La interposición de una controversia constitucional por parte del presidente Enrique Peña Nieto en contra de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que involucran el tema de los derechos de las audiencias y al Congreso que los aprobó en el año 2013, también repercutirá en sus efectos al Instituto Federal de Telecomunicaciones como regulador de mercados y quien finalmente publicó en 2016 las directrices a las que deben ajustarse los concesionarios de TV y radio a favor de los consumidores.
De acuerdo con la Amedi, la controversia no sólo significa una petición de revisión, postergación y eventualmente modificación a los lineamientos de las audiencias, sino que se resta fortaleza y se pone en duda el desempeño del IFT como árbitro en los mercados de las telecomunicaciones, la radio y la televisión mexicanas.
“Esto es lamentable; es como un ataque al IFT, la institución operadora de la reforma estructural más relevante de este sexenio. Es un golpe al mejor de los hijos”, comentó Jorge Fernando Negrete, director de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. “El IFT es resultado de la única reforma que le trae luz internacional a este gobierno y con esta decisión y con dureza que se está cuestionando al IFT por una ley que aprobó el Congreso, puede pegar a sus bases”, añadió el director de Amedi.
Esta tarde, la Presidencia de la República presentó un recurso de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar la entrada en vigor de los llamados Lineamientos de las Audiencias, el próximo 16 de febrero.
El argumento de Los Pinos se centra en que el IFT no cuenta con las atribuciones constitucionales para definir o regular sobre derechos de audiencias, entendiéndose éstos como parte integral de los derechos humanos y por tanto, competencia de otras dependencias de gobierno.
La Presidencia también fundamenta su recurso legal en que existieron “vicios de origen” en la aprobación de la LFTR en el año 2013, de la que se originaron las atribuciones con las que el IFT pudo diseñar y publicar el 21 de diciembre del 2016 los lineamientos de las audiencias luego de un año y medio de discusiones públicas sobre el tema con analistas, organizaciones civiles y la misma industria de la radio y la televisión.
Los lineamientos y la imagen del IFT, en manos de la Corte
Si la Corte define que la razón le asiste a la Presidencia de la República y que por tanto, los lineamientos presentados por el IFT no caen en la constitucionalidad, entonces se estará vulnerando la autonomía del regulador y cuestionando el espíritu de la reforma de telecomunicaciones, misma que promovió, defendió y presumió el Ejecutivo federal dentro y fuera del país como una reforma estructural a favor de los mexicanos.
“Hay que reconocer que el IFT ha sido un buen operador; que es de las dependencias que mejor ha actuado dentro sus atribuciones y manejado una reforma estructural tan de gran calado; que gracias a su trabajo se ha propiciado la llega de inversiones y mejorado los mercados”, recordó Jorge Fernando Negrete, de la Amedi.
El director de esa organización trajo a tema que los medios públicos hicieron poco por defender los lineamientos de las audiencias.
“Nadie lo ha salido a defender; ni los canales 11 y 22. En este instante parece una coreografía integrada por gobernadores, presidentes municipales o miembros de partidos políticos de salir a denostar las facultades del IFT; critican los lineamientos, pero tuvieron más de un año para plantear nuevas redacciones y ahora sus acciones afectan al IFT”.
¿Qué significan los Lineamientos para las Audiencias?
Los Lineamientos de las Audiencias son una serie de disposiciones legales que hallan su fundamento en la Constitución y que instan a los concesionarios de radio y televisión abierta y de paga a establecer mecanismos que informen al público, por ejemplo, sobre cuándo un programa transmite información noticiosa o sobre aquellos que parezcan noticia, pero que en realidad son publicidad.
También los anima a crear mecanismos de protección de las audiencias infantiles y fortalecen a los televidentes y radioescuchas con la posibilidad que les concede de presentar una inconformidad ante el mismo canal de TV o estadio de radio cuando estimen que sus derechos han sido vulnerados.
Obliga además a los medios electrónicos a crear un defensor de las audiencias, al que éstas puedan acercarse cuando consideren que hayan sido afectadas.
La próxima entrada en vigor de estos lineamientos han causado polémica en las últimas semanas; actores en los medios electrónicos afirman que dar cumplimiento a éstos supone una acción de censura; el IFT lo niega.
A los desencuentros del IFT con la industria se ha sumado el Senado, poder que, por su lado, presentó otra controversia bajo el argumento de limitaciones a la libertad de expresión.