Alberto Aziz Nassif. Artículo publicado en El Universal
Si la reforma de la Ley Federal de Telecomunciaciones y Radiodifusión (LFTR) está lejos de haberse consolidado en materia de derechos e instituciones, los avances relativos se quieren destruir mediante litigios y regresiones. Hace unos meses la mano de Peña de Nieto, a través de su Consejería Jurídica, estableció una acción de inconstitucionalidad en contra de los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias que estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Este procedimiento no ha terminado, pero ya el Poder Legislativo aprobó, de forma apresurada en la Comisión de Radio y Televisión, una iniciativa para suprimir los derechos de las audiencias y las obligaciones del servicio público. ¿Qué significa este cambio propuesto por Federico Döring, del PAN?
La AMEDI ya se pronunció para dejar en claro que se trata de una contrarreforma de grandes dimensiones, tan regresiva como la “ley Televisa”, que fue detenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su carácter de inconstitucionalidad. Con esta iniciativa, que se hace desde la oscuridad del poder, los derechos de las audiencias están nuevamente en riesgo. Se pretende modificar el artículo 256 de la LFTR en sus fracciones III y IV, que obligan a diferenciar la información de quien la presenta y a distinguir entre publicidad y contenido de un programa. Además, se quiere suprimir la función de servicio público para que las transmisiones se presenten en condiciones de competencia; y, para rematar, se pretende quitarle al IFT la facultad para ordenar suspensión precautoria de transmisiones a televisoras y radiodifusoras.
Esta contrarreforma tiene una historia que es importante recordar. Una de las razones que motivó la reforma electoral del modelo de comunicación en 2007-2008 fue la necesidad de separar la compra mercantil de los espacios mediáticos de la propaganda política. Los tiempos del Estado para la radiodifusión quedaron fuera del circuito mercantil; quedó prohibida la compra para beneficiar a los partidos políticos y, supuestamente, a la ciudadanía. Este modelo tiene otros problemas, como la spotización de la política electoral, pero el mayor conflicto es la falta de compromiso de los actores políticos que rápidamente encontraron la vía para hacerle fraude a la ley. El mecanismo fue esconder detrás de un montaje de información, la promoción de algún político. Peña Nieto logró hacer un tipo ideal de este modelo durante los años en los que buscó llegar a Los Pinos. El Partido Verde es un especialista para burlar la legalidad en esta materia. Quizá por ello, la iniciativa que sale de las cloacas del Poder Legislativo, de una Comisión que preside la diputada Lía Limón del Partido Verde, cuenta también con el voto del PRI y del PAN.
Si esta iniciativa prospera será el marco perfecto para reforzar uno de los síntomas que padece nuestra fracasada transición: un pluralismo débil, como lo entiende Thomas Carothers en su análisis sobre el fin del paradigma de la transición, es decir, como una simulación en donde las elecciones no empoderan, la participación ciudadana no funciona realmente y la pluralidad es sólo un membrete. Con esta contrarreforma se terminaría de armar ese rompecabezas. Debilitar al organismo autónomo, regresar el control a Gobernación, darles la espalda a las obligaciones de pluralidad, dejar de lado el servicio público, son piezas para debilitar más la democracia.
La reforma no logró tener un sistema de medios públicos fuerte, como un contrapeso necesario, y ahora se quiere suprimir uno de los avances importantes para que la ciudadanía no se tenga que tragar como supuesta información la propaganda política. Si se debilita al órgano autónomo y se regresa al pasado, para que Gobernación ejerza el control y que los medios se autorregulen, se habrán cancelado espacios vitales sobre el derecho de las audiencias y se habrá debilitado al órgano autónomo. El problema de esos representantes (diputados) es que representan a los poderes fácticos. Si ganan, habrá fracasado una parte de la reforma y los derechos de las audiencias se podrán mandar al diablo…