Uno de los elementos esenciales de un régimen democrático es la deliberación pública de los asuntos de interés colectivo. Para que ésta se dé es indispensable el respeto irrestricto del derecho fundamental a la libertad de expresión en su dimensión individual, la que implica la posibilidad de que las personas difundan sus opiniones y puntos de vista, así como en su dimensión colectiva que se materializa cuando los ciudadanos obtienen información que les permite tomar decisiones y convivir en sociedad.
La Constitución mexicana y la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada y ratificada por nuestro país, reconocen este derecho humano por la función democrática que cumple al permitir la deliberación y la creación de opinión pública, y también por constituirse en instrumento para el ejercicio y la tutela de otras prerrogativas fundamentales.
Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatiza que:
El ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y a circular la información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todos, es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos. La formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si este derecho no fuera garantizado (2010, p. 3).
Entre los discursos especialmente protegidos por este derecho se encuentran los discursos políticos y los que versan sobre asuntos de interés público, así como los mensajes o contenidos sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos debido a que esta información se constituye en un insumo esencial para que los ciudadanos puedan evaluar la actuación de los gobernantes, impulsar procesos de rendición de cuentas y decidir su voto en los procesos electorales.
La protección de la libertad de expresión es amplia; sin embargo, esta prerrogativa también tiene límites que están determinados tanto en nuestra Carta Magna como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Los discursos que están excluidos de la protección que brinda la libertad de expresión son aquellos que hacen apología del odio, del delito o de la guerra, así como los que llaman a la violencia, cuando existen pruebas fehacientes y objetivas sobre la intencionalidad de generarla, y los que son discriminatorios por cualquier motivo (raza, género, religión, posición política, origen nacional).
En la actual coyuntura electoral advertimos con preocupación una tendencia a privilegiar la descalificación, el insulto y la desinformación sobre un debate democrático basado en la difusión de información precisa y trascendente, así como en la aceptación del otro y por ende de la pluralidad de posiciones político-ideológicas que existen hoy en nuestro país.
Esta situación, sumada al hecho innegable de la existencia de amplias regiones del país en las que las autoridades son incapaces de garantizar la seguridad de las personas y a una creciente crispación social producto de las condiciones económicas, políticas y sociales que estamos atravesando, ponen en riesgo la convivencia pacífica y civilizada en México.
Ante ese panorama, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) hace un llamado a:
- Los actores políticos, económicos y sociales a ejercer de manera responsable, lícita y ética su libertad de expresión, privilegiando el debate de posiciones e ideas. La crítica es un elemento esencial de la deliberación democrática, no así el insulto y el denuesto a personas y grupos.
- Los medios y periodistas a proporcionar información plural e incluyente para que los electores tomemos decisiones en el actual proceso comicial. Esta información debe cumplir los estándares éticos y profesionales del periodismo, a saber: oportunidad, precisión, rigor, trascendencia, actualidad.
- Las audiencias y actores sociales y políticos a difundir y compartir información verosímil, proveniente de fuentes confiables y en caso de dudas, utilizar los recursos que organizaciones y colectivos, como Verificado2018 y la Red Rompe el Miedo, entre otros, están poniendo a disposición de los públicos para combatir el fenómeno de la divulgación de noticias falsas.
- Los candidatos y a los partidos políticos a promover la difusión de información sobre sus proyectos políticos y a debatir democráticamente entendiendo que somos una nación plural y diversa. La tolerancia y la posibilidad de disenso son componentes de una cultura democrática.
- Y a que todos -actores políticos, ciudadanos y medios de comunicación- respetemos el marco jurídico vigente en el país y ejerzamos nuestros derechos de expresión e información con responsabilidad para acudir más informados a las urnas el próximo 1 de julio.
Dra. Lilia Vélez Iglesias
Presidenta del Consejo Directivo de la Amedi
Mtro. Gabriel Sosa Plata
Presidente del Consejo Consultivo
Presidencias de los capítulos de la Amedi
Amedi Jalisco
Mtra. Rosalía Orozco Murillo
Amedi Michoacán
Dr. Héctor López Pintor
Amedi Nuevo León
Mtro. Aurelio Collado Torres
Amedi Oaxaca
Mtra. Magdalena López Rocha
Amedi Puebla
Mtro. Rafael G. Hernández García Cano