La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) manifestó su respaldo al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ante la denuncia de hechos presentada por los abogados de tres militares implicados en el caso Tlatlaya ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Advirtió que pretender acusar penalmente al ombudsman nacional por sus declaraciones públicas es tratar de quitarle la principal herramienta que tiene para hacer valer su autoridad moral, además de que implicaría restringir su libertad de expresión para fijar una posición pública e informar a la sociedad. Se vulneraría la garantía para hacer eficaz los derechos humanos y se conculcaría el derecho a la información de la sociedad mexicana. Esto lo recoge claramente la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que establece un estatuto de protección al Presidente y los Visitadores del organismo público de defensa de los derechos humano
Alertó que dar cabida a la denuncia penal mencionada sería el inicio del fin del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, se desnaturalizaría la institución al coartarle su magistratura de persuasión y se limitaría, además, el derecho de todos los mexicanos de estar informados, desde esa perspectiva, respecto de un caso muy delicado donde perdieron la vida 22 personas y en el cual se vieron involucrados agentes del Estado.
La Amedi, que preside Jorge Fernando Negrete, señaló que en cualquier democracia la institución del defensor de los derechos humanos, es una garantía para la defensa de dichos derechos, por lonque el ombudsman en México está basado en una magistratura de opinión.
” Debido a sus investigaciones, basadas en los elementos de prueba reunidos, permite al titular de la CNDH pronunciarse públicamente para que la sociedad esté enterada de lo acontecido en casos específicos de violaciones a los derechos fundamentales para construir y generar una opinión pública a favor de la dignidad humana. Las recomendaciones son la única herramienta que posee para hacer valer un derecho humano”, puntualizó.
Abogados, académicos, comunicologos y especislistas aglutinados en la Amedi defendieron que la opinión y las recomendaciones del ombudsman y de la CNDH son una vertiente más del derecho a la información pocas veces abordada.
“La denuncia y el amago sobre la atribución legal y moral del defensor nacional de los derechos humanos de pronunciarse sobre diversas violaciones, significa un intento de mordaza o efecto inhibitorio a la libertad de expresión del titular de dicaha institución. En ocasiones previas las organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado por el silencio de la CNDH, por lo que ahora resulta pertinente la defensa de opiniones y recomendaciones ante la escalada de atentados a los derechos humanos de los mexicanos”.