La agencia de noticias Associated Press dio a conocer esta semana documentos y testimonios que revelan presuntas prácticas de tortura e inducción en las declaraciones con las cuales se construyó la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
Se trata de un compendio en el que se narran las circunstancias en las que los principales testigos, inculpados y declarantes del caso en el que desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, hicieron sus declaraciones ministeriales.
Las narraciones son recurrentes en el sentido de que: “… primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno”, señala la nota de AP.
No es la primera vez que hay referencias sobre prácticas de tortura para obtener declaraciones de los detenidos en el caso. El recién despedido GIEI dio cuenta de ello en informes y declaraciones sostenidos en reportes médicos que así lo han acreditado.
Están ahí los personajes clave de la investigación oficial: Agustín García Reyes, Patricio Reyes Landa y Sidronio Casarrubias, todos ellos, presuntamente, vinculados con la delincuencia organizada.
Reyes Landa dijo a un juez: “… recuerdo que se acercó una persona, me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”, según se lee en los documentos publicados por AP. El testimonio adquiere singular significado porque, precisamente, Reyes Landa fue uno de los que dijo haber matado a los jóvenes, quemado sus cuerpos y dispersado sus restos en el río San Juan.
Asfixia con bolsas, toques eléctricos y violación con objetos metálicos es lo que narra, por su parte, Casarrubias, quien durante sus declaraciones señaló, directamente, a un agente de investigación de nombre Gabriel Valle, a quien acusó de haberlo amenazado con torturar también a sus hijos si no decía lo que se le había instruido decir previamente. La de García Reyes es una narración prácticamente idéntica.
La distorsión que se introduce dentro de los procedimientos judiciales cuando se recurre a la tortura es tan grave que cierra, a veces para siempre, la posibilidad de saber lo que realmente pasó en casos como este.
¿De qué está hecho el caso Ayotzinapa si no de confesiones, principalmente? Con todo lo relatado, lo que tendríamos que estar viendo es la apertura formal de una “investigación de las investigaciones”. Lejos de eso, vemos que se mantienen como piezas principales en la Procuraduría aquellos personajes que estuvieron y están involucrados, desde el principio, con un proceso tan cuestionado y tergiversado como este.
Hace quince días, este espacio de opinión abría con el siguiente párrafo:
“Si a la hora de publicarse este artículo, por la mañana del viernes, el señor Tomás Zerón de Lucio no ha renunciado o no ha sido retirado del cargo, habremos de saber, con más contundencia que nunca, que el gobierno de Peña Nieto es insalvable, que no parece tener remedio y que México entrará en una ruta de mayores confrontaciones. Si algo tan elemental no ha ocurrido entonces, la distancia entre gobierno y sociedad resultará insalvable”. Parecía que la posición de quien ha coordinado las investigaciones del caso era insostenible.
Acababa de divulgarse, por parte del GIEI, un video grabado el día anterior a las diligencias en donde, según la versión oficial, fueron halladas las bolsas, presuntamente, con restos de los muchachos en el río San Juan. El escándalo fue mayúsculo. El funcionario reaccionó y fue desmentido por el GIEI, el alto comisionado de la ONU y por los forenses argentinos. No renunció. No fue investigado. No pasó nada. Semana y media después de aquel video, son revelados por AP los archivos, diez en total, en los que se encontraron elementos consistentes y “… pruebas verosímiles de tortura”, a partir de la cual se construyó la “verdad histórica”. Tomás Zerón, el incombustible funcionario, sigue en su cargo.