- La Constitución obliga a los medios públicos a ser independientes.
- La cobertura coordinada de la Marcha por la Transformación constituye un acto de propaganda desde los “medios públicos”.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) hace un enérgico llamado a los medios públicos federales y estatales a cumplir el mandato constitucional de independencia editorial, consagrado en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013.
El viernes 25 de noviembre comenzó a circular un video producido y difundido por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM), donde se informa la “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación”. La pieza audiovisual incluye escenas de manifestantes, pancartas e imágenes favorables al Ejecutivo Federal, impropio de un medio obligado por su ley de creación a ser un espacio para las diversas corrientes políticas e ideológicas y plataforma para la libre expresión de las ideas.
Al final del promocional de 35 segundos, se incluyen los emblemas de los medios públicos Canal Once, Canal 22 (cuyos espacios informativos no suelen abordar aspectos políticos), Canal 14 y la estación de radio Altavoz (ambos del SPREM), Capital 21 (Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, cuyo decreto de creación viola la Constitución de la CDMX), Instituto Mexicano de la Radio (Imer, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal no sectorizado) y Radio Educación.
El artículo décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013 señala con claridad que “los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial”, además de “autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”.
Como es de dominio público, la marcha del 27 de noviembre es convocada por el gobierno federal y constituye un acto político directamente organizado, promovido y auspiciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores. Se sabe que el slogan oficial tiene que ver con la palabra “transformación”.
El reconocimiento legal de medios públicos independientes, plurales, diversos y que equilibren la oferta audiovisual de los medios comerciales ha sido una ardua batalla de grupos de la sociedad civil organizada, académicos, activistas y personajes públicos por configurar un sistema de comunicación pública alejada de las gestiones oficialistas y gobiernistas.
Los medios públicos deben tener una postura editorial independiente del gobierno en turno, promover el pluralismo informativo, político, social y cultural; garantizar el derecho a la información y ser una plataforma de la libertad de expresión. También deben ser garantes de la expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Deben facilitar el debate político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales y no sólo las representativas del gobierno mediante posturas oficialistas y gobiernistas.
Apenas el 13 de noviembre se organizó una marcha ciudadana a favor de la permanencia de la autoridad electoral y los medios públicos no se coordinaron para realizar una cobertura especial.
Al coordinar el SPREM la cobertura oficial de la “Marcha por la Transformación”, el gobierno instrumenta un empleo faccioso y ostensible de los medios falazmente públicos que viola flagrantemente la Constitución, la ley secundaria y la normativa de cada uno de los medios “públicos”. Se trata de medios electrónicos que funcionan con recursos públicos y que están destinados a informar sin sesgos oficialistas.
La cobertura informativa especial convierte a los medios públicos federales y al de la Ciudad de México en instrumentos de propaganda, un escalafón más abajo que los aleja del derecho a la información.
No es la primera vez que los medios públicos federales se coordinan para transmitir una cobertura sesgada y parcial. Cuando se realizó la consulta por la revocación de mandato, la cobertura a lo largo del domingo 10 de abril favoreció la postura del gobierno.
La Amedi exige de los medios públicos federales y estatales acatamiento al marco legal, a su función social y a su obligación de independencia editorial.
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Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)
Presidente
Dr. Jorge Bravo
Presidente del Capítulo Puebla
Mtro. Rafael Gustavo Hernández García Cano
Capítulo Oaxaca
Comité de vinculación institucional
Mtra. Beatriz Solís Leree
Dra. Yolanda Meyenberg Leycegui
Dra. Adriana Reynaga Morales
Comité jurídico
Dra. Eréndira Salgado Ledesma
Lic. Andrea González Verde
Comité de medios públicos e industrias culturales
Dra. Patricia Ortega Ramírez
Mtra. Ma. Magdalena López Rocha
Dr. Rodrigo Gómez García
Mtra. Laura Martínez Águila
Comité de inclusión y alfabetización digital
Mtro. Servando Vargas Pérez
Mtro. Gustavo Ríos Alcázar
Comité de comunicación y difusión
Lic. Margarita Cruz Vicente
Lic. Alicia Dinorah Navarro Rivera