El derecho a la conectividad aún no ha sido cumplido para un importante segmento de los mexicanos. Acontecimientos recientes como los terremotos en varios estados del país han evidenciado la falta de infraestructura y de cobertura de servicios de telecomunicaciones.
A pesar de la reforma constitucional de 2013, la ley secundaria de 2014 y el amplio catálogo de medidas regulatorias asimétricas, la penetración de telefonía móvil (la tecnología que más se ha democratizado no sólo en México sino en el mundo) sólo ha crecido 3 por ciento en 4 años, al pasar de 87 por ciento en abril de 2013 a 90 por ciento en el mismo mes de 2017. La penetración de telefonía móvil en México es una de las tres más bajas de América Latina, sólo por arriba de Cuba, Haití y Ecuador.
Lo anterior es consecuencia de la ausencia de políticas públicas que fomenten el acceso universal a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones con mejor calidad y velocidad, a pesar de ser un mandato constitucional contemplado en el artículo sexto y décimo cuarto de la reforma constitucional.
Ni la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tampoco los operadores móviles, han hecho los esfuerzos suficientes para conectar a todos los mexicanos, pues se han enfocado en generar competencia sin cobertura.
La conectividad universal es una cualidad reconocida a nivel mundial, en el sentido de que las redes de telecomunicaciones son la infraestructura estratégica del siglo XXI y la conectividad y las TIC las herramientas para ejercer derechos fundamentales (de acceso a la información, salud, educación y cultura), generar desarrollo y crecimiento económico.
Aún más, la nueva generación de políticas públicas en países desarrollados está enfocada en incrementar la velocidad de las conexiones y en que los reguladores verifiquen los compromisos de los operadores con las velocidades de descarga que prometen, con líneas domésticas de mayor velocidad mediante fibra óptica y conexiones móviles estables y veloces en redes con las más avanzadas tecnologías móviles.
La cobertura y la inclusión digital plenas serán asignaturas pendientes del sexenio del presidente Peña Nieto, y habrá fallado en garantizar que las telecomunicaciones sean un servicio público de interés general que se preste, precisamente, en condiciones de cobertura universal, tal y como reza el artículo sexto de la Carta Magna.
Además, con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, México tuvo un momento inigualable e inmejorable para dotar de verdadero contenido conceptual y jurídico a dicha cobertura social para homologarla o, por lo menos, acercarla a lo que en otros países se conoce como servicio universal de telecomunicaciones.
Con el objetivo de que el Estado comience a preocuparse y a revertir esta delicada situación que frena las potencialidades de desarrollo humano y económico de los mexicanos, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) propone las siguientes acciones inmediatas:
- Que en la futura licitación de la banda de 2.5 GHz (idónea para dotar de capacidad y velocidad de transmisión de datos a las ciudades densamente pobladas) el IFT imponga obligaciones de cobertura, despliegue y calidad de redes a todos los operadores que ya posean u obtengan bloques en esa frecuencia. Lo anterior no es infrecuente porque en los países de América Latina donde se ha licitado la banda de 2.5 GHz, ha estado acompañada de obligaciones de cobertura y velocidades de subida y bajada de información. Si el IFT no las impone sólo estaría favoreciendo el negocio de los operadores por encima de la inclusión digital. Incluso, es deseable que las mencionadas obligaciones se impongan a los diversos operadores -según su tamaño- en distintas licitaciones, para que México esté a la vanguardia internacional en ese sentido y para que, unido a ello y con aportaciones económicas y junto con una partida del presupuesto público, se conforme un Fondo de Servicio Universal que ayude a que la inclusión digital sea mejor y más efectiva.
- Altán Redes, el consorcio ganador que desplegará la Red Compartida, debe cumplir con su objetivo social de conectar a los desconectados y reducir la brecha digital para 92.2 por ciento de los mexicanos hacia 2022. Sin embargo, iniciar el despliegue de la red en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde ya hay un mercado consolidado y los habitantes ya reciben servicios y están hiperconectados, significa no cumplir con el objetivo de cobertura social en regiones que carecen de servicios, lo cual debe ser vigilado por el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones (Promtel). De acuerdo con las bases de la licitación, hacia el 31 de marzo de 2018 la Red Compartida deberá cubrir 30 por ciento de la población agregada a nivel nacional (incluidos 25% del total de los Pueblos Mágicos), con base en la distribución de la población en todas las localidades. Altan Redes disfruta de beneficios que ningún otro operador posee como un gran bloque de espectro de 90 MHz en la banda de 70 MHz sin haber pagado una contraprestación. Asimismo, 30 por ciento de su financiamiento proviene de la banca de desarrollo (Banobras, Nafin y Bancomex), es decir, el gobierno le está prestando al consorcio 13 mil millones de pesos (690 millones de dólares) para instalar la red, cuando el único recurso que ofrecería el Estado sería el espectro radioeléctrico y un par de hilos de fibra óptica.
- Aunque el programa México Conectado no alcanzará la meta de conectar 250 mil sitios públicos al término del sexenio, de los 101 mil sitios públicos actuales, este programa debiera preservar el presupuesto necesario para garantizar la conectividad e incluso incrementar su calidad. También durante la emergencia tras el sismo del 19 de septiembre, 3 mil 700 sitios del programa en la Ciudad de México ofrecieron conectividad gratuita a la población, lo cual evidencia la importancia de contar con espacios de acceso gratuito a Internet ante la brecha digital que afecta al país. El 29 por ciento de los hogares no tienen ningún tipo de servicio de telecomunicaciones fijas.
Lic. Jorge Fernando Negrete P.
Presidente del Consejo Directivo de la Amedi
Dr. Raúl Trejo Delarbre
Presidente del Consejo Consultivo
Consejo Consultivo
Sergio Aguayo, María Teresa Gómez Mont, Miguel Concha Malo.
Esta relación de firmantes integrantes del Consejo Consultivo de la Amedi se irá actualizando conforme se sumen más personalidades.
Presidencias de los capítulos de la Amedi
Amedi Oaxaca
Mtra. Magdalena López Rocha
Amedi Puebla
Mtro. Rafael Hernández García Cano
Amedi Michoacán
Dr. Héctor Pérez Pintor
Amedi Nuevo León
Dr. Aurelio Collado Torres
Amedi Jalisco
Mtra. Rosalía Orozco Murillo
Consejo Directivo
Mtro. Armando Alfonzo, Dra. Alma Rosa Alva de la Selva, Dra. Wilma Arellano, Dra. Delia Crovi Druetta, Dr. Rodrigo Gómez García, Mtro. Carlos Lara, Lic. Gildardo López, Dra. María Elena Meneses, Mtro. Efrén Páez, Mariana Torres, Mtro. Servando Vargas, Dra. Aimée Vega Montiel, Dr. Jorge Bravo, Ismene Flores Guadarrama.