En los próximos días el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicará la convocatoria para la licitación de 191 frecuencias de radio en la banda de FM y 66 en AM. Todas ellas comerciales.
Como comentamos al principio de este año en Sin Embargo, se trata de una licitación histórica porque desde hace más de dos décadas no hay nuevas emisoras comerciales en la radio, no obstante el crecimiento poblacional.
La próxima apertura de la radio comercial (como sucedió con la televisión abierta) es una de las promesas de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Sin embargo, como se esperaba, ha generado resistencias en la industria radiofónica.
Tanto la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), como radiodifusores y diversos columnistas ligados a la radio comercial han colocado focos rojos a esta licitación. Consideran que entregar frecuencias en plazas que ya no son negocio está poniendo en riesgo la viabilidad de esta industria, que se perderán fuentes de empleo, entre otros argumentos un tanto catastróficos. Léase, por ejemplo, la columna de Javier Tejado, de Televisa, en El Universal (17/05/16) o el artículo del senador Javier Orozco en Milenio Diario (29/02/16).
Es cierto que la radio comercial ya no vende como antes, pero a diferencia de la televisión no ha visto disminuir el porcentaje de inversión publicitaria, pese a que tampoco tiene el mismo número de radioescuchas. De 2011 a 2015 la radio ha conservado, cada año, un 9 por ciento de la inversión publicitaria en medios, mientras que la televisión abierta decreció un 5 por ciento, al pasar de 55 por ciento en 2011 a 50 por ciento en 2015, según la Asociación de Agencia de Medios. Este 9 por ciento representa más de 7 mil millones de pesos.
Además de publicidad comercial, la radio recibe cuantiosos recursos públicos por publicidad gubernamental. Sólo en el 2014 las radiodifusoras recibieron casi 560 millones de pesos del gobierno federal, es decir, un 16.27 por ciento del total del gasto en medios de comunicación, de acuerdo con las organizaciones Fundar y Artículo 19. En el 2013 este porcentaje fue del 14 por ciento. A la radio, como se aprecia, le fue mejor en este periodo. Sume a esta cantidad el elevado gasto en publicidad oficial de las entidades federativas y municipios.
La frialdad de estos datos no refleja un panorama de crisis tan grave como el que presentan los voceros del sector y más aún si se considera que se trata de casi los mismos porcentajes de publicidad comercial y gubernamental que son destinados a las mismas radiodifusoras comerciales en manos del mismo puñado de radiodifusores, que han dominado y explotado esta industria desde hace varias décadas, de una manera en general muy lucrativa y sin nuevos competidores comerciales en sus plazas.
Por supuesto, si se analiza caso por caso, podría matizarse la afirmación de que la industria está simplemente estable. Hay empresarios radiofónicos a los que no les ha ido tan bien, como a Carlos Quiñones, de Radio 13 (Radio, S.A.), que decidió apagar el transmisor de esta estación porque ya no vendía un peso, según él. Otros radiodifusores aseguran que mantienen sus AM a costa de sus emisoras de FM, lo que implica una pesada carga económica (si es así ¿por qué no las traspasan?). También hay quienes enfrentan la competencia desleal de radios ilegales o la toma de sus estaciones.
Pero hay otras empresas radiofónicas a las que les ha ido de maravilla. Por ejemplo, decenas de estaciones “culturales” sin fines de lucro han sido auspiciadas por grupos radiofónicos comerciales, lo que refleja que el “negocio” tiene liquidez. También algunos de estos grupos han logrado ventas exitosas de conceptos radiofónicas a estaciones Estados Unidos y Centroamérica. Durante la licitación de las cadenas de televisión, hubo interés de radiodifusores, como Francisco Aguirre, de Grupo Radio Centro, y ahora hay quienes están decididos a obtener frecuencias de FM/AM, que está por licitar el IFT.
Si algunas estaciones o grupos de radio están en crisis es por la disminución de audiencias en diversas ciudades (en parte por sus contenidos, en parte por los nuevos hábitos de consumo de medios digitales), por la censura y autocensura, por el despido de periodistas críticos, por la transmisión de programas “basura” sobre esoterismo y productos milagrosos, por la “venta” de entrevistas periodísticas a modo, por la falta de innovación en los contenidos y por otras razones más, no por la disminución de inversión publicitaria y recursos del erario público.
El IFT no debe postergar el proceso de apertura de la radio. El órgano regulador sabe que hay interés de empresarios no ligados actualmente a la radio para participar en esta licitación y que quieren parte del pastel publicitario existente y que podría elevarse si ofrecen contenidos innovadores. Se entiende que el IFT debe considerar la viabilidad económica de las radiodifusoras al aire y las nuevas, pero también hay un objetivo claro, constitucional, que debe impulsar el órgano regulador y que es el fomento de la pluralidad y diversidad de contenidos que podría facilitarse con la incorporación de nuevos concesionarios.
Y VIENEN LOS REFRENDOS
Otra de las alertas de la industria se relaciona con las contraprestaciones por los refrendos de las concesiones de radio. Este año se vencen más de 500 concesiones de uso comercial, en AM y FM, pero desde 2006 los concesionarios tienen que pagar por los refrendos de estas frecuencias. Antes de la “ley Televisa” (que por cierto la CIRT y sus afiliados apoyaron) no lo hacían porque los refrendos eran prácticamente automáticos, sin pagos.
El problema es que con base en la fórmula establecida por la Secretaría de Hacienda, en plazas como la Ciudad de México, por su alta densidad poblacional, los pagos que deberán hacer los concesionarios son altos. Para que tengamos una idea, la familia Aguirre, de Grupo Radio Centro (GRC) paga anualmente 2 millones 134 mil 223 pesos por el refrendo, a 12 años, de la emisora XEJP-FM, Stereo Joya (esto es, un total de 25 millones 610 mil 767 en ese periodo).
Grupo ACIR, de la familia Ibarra, pagó 5 millones 305 mil 405 pesos, en una sola exhibición, por la prórroga a 10 años de la XHPI-FM Amor 93.1, en la capital de Jalisco, en tanto que Francisco Aguirre, de Grupo Radio Centro, paga anualmente un millón 92 mil 585, durante 10 años, por el refrendo de XHSP-FM La Invasora 99.7, en Monterrey.
La semana pasada, el académico Fernando Mejía Barquera planteó varias preguntas al respecto: ¿los radiodifusores se ampararán ante estos pagos o contraprestaciones? ¿habrá negociación con Hacienda para que establezca valores menos elevados en su fórmula para determinar las contraprestaciones?
No se sabe, pero lo que sí se sabe es que las presiones al IFT en este tema y, como se dijo, en la licitación se intensifican, con el fin de doblarle las manos al órgano regulador y al gobierno federal. Antes, cuando no teníamos órgano regulador independiente, el gobierno por lo general llegaba a un acuerdo satisfactorio con los empresarios de la radiodifusión, con los consecuentes beneficios al gobierno en turno. Pero ahora la situación es distinta y pondrá a prueba, una vez más, la autonomía del IFT y su defensa del interés general.