- La Amedi se solidariza con la periodista Azucena Uresti por las amenazas recibida del CJNG
- El gobierno federal debe detener su política de atacar y descalificar a la prensa, medios y periodistas
- Corresponde a la prensa y los ciudadanos, no al gobierno, señalar y rectificar los desaciertos y sesgos de los medios de comunicación
Además de salvaguardar inmediatamente la integridad de la periodista Azucena Uresti, amenazada junto con varias empresas periodísticas, través de un video en Twitter por un grupo delictivo (CJNG), es tiempo de que el gobierno federal rectifique su política de ataques y descalificaciones a la prensa y los medios de comunicación.
Para Uresti corresponde activar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya misión es proteger a personas que sufren agresiones o amenazas con motivo de su labor informativa o de defensa de los derechos fundamentales.
Cabe recordar que, con motivo de la extinción de 109 fideicomisos públicos en 2020, originalmente el gobierno pretendió desaparecer el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que en ese momento salvaguardaba a 1,304 personas, 418 periodistas (111 mujeres y 307 hombres) y 886 defensores de derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres).
El Mecanismo no desapareció gracias a la resistencia social, pero padece graves limitaciones financieras y la protección que ofrece a periodistas y personas defensoras de derechos humanos es limitada y deficiente. Para cumplir con su cometido, dicho Mecanismo debería revisarse y mejorarse.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) saluda el anuncio de la oportuna protección a la periodista Uresti. También hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal para que desde todos sus espacios de comunicación social ―como la conferencia de prensa matutina― deje de atacar, descalificar y denigrar a la prensa, los medios y sus comunicadores, con frases tan desafortunadas que han salido del propio Presidente de la República como “prensa sicaria” y otros descalificativos igualmente peligrosos para el ejercicio periodístico, como considerar las noticias falsas como un riesgo a la seguridad nacional.
En todo caso, corresponde a los lectores, audiencias y a la prensa, no al gobierno, evaluar la calidad de la información, señalar y rectificar los desaciertos y sesgos de los medios al momento de informar.
Cuando desde el poder se ataca a los medios, es más factible que otros funcionarios, poderes fácticos como el crimen organizado e incluso la sociedad, comentan agresiones y ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La amenaza contra Uresti es resultado de un clima político y social de inseguridad e indefensión estructural del periodismo en México, considerado uno de los países de más alto riesgo y peligroso para el ejercicio periodístico. En lo que va del actual gobierno han sido asesinados al menos 21 comunicadores en México.
El desplegado en defensa de la libertad de expresión de 19 medios de comunicación tan disímbolos como diarios, semanarios, televisoras, radiodifusoras, sitios digitales y gremios es una demostración del riesgo generalizado que se percibe al informar, del entorno de intimidación, hostigamiento y de la estrategia de estigmatización contra la prensa, los medios y los comunicadores que, en el ejercicio de su libertad de expresión, cuestionan las políticas del gobierno en turno.
Es pertinente que las empresas de comunicación respondan cohesionadas y enérgicas ante la amenaza contra los periodistas y los medios. Las empresas informativas también tienen la responsabilidad de ofrecer a sus periodistas, particularmente a quienes trabajan en zonas de riesgo, equipos de protección y comunicación suficientes, seguros médicos y de vida, entre otras garantías. La cobertura conjunta de asuntos relacionados con la delincuencia organizada, a cargo de varios medios, puede ser una opción para mejorar la protección de los reporteros, pero para ello es necesario que los medios investiguen antes que publicar notas estruendosas y exclusivas.
A veces de manera involuntaria, los medios se convierten en cajas de resonancia de la delincuencia organizada. La exposición de acciones criminales, cuando se realiza sin contexto y de manera sensacionalista, puede convertirse en propaganda a favor de los maleantes. Se requiere de una extrema responsabilidad editorial en el manejo de esas informaciones en los medios de comunicación.
La defensa de los informadores tendría que ser una prioridad de la sociedad mexicana. La insuficiente y deficiente aplicación de la justicia, la impunidad y la debilidad del contexto crítico en estos temas, han favorecido la normalización de la criminalidad en nuestro país. No son pocos los ciudadanos indiferentes ante amenazas o crímenes a informadores o que rechazan las exigencias para que los amagos a la prensa sean investigados y castigados. Esas actitudes son consecuencia del clima de animosidad contra periodistas y medios propiciado desde el poder político.
La Amedi llama al gobierno a rectificar su estrategia y a no formar parte de un caldo de cultivo que fomenta las agresiones y atentados contra personas comunicadoras y defensoras de los derechos humanos, amenaza la libertad de expresión y el derecho a saber de los mexicanos sobre los asuntos públicos.
Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)
Presidente
Dr. Jorge Bravo
Presidente del Capítulo Jalisco
Mtro. José Rubén Alonso González
Presidente del Capítulo Puebla
Mtro. Rafael Gustavo Hernández García Cano
Presidente del Capítulo Nuevo León
Dr. Aurelio Collado Torres
Capítulo Oaxaca
Comité de vinculación institucional
Mtra. Beatriz Solís Leree
Lic. Carla Martínez Guillén
Dra. Adriana Reynaga Morales
Comité jurídico
Lic. Fabiola Peña
Lic. Andrea González Verde
Comité de medios públicos e industrias culturales
Dra. Patricia Ortega Ramírez
Mtra. Ma. Magdalena López Rocha
Dr. Rodrigo Gómez García
Comité de inclusión y alfabetización digital
Mtro. Servando Vargas Pérez
Mtro. Gustavo Ríos Alcázar
Comité de comunicación y difusión
Lic. Margarita Cruz Vicente
Lic. Alicia Dinorah Navarro Rivera
Lic. Violeta Contreras García
Tesorera
Lic. Elizabeth Salazar Sánchez