CIUDAD DE MÉXICIO .- Después de una intensa campaña en los espacios informativos de las principales cadenas de televisión abierta y noticieros radiofónicos contra los llamados Lineamientos para la Defensa de las Audiencias publicados el 21 de diciembre pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Presidencia de la República “descubrió” que existen ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contravienen la Constitución porque le otorga facultades a este organismo autónomo para regular los derechos de las audiencias.
Así lo informó este 31 de enero el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, quien anunció que la controversia del Ejecutivo federal sólo se concentra en estos ocho artículos de la ley secundaria que irían contra el derecho a la información y los derechos de las audiencias establecidos en el artículo 6 de la Constitución.
Muchas voces que apoyaron la reforma de telecomunicaciones destacaron que era un exceso darle atribuciones a un organismo eminentemente técnico, como es el IFT, para regular contenidos y derechos de audiencias en medio de un contexto de profundos cambios de los medios analógicos a los medios digitales, así como de presiones de los gigantes del sector como son Televisa, América Móvil, TV Azteca y los principales grupos radiofónicos.
Sin embargo, el Congreso aprobó así la ley y la dejó pasar. Entonces se vivía el mejor momento de la relación entre el gobierno federal y las televisoras. Ahora, hasta los mismos senadores y diputados federales del PRI, PRD y PAN que expresaron su apoyo a la reforma de Telecomunicaciones se han expresado indignados y escandalizados porque los lineamientos “establecen la censura previa”, atentan contra la libertad de expresión y contra la industria.
En otras palabras, los lineamientos son peor que Donald Trump para la industria mediática. Cualquiera que sintonice un noticiero en los últimos días escuchará las opiniones airadas de los conductores, analistas y legisladores. Hasta el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se volvió especialista en derecho a la información y un adalid de la libertad de expresión.
Nunca se había visto y escuchado a tantos políticos y legisladores preocupados por unos lineamientos de defensa de los derechos de audiencias que se demonizaron para crecer la percepción del riesgo. Ni siquiera con la oleada de crímenes a periodistas o a los innumerables casos de censura que ocurren todos los días en la industria mediática se escuchó tan indignados a los legisladores.
Tampoco ante los cientos de trabajadores despedidos de las televisoras se preocuparon por salir en defensa de sus derechos.
La especialista Irene Levy escribió en su reciente artículo en El Universal que “lo contenido en los lineamientos no va más allá de lo que se incluyó en la reforma de Telecomunicaciones: en la propia Constitución en 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014; nada en los lineamientos es nuevo, ahí sólo se establecen los cómos. Es más, se ordena al IFT a expedir los lineamientos, no fue una ocurrencia. No sólo hacen el ridículo los legisladores que ahora critican lo que aprobaron, sino que obligan a que los ciudadanos nos preguntemos a qué intereses responden”.
Según Levy, “la vía para cambiar lo que ahora reclaman, es modificando la Constitución y la ley. Pretender que el IFT abrogue los lineamientos o que los posponga es pedirle que incumpla la Constitución y, sobre todo, es debilitar al órgano autónomo. ¿A quién conviene neutralizarlo? ¿A quién conviene abrir la puerta a la modificación constitucional y legal? ¿A cambio de qué?”.
Tal parece que el Poder Ejecutivo decidió neutralizar este asunto y cobrarle el favor al poder mediático concesionado con esta controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todo un reality show político-jurídico que no tiene qué ver estrictamente con los derechos de las audiencias y mucho menos con la libertad de expresión o el derecho a la información, sino con el negocio de la publicidad política encubierta en los contenidos y el apoyo de las televisoras al gobierno de Peña Nieto en momentos de profunda debilidad de ambos.
El mismo presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó en otro artículo que el tema más polémico para los medios electrónicos concesionados fue el deber de distinguir la información noticiosa de las opiniones de quien las presenta. En la práctica, afirmó Contreras, no debe suponer ningún límite a la libertad de expresión, simplemente una “distinción” entre información, publicidad y opinión.
En su desplegado público, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que el punto más delicado de los lineamientos del IFT es que ponen reglas ahí donde ha prevalecido la discrecionalidad y el intercambio de dinero público por comentarios favorables en pantallas y estaciones de radio a favor de los políticos.
“Para los concesionarios de la televisión abierta, la radio y los sistemas de audio y video restringido (TV de paga), las audiencias siempre han asumido un papel residual y secundario, considerándolas en el mejor de los casos como consumidores de los bienes y servicios que se anuncian en las estaciones de radio, pantallas de TV y sistemas de TV de paga”, afirmó la AMEDI.
“Los medios de comunicación y sus representantes están molestos porque los lineamientos aprobados por el IFT los obligan a identificar la publicidad y eso afectará su negocio”, sentenció la AMEDI. Y destacó que “los anunciantes y los intereses económicos y políticos de los concesionarios ya no pueden estar por encima de los derechos de las audiencias”.
Gabriel Sosa Plata, defensor de los derechos de las audiencias en MVS, destacó que el “nado sincronizado” contra los lineamientos del IFT incluyó también a la Iglesia católica. En el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de la Ciudad de México también se envolvió en la bandera de la libertad de expresión y estableció que los lineamientos parecen “abrir más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Hasta alcaldes de Jalisco aparecieron “gratis” en los noticieros nacionales hablando de un tema que eminentemente no es su asunto ni es su especialidad.
A los únicos que no acudieron ni los legisladores, ni las televisoras y tampoco el IFT de manera metódica, profunda y consistente fue a las propias audiencias de los medios. Quizá porque la auténtica revolución de las audiencias se está generando en otros espacios, en otras plataformas y en otros medios que no viven de este negocio descarado del infomercial político.
Un instrumento en apariencia noble como los Lineamientos de la Defensa de las Audiencias del IFT destapó la “caja de Pandora” y el auténtico tema de censura entre medios y poder político: la promoción no explícita y costosa con dinero público.