No se debe privilegiar a una empresa sobre el derecho de los ciudadanos a estar conectados a internet, dijo Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
El viernes pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió modicar las fechas de la licitación de la banda de 2.5 GHz de manera que el proceso termine en 2018 y no en 2017 como se había planeado a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la empresa Rivada Networks para que los interesados en la Red también puedan participar en este proceso.
“Ningún derecho corporativo debe ser superior al derecho de los ciudadanos a ser conectados, más cuando el derecho al internet y al acceso al derecho a la información, sería gravísimo”, destacó Negrete.
Subrayó que no se debe perder tiempo ni retrasar este tipo de procesos pues afecta directamente a los no conectados, que son alrededor de 40 millones de mexicanos.
“Mientras más tarde se realice esta licitación estamos castigando a los no conectados”, subrayó.
Telefónica México y la Asociación Nacional de Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones (Ansitel), coincidieron en que el instituto y la SCT deben garantizar el acceso al espectro como lo es la banda de 2.5 GHz.
“El espectro es un insumo básico para cualquier operador de telecomunicaciones y ante la demanda tan alta de servicios de datos, el IFT debe garantizar que todos los operadores cuenten con espectro suciente para atender dicha demanda”, dijo Telefónica México a EL UNIVERSAL.
Además, pidió que las reglas de la subasta busquen que todos los competidores tengan acceso al espectro radioeléctrico en condiciones razonables para así “evitar el acaparamiento y la concentración en el espectro”.
En cuanto al costo del espectro, Telefónica México señaló que no es congruente con la realidad nacional relacionada con la caída de precios.
Alejandro Mayagoitia, presidente de la Ansitel, organización que representa a los 11 operadores que cuentan con 60 MHz en la banda de 2.5 GHz, reconoció que afecta a empresas este retraso.
“El problema se origina en este tema de la Red Compartida y trae consecuencias a diestra y siniestra, lo más sano es hacer una revisión de fondo, porque a n de cuentas, el mandato de la Constitución es darle uso a la banda de 700 MHz que requiere el país para progresar en el terreno de las telecomunicaciones”, subrayó Mayagoitia.
Estudio es deciente: Aspe. Deciente en la metodología y una opinión equivocada es como Mónica Aspe Bernal, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) calicó el Análisis del Proceso de Transición a la TDT (Televisión Digital Terrestre) elaborado por la ocina de Adolfo Cuevas, comisionado del IFT.
“Disiento de la opinión personal del Sr. Adolfo Cuevas sobre TDT, confunde mandato legal de la SCT y es metodológicamente deciente”, aseguró Aspe en su cuenta de Twitter.
El estudio del comisionado indica que es probable que la entrega de televisiones haya sido parcialmente inecaz y señala que se pudieron ahorrar 15 mil millones de pesos de los 28 mil 446 millones de pesos invertidos en el Programa TDT.