El caso de la reportera Sanjuana Martínez, sentenciada a indemnizar al político perredista Jesús Ortega por daño moral, es otro ejemplo de cómo el Estado mexicano pretende limitar el derecho a la información y la libertad de expresión, afirmaron ayer comunicadores y defensores de periodistas.
La acusación en contra de la colaboradora de La Jornada sucede en un entorno en el que 93 informadores han sido asesinados desde el año 2000 por realizar su trabajo, 20 de ellos en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, apuntó en conferencia de medios Ana Ruelas, de la organización Artículo 19. Agregó que en los primeros tres meses de 2016 se reportaron 69 agresiones en contra del gremio.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa “no tenemos nada que celebrar”, lamentó Sanjuana Martínez, quien responsabilizó al ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a su esposa, la senadora Angélica de la Peña, por lo que pueda ocurrirle a ella o a sus hijos.
A finales de 2013 Martínez publicó un reportaje y un artículo de opinión en el portal de noticias Sin Embargo sobre una red de trata de personas en el table-dance Cadillac. Su trabajo, explicó, se basó en el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) e incluyó el testimonio de una de las víctimas, quien acusó a Jesús Ortega de ser uno de los clientes del lugar.
Por esa declaración, que tomaron agentes del Ministerio Público en un video, la periodista fue demandada por daño moral. “Sólo cuando se interpuso la denuncia me notificaron”, en todo el proceso no la llamaron a declarar ni se le comunicó de las diligencias, aseveró Martínez.
Además, en el Poder Judicial de la Ciudad de México “perdieron el expediente de mi caso y hasta ahora no hemos tenido acceso a él”, incluso cuando la sentencia en su contra ya se emitió. Supo del fallo judicial “luego de que Jesús Ortega la diera a conocer en una conferencia de prensa”.
Por ello, la organización Pro Persona interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para que investiguen el caso. “Nos preocupa que la titular, Perla Gómez, no haya iniciado el recurso de oficio, así que le exigimos” comenzar la indagatoria, señaló Sergio Méndez Silva, director de la agrupación.
La defensa de este caso no corresponde sólo a la periodista, sino a todos los comunicadores y al público, coincidieron Ana Ruelas, Méndez Silva, así como Jorge Hernández Negrete, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el reportero pedro Canché, quien estuvo preso en su natal Quintana Roo por participar en una protesta por las altas tarifas de agua, y el caricaturista de esta casa editorial Rafael Barajas Durán, El Fisgón.
Barajas Durán convocó al gremio y a la ciudadanía a “cerrar filas” pues se trata de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a saber lo que ocurren en su país. “Después de irse sobre Sanjuana, irán con las redes sociales”, alertó.