Reforma. Carmen Aristegui
Después del duro informe dado a conocer antier por la CIDH, se esperaría una respuesta oficial a la altura de lo que ahí se muestra y de la gravedad de los hechos que han colocado a México en situación crítica. En lugar de una respuesta seria en donde se reconozcan los problemas, se enlisten las directrices de lo que se ha hecho y de lo que se piensa hacer ante tan difícil problemática, el gobierno mexicano decidió optar por la postura más ridícula y vergonzosa: la de un avestruz con la cabeza metida en un hoyo.
La airada respuesta a la CIDH muestra que el gobierno mexicano está transitando por un grave proceso de negación de la realidad. Ha construido, para sí, un mirador desde el cual ve un panorama diametralmente distinto al que ven, viven y padecen millones de personas.
La respuesta oficial que emitieron antier de manera conjunta Segob, PGR y SRE es uno de los peores síntomas de la grave crisis que retrata el informe y que el gobierno federal se niega a reconocer.
El informe es sobre la situación de los derechos humanos y fue realizado a partir del monitoreo y de la visita in loco que realizó esta Comisión a México el año pasado. Pone acento al tema de las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana, acceso a la justicia y, por supuesto, a la rampante impunidad.
“El Estado Mexicano es enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, dice la respuesta oficial. Se necesita cara dura para sostener la afirmación, sin sonrojarse. Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y tantos otros forman parte de esa realidad que no se va a modificar si su existencia es negada.
Han puesto bajo su propia alfombra a las 26,798 personas “no localizadas” o desaparecidas que forman parte del Registro Nacional. Es cierto que se presentaron al Congreso las iniciativas de Ley sobre tortura y desapariciones; que se publicaron protocolos y que la PGR creó una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas, pero eso no significa que se haya remontado, en la práctica, un fenómeno tan grave y que afecta a una amplia capa de la población mexicana, por lo casos añejos que no han sido resueltos y por los que siguen ocurriendo. Hace apenas unos días, tuvimos noticias de la tragedia en Tierra Blanca. La escena se repite: personas que son detenidas por policías estatales, que luego afirman haber entregado a los jóvenes a manos del crimen organizado que, a su vez, procedió a matarlos e intentar desaparecerlos metiendo sus cuerpos en una máquina para ser molidos. Si estas escenas, en las que participan directamente policías -y quién sabe cuántos más factores coludidos-, no representan un siniestro tramo de una crisis profunda, ¿qué tendría que pasar para que el gobierno reconozca lo que está pasando?
Se abarcan situaciones que han entrado en fase crítica con defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, indígenas, migrantes, niños y niñas convertidos en mercancías y revisa, también, la situación de asesinatos, agresiones y persecución en contra de periodistas. Eso “… que ha hecho que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”.
De acuerdo con lo recopilado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, entre 2010 y 2015 habrían sido asesinados más de 55 periodistas. Según cifras de la CNDH, habrían ocurrido 107 asesinatos.
En el documento de 241 páginas se dedica también un espacio a lo sucedido en contra de un grupo de periodistas, entre los cuales me incluyo, quienes hace casi un año sufrimos un golpe de censura instrumentado desde el más alto poder y de la más burda manera. Sin entrar en detalle, porque se agotó el espacio, permítame reproducir una parte de lo que dice:
“En el 2015, se presentaron otro tipo de afectaciones a la prensa que permiten observar la existencia de un contexto complejo para el ejercicio periodístico, no solo por el riesgo de agresiones y amenazas sino también por episodios como el ocurrido con la periodista Carmen Aristegui, quien puso al descubierto un caso de presunta corrupción que involucraba a altas autoridades en la compra de una lujosa casa utilizada por el Presidente de la República. Luego de esa y otras investigaciones, la periodista y su equipo fueron cesados por la empresa concesionaria de la emisora con la que mantenían un contrato, incluso cuando las mediciones indicaban que su programa tenía una alta audiencia”. Así, sencillo. Tal cual fueron las cosas.