La opacidad del gobierno del estado, en medio de estrategias para no entregar información, así como cientos de acuerdos de reserva, fueron enumerados en el último informe de labores de Lilia Vélez, como dirigente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) capitulo Puebla.
En el evento, Jorge Fernando Negrete Pacheco, dirigente nacional del organismo, advirtió que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha sido uno de los más complejos y mostró reticencias a la transparencia.
Mientras tanto el nuevo presidente de AMEDI capitulo Puebla, advirtió que buscarán que se armonicen las leyes de transparencia estatal y federal, en primera instancia, por lo que hizo un exhorto al congreso para realizarlo.
La última y nos vamos
En su cuarto informe de labores de de Lilia Vélez Iglesias, como presidenta de Amedi en Puebla, que sirvió como despedida, recordó las trabas en materia de transparencia que se vivieron a lo largo de cuatro años.
De este modo recordó el caso de los helicópteros revelados por Intolerancia Diario, en el que el gobierno se negó a la entrega de facturas con la anuencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP)
Señaló que en2014 documentamos que el gobierno estatal había emitido 56 acuerdos de reserva, desde su inicio hasta el 3 de marzo de 2014.
Pero en menos de un año, dicha cifra aumentó a 98, con corte al 24 de febrero de 2015. “En días recientes hemos replicado el ejercicio para tener los datos actualizados”, reveló.
Las secretarías con más acuerdos de reserva son Infraestructura con 13, Seguridad Pública con 9, Transportes con 8 y Finanzas con un total de 7 acuerdos.
Algunas Reservas
-Auditorías
-Gasto corriente
-Procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial
-Obras de remodelación de Casa Puebla
-Procedimientos de adjudicación de obra pública
-Vehículos del gobernador
-Costo de los elementos de seguridad que custodian al titular del Ejecutivo
-Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)
-Trámites administrativos de escrituración a favor del gobierno estatal.
“Vemos con enorme preocupación que muchos de los puntos clave para avanzar (en transparencia) tienen retrocesos graves, con medidas jurídicas y políticas para obstaculizar el acceso a la información”, dijo Lilia Vélez.
Añadió que en Puebla existe opacidad gubernamental, además de intentos claros de limitar la libertad de expresión, amenazas y ataques contra medios de comunicación y periodistas.
Recordó que en 201s, cuando inició labores también empezaba el actual gobierno de Rafael Moreno Valle, en el cual había expectativas de transformación democrática como lo prometió de candidato.
“Cuatro años después podemos manifestar que no ha habido tal y la actual administración el control de la opinión y espacio público han sido una práctica cotidiana”.
Por lo tanto señaló que se ha sumado una política de opacidad que lo mismo impide el acceso millonario a los contratos publicitarios, que a las obras y proyectos o contratos a los de prestación de servicio (PPS).
Recordó Vélez Iglesias que en 2014 se aprobó para proteger los derechos humanos una ley del uso legítimo de la fuerza de los elementos, conocida como Ley Bala.
“Pese a las críticas y protestas de ese marco jurídico, en los que Amedi Puebla se sumó, apenas unos días después, su aplicación provocó la muerte del niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, lesiones en varios pobladores de la comunidad de Chalchihuapan. Hasta la fecha el gobierno no ha cumplido una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dijo que en ese escenario crítico de violaciones a los derechos fundamentales en México y Puebla, la presencia y el trabajo de la sociedad civil es esperanzador, aunque los incentivos son mínimos y los recursos económicos, humanos y materiales son menores.
“Existe una ley mejor pero no hay voluntad política. Se ha reservado todo lo que tiene que ver con proyectos, obras públicas, manejo de recursos. En total hasta el año pasado había 96 de acuerdos de reserva, de los cuales 58 fueron durante 2015”, indicó.
Además criticó que el Congreso del estado sea un “cómplice más” de la administración estatal, en negar el acceso a la información pública. Insistió en que debe haber voluntad política para dar a conocer la información.
Vigilancia y presión
Rafael Hernández García Cano, nuevo presidente de Amedi, en su discurso advirtió que se hará presión a tres temas fundamentales: la armonización de la ley de transparencia; el descongelamiento de la ley contra difamación y el derecho de audiencias.
Explicó que en cuanto a la armonización de las leyes de transparencia estatal y federal, luego de que el derecho de acceso a la información púbica ha sido constantemente violentado.
“La ley es buena pero la voluntad política para cumplirla parece no existir”, sentenció en su primer discurso.
“Es notablemente sabido que el Poder Ejecutivo, ha clasificado como información reservada la relativa a las auditorías al gasto corriente, procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial”
Además enumeró que están bajo llave expedientes relacionados con los procedimientos de adjudicación de obra pública, los vehículos del ejecutivo, el costo de los elementos de seguridad que lo custodian, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y los trámites administrativos de escrituración a favor del gobierno estatal”.
Además solicitó Solicitamos al Congreso, se dé a conocer la iniciativa para armonizar dichas leyes, para que se puedan discutir.
“De hecho eso tendría que suceder con todas las leyes. Antes de ser sometidas a su aprobación, los ciudadanos tendríamos que conocerlas para pedir a nuestros representantes la inclusión o exclusión de elementos que nos afectan, después de todo estamos hablando de la cosa pública: la res pública”
En lo que respecta a la iniciativa de Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, recordó que en 2011 se hicieron los cambios de delito penal a civil.
En ese tiempo, explicó, Amedi hizo hincapié en que el tercer artículo transitorio del dictamen aprobado abría la puerta para que el Congreso legislara sobre la materia y diera muestras de su compromiso con la libertad de expresión y la protección de los derechos fundamentales a la vida privada, el honor y la propia imagen.
“Con ella se podría regular, exclusivamente, el daño moral causado por el abuso de la libertad de expresión y el derecho a la información, además de establecer la figura de la malicia efectiva que hace recaer la carga de la prueba en los servidores públicos”.
“El transitorio en cuestión establecía un plazo de 6 meses para volver a abordar el asunto. Hoy se cumplen Cinco años y 16 días sobre el particular, y ni siquiera se ha establecido un punto de acuerdo en el Congreso para incluirlo en la agenda legislativa”, sentenció.