El Universal. Alberto Morales
En un año aumentaron 97% las sanciones impuestas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) contra empresas por violar la Ley de Protección de Datos Personales.
De acuerdo con cifras de este instituto, en 2014 sancionó a diversas empresas privadas por 42.5 millones de pesos, mientras que al cierre de 2015 las multas aumentaron a 83 millones 869 mil 735 pesos.
De las multas impuestas el año pasado, 69.5% corresponde a empresas del sector financiero y de seguros; 14.7%, al sector de información en medios masivos; 10%, a transportes, correos y almacenamiento y 5.7% restante al sector de apoyo a los negocios, servicios de remodelación y servicios profesionales, científicos y técnicos, así como servicios educativos y de comercio.
Joel Salas, comisionado del Inai, explicó que este crecimiento en las sanciones se debe a que el actual pleno se ha encargado de agilizar los procesos de verificación para la protección de los datos personales en poder de particulares y resuelven más recursos de protección de información sensible de los ciudadanos.
El comisionado Francisco Javier Acuña agregó que el aumento en las multas se debe a que también incrementó el reclamo de los ciudadanos a su derecho a la privacidad:
“Ante alguna anomalía, los ciudadanos denuncian cualquier acto que consideren un maltrato en el uso de sus datos en el sector privado”.
Entre las principales infracciones cometidas por los particulares se encuentran: recabar o transferir datos sin el consentimiento expreso del titular, incumplimiento del deber de confidencialidad, mantener datos personales inexactos o por no efectuar las rectificaciones y cancelaciones.
Más solicitudes. De acuerdo con el Informe de Labores 2015 —que el Inai entregará el 15 de junio a la comisión permanente del Congreso de la Unión—, el año pasado incrementó el número de solicitudes de información a los 264 sujetos obligados de la Administración Pública Federal.
En 2015 los ciudadanos realizaron 120 mil 813 solicitudes de información, lo que representa un crecimiento de 5.3% con respecto a 2014, cuando se elaboraron 114 mil 727.
Al respecto, los comisionados coincidieron en que este incremento se debe al trabajo de difusión del Inai. “La gente se ha interesado cada vez más en participar en el ejercicio de ese derecho”, comentó Salas.
Reconocieron que otra de las causas es porque todavía hay “prácticas” en las dependencias públicas que no facilitan el acceso a toda su información en temas relativos como seguridad nacional, asuntos financieros o de programas sociales.
Acuña reconoció que hay actos indebidos que siguen cometiendo las instituciones “no porque no haya una nueva actitud, por lo menos en el discurso, sino que la carga de responder bien y a tiempo no es sencillo”.
Acuña dijo que este es un “punto de atención” para el Inai porque seguramente habrá más prácticas para restringir el derecho a la información con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Transparencia y con las 48 obligaciones generales y el incremento de 264 a casi 900 sujetos obligados de los tres niveles de gobierno, más órganos autónomos, partidos y sindicatos.
Incumplimiento. En 2015 el pleno del Inai ordenó realizar 269 visitas a 71 órganos internos de diferentes dependencias para investigar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de transparencia.
La organización con mayor número de visitas registradas es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 69; le sigue el IMSS, con 34; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, con 18; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 14, y la SEP, con 11.
Descienden denuncias. El informe destaca que en 2015 el Inai presentó 16 denuncias de hechos ante la Secretaría de la Función Pública por el incumplimiento de funcionarios a las resoluciones emitidas por el pleno del organismo garante.
Se trata de ocho denuncias en contra del SAT, cuatro en contra de la Sedena, dos en contra del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y dos en contra de la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo anterior, por considerar que se negaron a proporcionar información cuya entrega fue ordenada por el Inai respecto a los siguientes temas: créditos fiscales no pagados, cancelados o condonados (en el caso del SAT), así como los nombres de ministerios públicos del sistema de justicia militar (Sedena); licencias de armas deportivas, de tiro, cacería o charrería (Sedena); números de empleados y fechas de ingreso (Cisen) y solicitudes de intervención de comunicaciones (Cisen), así como los objetivos prioritarios del gobierno federal faltantes de capturar (PGR).
De 2005 a 2016 el Inai presentó ante la SFP 146 denuncias de hechos por el incumplimiento de sus resoluciones, de las cuales sólo se ha podido sancionar a 10 servidores públicos; 75 fueron desechadas por falta de elementos, una ya prescribió y el resto se encuentra en proceso.