A punto de que la organización Artículo 19 diera a conocer su informe sobre periodistas desaparecidos en México, se reportó que hombres armados se llevaron de su casa a la periodista Anabel Flores que cubría la fuente policiaca en El Sol de Orizaba en Veracruz, días después su cuerpo vejado se encontró en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca con dirección a Tehuacán, Puebla.
Sin tener elementos concretos de investigación, la Fiscalía General del estado emitió de manera inmediata un comunicado donde supuestamente se indagaba la relación de la periodista con el crimen organizado. Así, sin más se descalificaba públicamente a la víctima; días después el mismo Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras, en una entrevista radiofónica con Denisse Maerker tuvo que reconocer que no contaban con ningún elemento serio para tal vinculación y que su oficina de comunicación social se había basado en rumores y comentarios en redes.
Los hechos muestran nítidamente el desprecio de las autoridades por la vida de periodistas y da toda la razón a la Recomendación 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida el pasado 8 de febrero, un día antes que se diera a conocer el asesinato de Anabel Flores, ambos sucesos opacados por la aplanadora informativa de la visita del Papa a México.
La recomendación es enfática en marcar la deficiente actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las agresiones en contra de informadores y afirma la preocupación por la participación, como agresores u obstaculizando una eficaz procuración de justicia, de servidores públicos que por acción u omisión contribuyen a generar las agudas condiciones de violencia hacia el gremio. Así que no solamente el crimen organizado es el responsable de la sistemática agresión en contra de periodistas y de medios de comunicación y de la impunidad en la que se mantienen casi todos los casos.
Aún más, la institución reafirma el crecimiento de un clima de intolerancia ante la crítica y a la libre expresión, cito textual: “Lamentablemente, en la actualidad han surgido inercias en los aparatos gubernamentales como respuesta a las susceptibilidades producidas por la crítica u opinión emitida desde la actividad periodística, acciones u omisiones que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, mismas que se traducen cada vez más en frecuentes violaciones a los derechos humanos que se realizan de forma directa e indirecta, las primeras de ellas se dan a través de transgresiones a los derechos de seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, libertad, legalidad, propiedad y posesión, las cuales en su mayoría quedan impunes por omisiones del Estado en la integración de las indagatorias correspondientes”.
La CNDH es cuidadosa en la redacción, sin embargo, lo que acusa es un estado creciente de censura, uno de los signos indudables del autoritarismo que pone en riesgo cualquier democracia.
Asesinatos en aumento
Las cifras que presenta la Recomendación son alarmantes, de 2000 al 31 de enero de 2016 se han registrado el asesinato de 109 periodistas en el país, en el 2015 se documentaron 12 homicidios, la pésima noticia es que los ataques en los últimos años van en crecimiento. Este incremento incluye cada vez más casos de mujeres periodistas objeto de amenazas y ejecuciones, tan sólo en el 2010 se triplicaron los casos respecto de 2009, a eso hay que agregar el acoso laboral y sexual, las pésimas condiciones laborales y demás elementos de discriminación por ser mujer. Si ser periodista en México es una profesión de alto riesgo, ser mujer periodista lo es por partida doble.
Veracruz encabeza la lista de más periodistas asesinados en los últimos años desde el 2005 con 16 casos, la cínica declaración de hace exactamente un año del gobernador Javier Duarte de que en esa entidad la inseguridad se reduce al “robo de frutsis y pingüinos” contrasta con los datos duros: Es la tercera entidad con más secuestros, con 239 casos del 1° de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015. Los altos índices de delincuencia y una deficiente labor de prevención del delito son el marco para la vulnerabilidad de periodistas y medios de comunicación, confirma la CNDH.
Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca son los siguientes estados con mayor número de crímenes contra periodistas, del 2000 al 2016 el 60 por ciento de los casos se presentan en sus territorios.
Este aterrador panorama tiene como principales responsables a las agencias del Estado en todos sus niveles, así lo muestra la defensoría de derechos humanos al dirigir su Recomendación a la Procuradora General de la República, al Secretario de la Defensa Nacional, al Secretario de Marina, Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad De México, Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, Secretarios de Seguridad Pública los estados, Presidentes Municipales y Jefes Delegacionales de la Ciudad de México.
Todas ellas tienen un grado de responsabilidad ante la ausencia de políticas públicas para garantizar la libertad de expresión, la integridad y la vida de quienes realizan una labor indispensable para el derecho a la información de nuestra sociedad.
Todas ellas por acción o por omisión incumplen el mandato del artículo 1° de la constitución que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Lo asesinatos de periodistas y la situación de impunidad hacen responsable al Estado mexicano por graves violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos.