La indispensable necesidad de razonar el voto en comisiones

El día de ayer, el Senador Javier Lozano, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, distribuyó un proyecto de dictamen entre los miembros de las comisiones unidas encargadas de analizar las diversas iniciativas de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Su contenido no sorprende. Insiste en presentar como válidas diversas hipótesis planteadas en la iniciativa del Ejecutivo federal, desestimando otras propuestas, entre ellas la que elaboró la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) con el apoyo de diversas organizaciones sociales, que fue suscrita por 18 senadores de distintos partidos políticos en octubre de 2013.

El proyecto que circula entre los senadores de las comisiones dictaminadoras replantea algunos puntos, en particular aquellos relacionados con la neutralidad de la red, la necesidad de obtener autorización judicial para intervenir las comunicaciones que por ahí circulan y el bloqueo de señales. Sin embargo, mantiene la atribución de la Secretaría de Gobernación (Segob) para vigilar contenidos, en detrimento de las facultades del órgano regulador; omite en su totalidad la regulación de los medios públicos e imposibilita el desarrollo de los medios a cargo de las instituciones públicas de educación superior; intenta de manera insuficiente dotar a los medios de uso social de mecanismos para su subsistencia y les impone condiciones inequitativas para la obtención de las concesiones; limita los beneficios de la convergencia tecnológica para las concesiones de uso social y está ausente la reserva de un porcentaje del espectro para que cumplan sus finalidades; plantea mecanismos inadecuados para supuestamente fomentar la producción nacional independiente con lo cual se fortalece la operación vertical de las televisoras; impide que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicite a repetidoras de Televisa y Azteca transmitir promocionales locales; establece disposiciones insignificantes para regular la propiedad cruzada de medios; omite determinar con precisión los límites a la concentración nacional y regional de frecuencias; favorece un criterio regulatorio por sectores en materia de preponderancia en lugar de utilizar el concepto de servicios, pero sobre todo mantiene un régimen de excepción para permitir que Televisa fortalezca su carácter monopólico tanto en televisión abierta como en servicios de televisión y audio restringidos.

Se diluyeron los “avances” ampliamente difundidos por el Senador Barbosa, Coordinador de los senadores del PRD, como un importante logro de las negociaciones con el gobierno federal. Les tomaron el pelo como advertimos con oportunidad, pues el proyecto no respalda aquella pretensión de “recuperar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) apegándose al texto constitucional”. Cayeron en la trampa de regresar “letra por letra” la definición de preponderancia de la Constitución, a sabiendas de que el IFT mantendrá su postura de regular por sectores y no por servicios. Tampoco se amplían los derechos de las audiencias y por el contrario, se pretende sancionar al “defensor” cuando la responsabilidad de las transmisiones recae en el ámbito de los concesionarios. Poca fue la ganancia de esas negociaciones.

Mientras tanto, los enfrentamientos internos en el PAN, que se suman a la endeble y tibia postura de su Presidente, Gustavo Madero, contribuyeron a que el senador Lozano, con el apoyo de un reducido grupo de amigos, tenga la capacidad de prometer los votos que le hacen falta al PRI y a sus aliados para imponer por mayoría una regulación inconstitucional en telecomunicaciones y radiodifusión. Serán recordados como los principales promotores de una regulación secundaria que lesiona los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información, porque la reforma constitucional de 2013 no fue estrictamente de competencia económica como nos pretenden ahora hacer creer, en juego está el ejercicio de libertades fundamentales de todos los mexicanos.

No cejamos en insistir en que la concentración en radiodifusión y radiodifusión restringida violenta de manera indirecta estos derechos fundamentales, como claramente lo ha advertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en congruencia con lo expresado el día de ayer ante senadores por  Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión.

Por ello hacemos un llamado a los senadores miembros de las comisiones dictaminadoras de Radio, Televisión y Cinematografía, Estudios Legislativos, así como de Comunicaciones y Transportes, a no ser parte de esta farsa y para que en el análisis del proyecto “PRI-Lozano” razonen el sentido de sus decisiones y no entreguen su voto sin revisar a conciencia la congruencia del proyecto con los principios constitucionales.

Razonar el voto significa hacer una valoración armónica del texto constitucional, contextualizando las hipótesis planteadas en su régimen transitorio con los principios contenidos en los artículos 6º, 7º, 27 y 28 de nuestra Carta Fundamental, en donde se localizan aspectos de la mayor relevancia de la reforma constitucional del 11 de junio de 2013.
Las circunstancias actuales demandan un alto sentido de responsabilidad de parte de los senadores de la República, quienes no deben convertirse en simples instrumentos de los intereses empresariales de los poderes fácticos.

La reforma a nuestra Carta Fundamental se hizo para que el Estado recuperara su capacidad de rectoría económica y la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es uno de los instrumentos normativos que mayor valor tiene para fortalecer nuestra democracia y defender los derechos fundamentales de los mexicanos.

Es el momento de retomar la responsabilidad que tienen con la ciudadanía.