Los problemas de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, a partir de que se puso en operación, el pasado 5 de mayo, no sólo se encuentran en la presentación de solicitudes de acceso a la información, sino también en la integración de los nuevos sujetos obligados en cada entidad.
En muchos casos, el catálogo de las entidades añadidas a partir de la nueva legislación no corresponde a lo que propia ley estipula.
De acuerdo con la detección de insuficiencias a que se ha abocado el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) –encargado de diseñar y operar la Plataforma–, los problemas que se han dado en la incorporación de los nuevos sujetos obligados a escala estatal podrían afectar la presentación de los recursos de los solicitantes frente a inconformidades por entrega de información.
Según el propio Inai, a partir de la entrada en vigor de Ley General de Transparencia, la homologación de los marcos legales en las 32 entidades y la propia ley federal en la materia, son ya más de 8 mil sujetos obligados en todo el país.
Se han incorporado sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y los tres niveles de gobierno, concentrados en una misma plataforma o sistema de procesamiento de las solicitudes de acceso a la información.
En las proyecciones del Inai, durante la realización de pruebas previas al arranque de su operación, no era la primera etapa el momento más complejo, sino seis meses después, plazo que se otorgó a los sujetos obligados para subir a la plataforma toda la información del crecimiento sustancial de las nuevas obligaciones de transparencia.
Sólo en esa etapa se anticipa que pudiera haber una saturación, en particular hacia el final del plazo dado a los sujetos obligados para cumplir sus compromisos.
Por ahora, en esta primera fase de la plataforma, que coexiste con los sistemas Infomex estatales hasta superar los problemas técnicos enfrentados en las 32 entidades, aún falta complementar la etapa en el diseño de la plataforma relativa a sanciones.
En cuanto a los problemas adicionales hallados en material de promoción de solicitudes de acceso a la información, destaca también que los sujetos obligados que han recibido requerimientos de solicitudes piden datos adicionales a los peticionarios para tener claridad sobre la petición, aunque esto ha sucedido sólo en algunas entidades.
En tanto, a partir de la semana pasada, esto ya no afecta directamente el ritmo de solicitudes de acceso a la información, en la medida que los 33 órganos garantes han habilitado los sistemas anteriores para desahogar sin contratiempos todas las peticiones, como se hacía antes del 5 de mayo, cuando se inició la operación de la plataforma.