- El regulador de telecomunicaciones y la radiodifusión tutela derechos fundamentales y no debe ser fusionado con la Cofece y la CRE
- La iniciativa es un retroceso porque acabaría con la autonomía del regulador
- Las nuevas designaciones serían políticas y no técnicas
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El senador Ricardo Monreal (Morena) presentó una iniciativa para reformar el artículo 28 constitucional para extinguir los reguladores de competencia económica (Cofece), telecomunicaciones, radiodifusión (IFT) y energía (CRE) y crear un nuevo regulador único que se llamaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).
La fusión de reguladores pretende quitarle autonomía y capacidad de gestión al IFT, atenta contra derechos fundamentales y busca un control político sobre los consejeros y los sectores regulados.
La reforma constitucional de 2013 creó un organismo regulador sólido, autónomo, especializado, porque sólo con esos atributos se podrían normar los mercados y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. La significativa capacidad de influencia que tienen las corporaciones privadas en tales sectores, así como la necesidad de salvaguardar los derechos de las audiencias y de los usuarios, hacían indispensable crear un organismo con esas características. Las reglas que se establecieron para designar a los comisionados del IFT, para que tuvieran un desempeño abierto al escrutinio público, buscaron afianzar esa autonomía y especialidad.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) expone las siguientes implicaciones de la propuesta.
1. La eficiencia y el ahorro regulatorios son objetivos loables y necesarios, pero en la iniciativa sólo sirven de pretexto para cometer el grave error de fusionar los reguladores de competencia y energía con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A diferencia de los dos anteriores, el IFT tutela los derechos fundamentales de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (incluida la banda ancha e Internet), los derechos de las audiencias, de los usuarios y la libertad de expresión que requieren un tratamiento regulatorio específico.
2. La tutela, protección, promoción, difusión y garantía de los derechos fundamentales no deben estar sometidos a criterios de austeridad, máxime cuando no existe un pleno cumplimiento y ejercicio de los mismos. En México existe una marcada brecha digital que impide a los habitantes desconectados y más desfavorecidos ejercer otros derechos humanos como salud, educación, trabajo o acceso a la información. En el país 40 millones de mexicanos no tienen acceso a Internet. La iniciativa no menciona cómo la fusión de los reguladores va a contribuir al pleno derecho de acceso a las TIC, a abatir la desigualdad digital o el impacto que tendrá en el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
3. En el tema presupuestal, que es una de las principales motivaciones de la iniciativa, no se garantiza dicha suficiencia presupuestal para el Inmecob, pues la propuesta señala que la Cámara de Diputados lo hará “en la medida de lo posible”. Este defecto en la redacción compromete el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones y, por lo tanto, los derechos fundamentales asociados a dicho desarrollo. En 2019 y 2020 la Cámara de Diputados redujo el presupuesto del IFT.
4. Es un retroceso que la iniciativa desprofesionalice la regulación de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. En lugar de que las y los aspirantes pasen por un proceso de selección organizado y convocado por instituciones autónomas como el Inegi y el Banco de México, el Senado de la República se atribuye la facultad de convocar, entrevistar y proponer al Presidente de la República las ternas o quintetas para la designación de las y los consejeros que ocupen cada vacante. Todo lo anterior con carácter irrevocable e inatacable.
5. Debido al punto anterior, la iniciativa degrada la autonomía del llamado Inmecob porque el nombramiento de los futuros consejeros-reguladores del Inmecob no sería autónomo sino político. En lugar de que sea un proceso de selección técnico e imparcial como establece actualmente el artículo 28 de la Constitución, se convierte en un procedimiento político-legislativo-partidista que le restaría autonomía a la nueva institución.
6. La iniciativa carece de una visión de Estado regulador al atribuirle al Instituto el adjetivo de “Bienestar”, que es un lema o slogan del actual gobierno. La propia denominación del Inmecob lo tiñe de ideología partidista-gubernamental-oficialista, cuando la regulación debiera ser técnica, especializada y autónoma de los actores políticos y los agentes regulados. En estricto sentido, todas las instituciones del Estado mexicano deben estar encaminadas al bienestar y prosperidad de los habitantes de la nación.
Debido a que la garantía de los derechos fundamentales de acceso a las TIC, de las audiencias, los usuarios y la libertad de expresión, la autonomía, la profesionalidad y el carácter técnico y especializado de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no se salvaguardan ni se fortalecen con la propuesta, además de que dichos sectores no ameritan ahorros sino más inversiones, la Amedi hace un llamado a todos los partidos representados en el Congreso de la Unión a rechazar categóricamente la iniciativa, por ser contraria a los objetivos y aspiraciones consagrados en los artículos sexto, séptimo y vigésimo octavo constitucionales.
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Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)
Presidente
Dr. Jorge Bravo
Presidente del Capítulo Jalisco
Mtro. José Rubén Alonso González
Presidente del Capítulo Puebla
Mtro. Rafael Gustavo Hernández García Cano
Presidente del Capítulo Nuevo León
Dr. Aurelio Collado Torres
Capítulo Oaxaca
Comité de vinculación institucional
Mtra. Beatriz Solís Leree
Dra. Yolanda Meyenberg Leycegui
Lic. Carla Martínez Guillén
Dra. Adriana Reynaga Morales
Comité jurídico
Lic. Fabiola Peña
Lic. Andrea González Verde
Comité de medios públicos e industrias culturales
Dra. Patricia Ortega Ramírez
Mtra. Ma. Magdalena López Rocha
Dr. Rodrigo Gómez García
Comité de inclusión y alfabetización digital
Dra. Delia Crovi Druetta
Mtro. Servando Vargas Pérez
Mtro. Gustavo Ríos Alcázar
Comité de comunicación y difusión
Lic. Margarita Cruz Vicente
Lic. Alicia Dinorah Navarro Rivera
Lic. Violeta Contreras García
Tesorera
Lic. Elizabeth Salazar Sánchez