La licitación de 148 canales de televisión digital abierta que cubrirán 123 zonas a lo largo del país, así como la próxima licitación de 191 frecuencias de FM y 66 de AM, es sin duda el concurso más grande de frecuencias en radiodifusión en la historia de nuestro país, la apertura para la competencia en este sector se da después de décadas y a parte de la industria le incomoda.
Acostumbrados a negociar con los distintos reguladores de manera discrecional y casi siempre logrando determinaciones a favor de sus intereses, los industriales de la radiodifusión reticentes a la competencia ven afectado un negocio que ya tenían repartido indebidamente en detrimento de la competencia y la pluralidad.
Los recientes comunicados de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) que acusan al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de afectar a la radio y contravenir la ley, muestran de cuerpo entero esa reticencia. Sin embargo, las presiones sobre el mercado de la radiodifusión no vienen solamente por la entrada de nuevos jugadores para incentivar la competencia, también están aquellas que son consecuencia de los nuevos entornos de la convergencia tecnológica en los servicios audiovisuales que están cambiando los consumos ante las diferentes ofertas especialmente entre la población joven que prefiere exponerse a plataformas como la Internet o las llamadas OTT (over the top) como Netflix.
En este nuevo entorno la industria está utilizando viejas fórmulas de presión, sin querer ver que los esquemas de negocio y la sociedad mexicana están cambiando lo quieran o no. Es lamentable que su respuesta a la apertura sea la resistencia y no la innovación para hacer frente a los nuevos tiempos.
En cuanto a la radio el IFT emitió las bases de licitación este 20 de junio en el Diario Oficial de la Federación y comenzó la consulta pública (del 20 de junio y hasta el 15 de julio) del Anteproyecto de Lineamientos donde se establecen los criterios para el cambio de frecuencia de estaciones de radio que operan en la banda de amplitud modulada (AM) a la banda de frecuencia modulada (FM), un privilegio que se plasmó en el artículo décimo octavo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que de manera casi automática otorga frecuencias de FM a los actuales operadores de AM que no alcanzaron la repartición en el 2008, el cual me parece indebido siendo el espectro radioeléctrico finito y escaso.
Las bases de licitación en radio determinan valores mínimos de referencia que van desde los tres mil pesos hasta un millón 760 mil pesos según sea la plaza en FM y en AM desde mil pesos hasta un millón 536 mil pesos, aunque se piden requisitos técnicos (transmitir en híbrido para transitar a la radio digital), administrativos y jurídicos, uno de los criterios determinantes es el económico, con cierta flexibilidad para los nuevos entrantes.
Aquellos participantes individuales o por grupo de interés económico que tengan más del 30 por ciento de estaciones en la plaza a licitar no podrán participar, sin embargo no pone limitaciones a los grandes grupos que ya concentran muchas frecuencias a nivel nacional como el grupo Radiorama que ya cuentan hasta con más de 200 estaciones en el país. Esta disposición omite entonces la concentración de frecuencias a nivel nacional.
Sobre la televisión digital abierta el pasado 2 de junio el IFT anunció la consulta de las prebases de licitación que está disponible del 2 hasta el 29 de junio. De acuerdo al calendario dado a conocer el proceso comenzará en octubre y terminará en agosto del 2017. En la determinación de si sería o no una nueva cadena nacional, el regulador decidió que en esta ocasión los canales serán regionales y/o locales, los competidores podrán escoger las combinaciones por las que quieran competir.
El panorama de la televisión mexicana empieza a transformarse, ya con la multiprogramación y los nuevos canales digitales se pasó de 311 señales a 676 una vez que ya se apagaron las mayor parte de las señales analógicas, de acuerdo al informe del cuarto trimestre de 2015 del IFT. Muchas de estas nuevas señales son de las televisiones públicas y se supone que en este segundo semestre entra en acción llamada tercera cadena nacional que se adjudicó Olegario Vázquez Aldir. Ahora con esta licitación de canales comerciales se supone que la oferta se multiplicará, porque además también tendrán acceso a la multiprogramación. El proceso licitatorio en esta ocasión es muy distinto al llevado a cabo con anterioridad por el IFT.
