Periscope es una gran herramienta de comunicación que permite transmisiones en tiempo real desde cualquier lugar y en cualquier momento con un dispositivo móvil. Frente a la enorme concentración mediática, ha sido una alternativa para la difusión de todo tipo de actividades, siempre y cuando, claro, se tenga una eficiente conexión a internet.
Para las organizaciones y movimientos sociales, esta red social ha sido útil, por ejemplo, durante marchas o movilizaciones de protesta y para denunciar abusos en su contra por parte de la policía, el Ejército o funcionarios públicos. Además de poner en alerta a los usuarios de la aplicación, queda grabado el registro audiovisual para deslindar responsabilidades.
Los beneficios sociales de Periscope quedan sin embargo nulificados cuando sin atribuciones legales las autoridades lo utilizan para exhibir públicamente a la ciudadanía que comete alguna infracción administrativa. El deber de las autoridades es sancionar la falta y hacerlo conforme a sus facultades expresamente establecidas en la ley, pero sin ir más allá, como se pretende en la Delegación Miguel Hidalgo.
También me parece necesario que graben sus propios operativos de supervisión y cumplimiento de la Ley, como una mecanismo de autorregulación y rendición de cuentas. Incluso puede ser un apoyo para la protección de las mismas autoridades ante casos como los que se han visto con guardias de seguridad prepotentes y agresivos, que protegen a políticos o empresarios. Pero de eso a presentar en tiempo real y señalar con etiquetas a las personas aparentemente infractoras, sí vulnera sus derechos humanos.
Por eso coincido con el posicionamiento inicial de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, en el sentido de que hay conductas socialmente reprobables y constituyen una infracción cuya sanción se encuentra debidamente establecida en la normatividad, pero con la utilización de Periscope se expone a las personas a quienes se exhibe a una violencia innecesaria que se constituye en una sanción adicional no prevista en ninguna Ley.
A este castigo social, se suma la violación de derechos fundamentales, como la identificación de las personas y protección de sus datos personales, honra o reputación por un hecho que incluso pudo haberse realizado no de manera intencional, sino por ignorancia de la Ley o falta de claridad en los señalamientos o indicaciones donde se prohíben ciertas conductas. Así que pueden darse casos en los que no hubo transgresión a la norma, pero el supuesto infractor ya habría sido exhibido de manera alevosa.
Si dejamos que las autoridades utilicen Periscope para exponer o señalar en tiempo real a ciudadanas y ciudadanos, se le estaría abriendo la puerta para que sigan cometiendo abusos en su contra y colocar en una mayor vulnerabilidad a la sociedad. Es obvio que no toda autoridad viola derechos humanos. Sin embargo, hay una cultura de corrupción e impunidad en el gobierno en sus diferentes niveles, que dotar a las autoridades de un instrumento adicional de poder sólo agudizaría los excesos en contra del pueblo. Periscope debe ser una red social al servicio de la ciudadanía y no al servicio del poder en contra de la ciudadanía.
Por eso me preocupan las agresiones a la CDHDF y a su titular, basadas en el argumento de que protegen delincuentes, cuando lo que han buscado es justo lo contrario: proteger a la ciudadanía de la vulneracion de sus derechos humanos por parte de cualquier autoridad. Con Periscope esto podría estar sucediendo en la Delegación Miguel Hidalgo y está en posibilidades de ocurrir en otras ciudades del país. La tentación de autoridades de dar “una buena lección” a ciudadanos supuestamente infractores es muy alta. Basta asomarse a lo que por ejemplo sucede en Veracruz para advertir cómo un gobierno utiliza todos los medios legales e ilegales para actuar en contra de ciudadanos inconformes, quebranten o no la Ley.
Como comenté en Radio Educación el pasado viernes, nuestra sociedad, con el pretexto de la seguridad nacional, es cada vez más vigilada, hípervigilada con cámaras instaladas en todo lugar, helicópteros, patrullas, policías disfrazados de civiles, en las redes sociales, en los mensajes de texto, en nuestras conversaciones telefónicas, en WhatsApp, cuando navegamos por internet y, como si no fuese suficiente todo lo anterior, por Periscope o cualquier otra aplicación para la transmisión de eventos en vivo, con el fin de exponer, desde su perspectiva, a aquellos ciudadanos “malos” y castigarlos con el desprecio del resto de los usuarios de la red, en una situación, además, de total inequidad, en la que los recursos de todo tipo (humanos, tecnológicos, comunicacionales) están cargados a favor de las autoridades.
Cuando se dictaminaba el proyecto de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones en 2014, que desdibujó algunos de los alcances de la reforma constitucional, diversas organizaciones manifestaron su rechazo a la iniciativa del gobierno a través de una frase contundente: “No más poder al poder”. Y es que, en efecto, algunos artículos incluidos en la Ley y que finalmente fueron aprobados, dieron más facultades a las autoridades para intervenir comunicaciones y espiar sin grandes obstáculos para ello. Algo similar puede ocurrir con Periscope y su uso no regulado por parte de las autoridades: no le demos más poder al poder en contra de la ciudadanía. Más bien exijamos que cumpla la ley y la haga cumplir sin violar derechos humanos.