CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la Universidad Iberoamericana acusaron al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de “simular” transparencia y apropiarse de documentación relacionada con 14 casos graves de violaciones a derechos humanos que conmocionaron a México y al mundo entero.
Los señalamientos se hicieron en una sesión especial del pleno del INAI desarrollada en el Centro Cultural Tlatelolco, durante la presentación de la plataforma de internet www.memoriayverdad.mx
La iniciativa surgió a partir de un acuerdo de colaboración entre el INAI y organizaciones como Artículo 19, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Durante la presentación, el comisionado Francisco Javier Acuña reconoció el espacio emblemático de Tlatelolco para presentar la plataforma destinada a divulgar información pública sobre “acontecimientos trágicos e intolerables, que nos acongojan”.
Acto seguido, Haydeé Pérez Garrido, de Fundar, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, y Denise González, de la Ibero, revelaron en sus discursos que el INAI incumplió con los acuerdos previos de garantizar total transparencia en el manejo de la información, además de que excluyó de una lista original de 15 casos, el de la Guardería ABC al poner en duda de que se tratara de un asunto de graves violaciones a derechos humanos.
Los casos de los que se cuenta con alguna información en la plataforma se refieren a la Guerra Sucia, la matanza de Tlatelolco, el Halconazo, Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, Atenco, la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, la represión a normalistas de Ayotzinapa en 2011, las fosas de San Fernando de 2011, las fosas de Caderyta, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Apatzingán.
El criterio establecido para considerar inicialmente 15 casos fue que existiera una declaratoria de graves violaciones a derechos humanos emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) o un pronunciamiento del propio INAI.
Pérez Garrido fue la primera en señalar que la plataforma “no cumple a cabalidad con los objetivos delineados hace un año”. Además, dijo que el proyecto tiene “irregularidades”, lo que resulta relevante en el actual contexto político de crisis de derechos humanos, con “150 mil muertos, 30 mil desaparecidos, miles de desplazados, de lo que poco se sabe en un país con 98% de impunidad”.
Denise González anunció que la Ibero no firmaría la declaratoria de lanzamiento de la plataforma, en tanto que emplazó a los comisionados a “convocar al grupo de participantes para recuperar los ideales del proyecto original”.
Ana Cristina Ruelas explicó que de las mil 300 solicitudes de información de ciudadanos que llegaron al INAI relacionadas con 15 casos, en 50% de las respuestas de las instituciones del Estado “no dicen nada o declaran la inexistencia de información o reserva de la misma”. El resto, dijo, “es información fragmentada que requiere de un contexto o de otros documentos para ser útil en la construcción de verdades”.
La representante de Artículo 19 para México y América Central contó que ante la falta de información pública útil, las organizaciones que confiaron en el INAI consiguieron al menos 266 archivos fotográficos y dos terabites de documentos digitalizados del Archivo General de la Nación (AGN) que la semana pasada fueron bajados de la plataforma www.memoriayverdad, bajo el argumento de la protección de datos personales.
Al señalar que del archivo fotográfico entregado, sólo 13 fotos se conservaron en la plataforma, Ruelas reveló que toda la información del Caso ABC en su conjunto fue bajado del portal, una vez que los comisionados del INAI consideraron que la muerte de 49 niños obedeció “a un accidente por causas fortuitas”, a pesar de que la SCJN señaló que se cometieron graves violaciones a derechos humanos.
Aun cuando los comisionados admitieron el sentido de la opinión de la SCJN, insistieron en quitar la información con el argumento de que “habían recibido algunas solicitudes expresas de víctimas indeterminadas” para que no se hiciera pública la documentación.
“INAI tiene miedo”
En entrevista posterior, Ana Cristina Ruelas dijo que toda la información obtenida por las organizaciones civiles quedó en manos del INAI y ahora “no se puede ver” bajo el alegato de protección de datos personales.
Agregó que en una primera etapa se hizo un “barrido de 20 mil solicitudes de información de 2003 a la fecha que ha recibido el INAI, de las cuales se seleccionaron tres mil 800; de ellas, mil 300 están relacionadas con los 15 casos y dos mil 500 con las temáticas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias, información tampoco está en la plataforma”.
Entonces, explicó que “la idea es emplazar a los comisionados, no queremos tener una ruptura con el INAI, lo que queremos es que cumpla con principio de la plataforma, además de que la institución debe ser garante de transparencia y deben de desclasificar archivos, asunto en el que sólo el INAI está facultado. Queremos que permanezca en el proyecto”.
Para la directora de Artículo 19, los comisionados del INAI “tienen miedo” y han decidido “formar parte del sistema político de ocultamiento. Les interesa más complacer a los funcionarios públicos que a los sociedad”.
En un comunicado firmado por las organizaciones y la universidad participante en la plataforma, explicaron que además del tema de la Guardería ABC, los comisionados incurrieron en “el uso desproporcionado, insostenible y equívoco de datos personales, que configura una manea de censura”, al prohibir la difusión de fotografías y videos, así como “una actuación opaca del Instituto y el incumplimiento constante de los compromisos y acuerdos asumidos”.
Añadieron que “las divisiones políticas y burocráticas que aquejan al Instituto se reflejaron en una torpe coordinación del mismo para cumplir acuerdos”, en tanto que “las decisiones unilaterales y opacas del Pleno amenazaron el proyecto en más de una ocasión”.
Las organizaciones insistieron en hacer un llamado al INAI y a sus comisionados para retomar el camino trazado “y traducir en hechos sus varios compromisos públicos con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en casos de graves violaciones a derechos humanos”.