Para empezar existen mejores condiciones para los participantes ya que podrán escoger desde un canal hasta 123 como máximo y podrán crear redes regionales de acuerdo a los planes de negocio que propongan, así que es posible que si pueda haber una nueva cadena nacional; la presentación de los requisitos y ofertas se harán vía electrónica y no presencial como en la licitación pasada, será hasta el final del proceso que deberá de entregarse la documentación en físico, eso puede ser un ahorro para los jugadores que no radican en la Ciudad de México, además de acuerdo a las prebases se darán incentivos de descuento de hasta el 10 por ciento a aquellos jugadores que no rebasen el 15 por ciento de cobertura nacional en todas las estaciones en que participe.
Por otro lado el valor mínimo de referencia se propone en 2.9 pesos con base en el valor de cada Mehagertz (Mhz), a partir de ese valor mínimo de referencia empezarán las pujas en varias rondas, y aunque también se pedirán requisitos técnicos, administrativos y jurídicos, el que ofrezca la mayor oferta económica se quedará con el canal o los canales en concurso. Como es de esperarse algunas frecuencias serán más costosas por las características de las zonas de cobertura como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por su número de población y porque el pastel publicitario es mayor que en otras regiones.
Respecto de las cosas no tan buenas en esta licitación es que de nueva cuenta el IFT omite dar calificación alguna a la propuesta programática de los competidores (al igual que en la licitación de radio), bajo el argumento de respetar la llamada libertad programática, cuando en realidad si bien el regulador tiene la obligación de respetar esa libertad, eso no impide que pueda emitir reglas positivas de inclusión para promover la diversidad de contenidos a través de la producción local de informativos y contenidos o la inclusión de producción independiente, local, regional o nacional o bien estimular la compartición de infraestructura para expresiones culturales, científicas o comunitarias. Descentralizar la producción de contenidos fomenta mercados regionales de producción audiovisual y una mayor proximidad de las estaciones a las poblaciones a dar el servicio.
Tener muchos canales de televisión no se traduce automáticamente en diversidad de contenidos y pluralidad de perspectivas, que es finalmente una de las dimensiones más importantes de la libertad de expresión a través de la radiodifusión, se requiere además de medidas proactivas por parte del regulador para llegar a esa meta.
La omisión de calificar contenidos puede derivar en que las nuevas estaciones, como ya sucede con la radio, en lugar de invertir en producción de contenidos se conviertan en repetidoras de los mismos contenidos de las grandes televisoras y rellenar su programación con producciones enlatadas.
En referencia a la concentración de frecuencias el IFT retoma el criterio de limitar la participación de particulares o grupos de interés económico que ya tengan 6 MHz en la plaza a concursar, lo cual es positivo, pero debiera también incluirse esa limitación a quienes ya cuentan con ese espectro a nivel nacional, para evitar que las grandes televisoras comerciales del país intenten tener nuevas frecuencias en localidades donde no las tienen en el país.
La TV no lucrativa
Aunque el IFT también anunció a principios de este año la disponibilidad de 40 canales para uso público y seis para uso social que incluye también el servicio comunitario e indígena que serán adjudicadas de manera directa, aún falta claridad de la manera en cómo se llevará este proceso, lo cierto es que las inversiones que requiere un canal de televisión digital excluyen la posibilidad de que distintos grupos sociales puedan acceder a las frecuencias, de ahí la carencia de televisoras comunitarias e indígenas en el país.
En otros países como Colombia, Chile y en su momento Argentina han dispuesto medidas afirmativas para inclusión de estos sectores en la televisión abierta, ya sea mediante fondos concursables para la producción o equipamiento, así como con medidas de compartición de infraestructura o compartición de señales de este tipo de expresiones en las televisoras públicas, sin embargo no se ve que el regulador pretenda generar una política pública inclusiva al respecto.