido, la creación de una nueva cadena de televisión nacional abierta sería saludable, pero tampoco remedia, por sí sola, la pésima calidad de los contenidos ni el modelo mercantilista en ese medio. Otra cadena privada podría ofrecer programas tan deplorables como la mayoría de los que hoy difunden TV Azteca y Televisa.

Lo realmente importante son las reglas que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) establezca para la televisión digital. Si esas reglas disponen que quienes actualmente manejan un canal analógico puedan operar todos los canales digitales que ahora se podrán transmitir en esa frecuencia, entonces estaremos condenados a tener mucha más televisión en manos de los mismos de siempre. Es decir, la concentración que ahora padecemos se reproducirá por cuatro o hasta por seis (según el ancho de banda que ocupen los nuevos canales digitales) y la tercera cadena será apenas un contraste débil o incluso comparsa frente a esa expansión de Televisa y Azteca, sobre todo con la recién aprobada multiprogramación que les dio la Cofetel y que significa la mayor prebenda del actual gobierno a las televisoras.

En cambio, si la Cofetel resuelve que los actuales operadores de las frecuencias analógicas devuelvan espectro y sólo operen algunos de los nuevos canales digitales que cabrán en esa señal, y que el resto de tales canales sean manejados por otras empresas e instituciones, entonces podríamos pensar en una nueva diversidad en la televisión mexicana. Ese mismo espectro podría servir para desplegar redes de banda ancha para operadores distintos a los tradicionales.

Por lo tanto, es preciso insistir en la creación de una televisión realmente pública y auténticamente nacional operada bajo un organismo autónomo, con independencia editorial, de gestión, operativa y variadas fuentes de financiamiento. Esta televisión pública nacional debe ser ajena a cualquier intento gubernamental por controlar de manera irregular las frecuencias, los recursos públicos y los medios de comunicación, como es el caso del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) de la Secretaría de Gobernación, que comenzará a operar como el nuevo canal 30 de televisión.

El adverso panorama en la radiodifusión y las telecomunicaciones pone en evidencia la ausencia de una política pública integral en la materia que garantice la sana competencia y la pluralidad mediática en nuestro país. El Presidente Felipe Calderón y el Congreso de la Unión por acción o por omisión permitieron que durante todo este sexenio el poder de las televisoras se afianzara en detrimento de la sociedad en su conjunto, debilitando a las instituciones del Estado, a pesar de que tuvieron la oportunidad de hacer los cambios necesarios durante esto años.

Por lo tanto, llamamos a que la Cofeco no sólo confirme su votación y rechace una vez más la concentración Televisa-Iusacell, sino que además encamine acciones concretas en el sentido de fomentar la competencia en televisión abierta, y emitir opiniones para que la Cofetel reserve frecuencias del espectro para una cadena de televisión nacional pública, así como al Congreso de la Unión para que realice reformas urgentes y democráticas al marco jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México. Al mismo tiempo recordamos que es obligación del Estado mexicano realizar todas aquellas acciones que definan los términos de una competencia sana y recupere la autonomía que le disputan los sujetos regulados porque a fin de resolver el grave problema de la concentración en el país.

Por el Comité Directivo: Alma Rosa Alva de la Selva, Comité de Investigación; Sergio Octavio Contreras Padilla, presidente del Capítulo Zacatecas; Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial; Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional; José Luis Domínguez, presidente del Capítulo Yucatán; Daniel Giménez Cacho; Comité de Vinculación Social; Vicente Hernández Delgado, presidente del Capítulo Sinaloa; Juan Sebastián Larrosa, presidente del Capítulo Jalisco; Magdalena López Rocha, presidenta del Capítulo Oaxaca; Mónica Lozano, Comité de Finanzas; Miguel Pulido, Comité Jurídico; Laura Salas, Comité de Difusión; Beatriz Solís, Comité de Relaciones Internacionales; Gabriel Sosa Plata, Comité Académico; Aimée Vega Montiel, Directora; Lilia Vélez Iglesias, presidenta del Capítulo Puebla.

Por el Consejo Consultivo: Virgilio Caballero Pedraza, Jorge Carpizo McGregor, Jesús Cantú Escalante, Miguel Concha Malo, Javier Corral Jurado, Javier Esteinou Madrid, Gustavo Esteva, Fátima Fernández Christlieb, Jorge Fernández Ruiz, Néstor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Jorge Fernando Negrete, Carlos Ortiz Tejeda, Carlos Padilla Ríos, José Agustín Pineda Ventura, Gustavo Reyes Terán, Cristina Romo, Patricia Ortega, Agustín Ramírez, Raúl Trejo Delarbre, Ernesto Velázquez Briseño, José Woldenberg.