El domingo 3 de abril iniciaron las campañas electorales en doce entidades de la República donde se elegirá a un nuevo gobernador(a): Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. La elección será el 5 de junio.

A un mes de que arrancaron las disputas por el voto ciudadano, ninguno de los candidatos a la gubernatura en esos estados, provenientes tanto de las filas de los partidos políticos como los candidatos independientes, han presentado una agenda en defensa del derecho a la información, la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La omisión de las candidatas y candidatos partidistas e independientes es grave porque es precisamente en el espacio local donde ocurren más atentados, violaciones y omisiones al derecho a la información. También es en las entidades del país donde se ejerce más control político sobre la prensa y los medios electrónicos locales, incluidos televisoras, radiodifusoras y portales de Internet.

En cada uno de los estados mencionados existen inequidad y desequilibrios informativos, coberturas a favor de ciertos candidatos en detrimento de otros y sesgos noticiosos que afectan el derecho de la ciudadanía a recibir información imparcial, objetiva, oportuna y veraz. Asimismo, los institutos electorales y de transparencia locales suelen fallar en sus atribuciones de ser garantes de la equidad en la contienda electoral o el derecho de acceso a la información pública, respectivamente.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) hace un enérgico llamado para que los candidatos(as) a las distintas gubernaturas presenten y se comprometan con una agenda ciudadana de derecho a la información que contemple, por lo menos, los siguientes temas:

Transparencia. Respeto a los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Transparencia local; respeto a la autonomía y decisiones del órgano garante de la trasparencia y el acceso a la información de la entidad; no politización ni partidización en la elección de los comisionados.

Libertad de expresión. Respeto irrestricto a la libertad de expresión y protección a los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas sociales. En los últimos años se han incrementado las agresiones y los atentados contra la integridad física de los periodistas por parte de autoridades locales, elementos de la fuerza pública y el crimen organizado. Todo gobierno está obligado a garantizar la integridad de los informadores, iniciar averiguaciones para esclarecer las agresiones y sancionar a los responsables, de manera rápida y expedita. Crímenes recientes contra periodistas en entidades como Veracruz han activado alarmas internacionales porque existe la percepción de que en México no hay garantías suficientes y efectivas a la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.

Medios públicos. Cobertura informativa del actual proceso electoral como parte de su razón de ser y función social de informar a la ciudadanía. Compromiso con la independencia editorial de los medios públicos locales (radio y televisión) para que no respondan a los intereses y agenda del mandatario en turno. Que el director(a) sea nombrado por el Congreso local para garantizar una mayor independencia informativa, a partir de un perfil profesional con experiencia y conocimiento en materia de medios públicos, sin vinculaciones políticas, partidistas o amiguismos. Nombramiento de un defensor de audiencia con reconocido prestigio y experiencia profesional en los medios públicos. Convocatoria democrática y transparente para la instalación de un consejo ciudadano plural, conocedor e independiente que vigile la pertinencia de los contenidos y el desempeño del medio público. Recursos públicos suficientes para la modernización y digitalización de sus instalaciones e infraestructura, así como para la capacitación y profesionalización de su personal. Actualización al nuevo régimen legal de concesión única.Gasto en comunicación social. Asignación neutral, clara y transparente de recursos a los medios impresos, electrónicos y digitales locales sin distinción de opinión o postura ideológica. El gasto para propaganda gubernamental no debe utilizarse para premiar la lealtad política o para castigar el disenso informativo, sino para informar oportunamente a la población de los temas de interés general. El presupuesto de comunicación social debe emplearse para subvencionar la pluralidad y la democracia, no para limitar indirectamente la libertad de expresión con asignaciones discrecionales.

Radios comunitarias. Respeto y promoción de las expresiones comunitarias, indígenas, étnicas y culturales a través de los medios de comunicación. Dejar de criminalizar y de perseguir a los comunicadores comunitarios. Evitar la confiscación de sus equipos transmisores o daños a su propiedad. Apoyo económico para el crecimiento de los proyectos sociales y comunitarios a través de asignaciones equitativas de partidas de comunicación social de dependencias públicas estatales promotoras de programas sociales, educativos y culturales.

Inclusión digital. Acciones tendientes a incrementar el acceso a servicios de telecomunicaciones, sobre todo de banda ancha, para cerrar la brecha y la exclusión digitales. Diseño de políticas públicas y de una Agenda Digital estatal para incrementar la conectividad, las oportunidades de empleo, la alfabetización digital y el acceso a servicios públicos en línea en la entidad. Coordinación con el programa México Conectado para que más espacios públicos como escuelas, hospitales y plazas proporcionen acceso gratuito a Internet. Planeación estratégica para que la futura Red Compartida conecte las comunidades más alejadas y pobres del estado.

Tradicionalmente, los gobiernos estatales han ignorado los temas del derecho a la información y la libertad de expresión, por lo que el actual proceso electoral es un buen momento para que los candidatos(as) partidistas e independientes se comprometan con la ciudadanía a atender algunas de las ausencias más notables en materia de transparencia, impulso a los medios públicos y comunitarios, salvaguarda de los periodistas, rendición de cuentas en el gasto de comunicación social y reducción de la brecha digital.La Amedi cuenta con asociados en varios de los estados donde se celebrarán elecciones, quienes estarán pendientes de que los candidatos(as) y los futuros mandatarios estatales respeten los derechos fundamentales de información consagrados en la Carta Magna.