Reforma.
El Congreso debe apurar, con responsabilidad y respeto al espíritu de la reforma al artículo sexto Constitucional, la aprobación de las leyes generales de archivos y de protección de datos personales en posesión de autoridades, exigieron especialistas y activistas ciudadanos.
Las dos leyes, explicaron, son necesarias para que funcione adecuadamente el Sistema Nacional de Transparencia, pues es impensable que se pueda acceder a la información si no existen los documentos debidamente archivados y clasificados, o bien, sino se salvaguarda como es debido los datos confidenciales de los ciudadanos.
“Tenemos un rezago en las leyes generales, no solo en la armonización de los estados, falta la aprobación de la Ley General de Datos Personales, que ya hay un anteproyecto que ese sí se ha abierto a la discusión y, hay un primer proyecto de Ley General de Archivos, que ya se empezó a discutir, pero ya hay un rezago”, dijo Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.
“Ojalá en las semanas que vienen veamos un avance sustantivo en estos tres componentes que habrán de impactar en los marcos normativos de las entidades federativas”.
REFORMA publicó este domingo que el Congreso tiene más de un año de rezago en la expedición de las leyes generales de archivos y de protección de datos personales que le fueron mandatadas por la reforma constitucional y que debieron haber cobrado vigencia en febrero del año pasado.
Guillermo Noriega, director de Sonora Ciudadana, afirmó que lamentablemente es ya una costumbre de Congreso federal y de las Legislaturas de los estados incumplir con el plazo que ellas mismas se fijan para aprobar normas secundarias, por lo que se deberían buscar mecanismos para evitar que estas violaciones a la ley sigan ocurriendo.
“Es un verdadero problema este del incumplimiento de los plazos, recordemos el caso de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entonces, creo que el peor de los incentivos que podemos hacer es volverle a poner un plazo a las legislaturas, por el contrario, hay que exponer que no están funcionando”, consideró.
“Debería de haber consecuencias si no cumplen las legislaturas, como no existen consecuencias hay este tipo de desdén hacia temas complejos”.
Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, expuso que además del retraso legislativo, los documentos de trabajo que hasta el momento han circulado en el Senado de la República contienen algunos aspectos que, en aras de proteger los datos personales o preservar los archivos históricos, pueden limitar el acceso a la información.
Por ejemplo, explicó, se pretende que toda la información que se suba a internet y contenga datos personales sea autorizada mediante el aviso de privacidad del titular de los mismos, lo que limitaría el ejercicio periodístico.
“Esto puede significar graves retrocesos al ejercicio efectivo de la libertad de expresión, incluso, puede hasta significar un medio indirecto de censura”, manifestó.