Por desconocimiento o por intereses políticos, los promoventes de las modificaciones y el conjunto de los 70 senadores que aprobaron el dictamen la noche del martes 1 de diciembre, buscan confundir a la población con una redacción tramposa y sin técnica legislativa.
Utilizan como parapeto un discurso y retórica a favor de los medios públicos; sin embargo, su intención de fondo al modificar la ley secundaria es proteger a las televisoras privadas y sus estaciones complementarias para que no transiten a la televisión digital como ordena la Constitución, evadan sanciones y extiendan el “apagón analógico” hasta el 31 de diciembre de 2016.
¿Por qué si toda la argumentación de los senadores para modificar el artículo décimo noveno transitorio de la LFTR es en defensa de los medios públicos, quitan la palabra “permisionarios” y colocan en su lugar la frase “estaciones de televisión radiodifundida”?
Algunos senadores han señalado que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión creó un nuevo régimen de concesiones de uso comercial, público, social y privado. Sin embargo, el artículo décimo noveno transitorio es claro al señalar sólo a los “actuales permisionarios”, es decir, los actuales medios públicos.
¿Por qué los senadores quitan de la redacción al titular de las frecuencias (permisionario) y colocan en su lugar la infraestructura física (estaciones de televisión radiodifundida)?
Porque pretenden enmascarar dentro de las “estaciones de televisión radiodifundida” a las estaciones complementarias de los concesionarios comerciales. Porque las instalaciones y equipos de transmisión (estaciones de televisión radiodifundida) no son objeto de sanciones, pero los concesionarios y permisionarios (titulares), sí.
¿Por qué un párrafo del artículo noveno transitorio redactado para ayudar a los medios públicos que transmiten en baja potencia los senadores introducen a los concesionarios privados?
La respuesta es muy sencilla: porque si las estaciones complementarias de las televisoras privadas suspenden el servicio público de radiodifusión sin causa justificada, pueden hacerse acreedoras a sanciones y multas que van entre 6 y 10 por ciento de sus ingresos.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) propone seis acciones para salvar el honor de los senadores y proteger a los medios públicos que, por falta de recursos, no puedan transitar en tiempo y forma a la Televisión Digital Terrestre (TDT) el 31 de diciembre de 2015:
- Que la o las comisiones dictaminadoras de la minuta en la Cámara de Diputados convoquen de manera inmediata a un debate informado y técnico sobre el “apagón analógico” y la TDT.
- Que a la discusión sean convocados el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), todos los medios públicos (especialmente los que se encuentren en la situación que expone el artículo décimo noveno transitorio de la LFTR que se busca modificar y adicionar) y la sociedad civil. La Amedi desea y pide participar.
- Retomar el discurso en defensa de los medios públicos del Senado de la República y plasmarlo con precisión técnica y legal en el dictamen. La Amedi propone que la modificación sustituya la frase no técnica “estaciones de televisión radiodifundida” por la frase técnica “concesionarios de uso público y social”. Con esta redacción, la ley se actualiza al nuevo régimen de concesiones y no quedará duda de que los legisladores realmente desean apoyar a los medios públicos y no a las televisoras privadas.
- Compromiso de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión con dicha modificación a la LFTR, que realmente vele por la continuidad del servicio público de radiodifusión, la pluralidad, la diversidad, los contenidos culturales, educativos y científicos, la libertad de expresión y los derechos a la información y de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La Amedi confiará, aplaudirá y respaldará ese compromiso de los legisladores.
- Compromiso del Congreso de la Unión, junto con los gobiernos de los estados, para destinar recursos para la transición a la TDT de los medios públicos, con un calendario de trabajo conjunto entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
- Compromiso del Congreso de la Unión con la radiodifusión pública que promueva un cambio a la LFTR para que los medios públicos puedan tener vías alternas de financiamiento para el debido cumplimiento de su función social.
¿La Cámara de Diputados también se va a constituir en regulador virtual y a tomar decisiones técnicas y regulatorias como lo hizo el Senado, cuando es un cuerpo político?
¿Los diputados van a negarse a convocar al organismo constitucional autónomo técnico especializado en telecomunicaciones y radiodifusión, creado por el propio Congreso de la Unión y plasmado en la Constitución en 2013?
¿Los diputados van a negarse a conocer la situación real de los medios públicos que no puedan transitar a la TDT?
¿El Congreso de la Unión va a negarle el apoyo financiero que merecen los medios públicos que tanta preocupación han despertado en los legisladores?
¿Los diputados van a negarse a que la sociedad civil participe del debate y la discusión?
La Amedi propone. ¿Qué dice el Congreso?
Presidente del Consejo Directivo de la Amedi
Dr. Raúl Trejo Delarbre
Presidente del Consejo Consultivo
Consejo Directivo