Organizaciones sociales y líderes empresariales, incluida la red nacional México Infórmate, denunciaron opacidad y negligencia del Congreso de Puebla, al pretender en menos de 11 días armonizar la Ley de Transparencia estatal con la ley general en la materia, a partir de un proyecto no consensado del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
La intervención del Poder Ejecutivo local, manifestaron los inconformes, abona al desconcierto y a la negligencia en un tema que permitió establecer en otras entidades federativas ejercicios de parlamento abierto con los colectivos interesados.
El reclamo provino de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Puebla Vigila, la Integradora de Participación Ciudadana, el Nodo de Transparencia, así como elCentro Empresarial de Puebla (Coparmex).
El titular de la Amedi, Capítulo Puebla, Rafael Hernández Cano, refirió que el bloque de organizaciones promotoras de la transparencia demandó al Congreso iniciar un proceso de discusión abierto hace cinco meses, pero los legisladores desoyeron la solicitud pese al juicio de amparo que promovieron para hacer valer su derecho de audiencia.
Con esta actuación, señaló en conferencia de prensa, queda evidenciado el desinterés de los partidos políticos de la LIX Legislatura de favorecer el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, pese a ser una demanda ciudadana sentida a nivel nacional.
Puebla, en la mayoría de estados omisos y con negligencia
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reportó hasta la semana pasada que sólo nueve de las 32 entidades federativas del país habían armonizado su marco normativo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se trata de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Querétaro, Sonora, Oaxaca y Tabasco, las cuales no esperaron a que venciera el plazo de un año que concedió el Congreso de la Unión para cumplir con esa tarea de homologación, lapso que finiquita el 5 de mayo siguiente.
En tres casos, el INAI decidió ejercer su facultar de interponer acciones de inconstitucionalidad al considerar que los marcos jurídicos reformulados en Querétaro, Tabasco y Oaxaca violentaron los principios constitucionales.
Hernández Cano previó que el instituto nacional también llevará la legislación de Puebla a revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la premura y cerrazón del Congreso estatal deja entrever la posibilidad de que la ley no cumpla con el mínimo para defender el derecho al acceso a la información pública.