Reforma constitucional en Telecomunicaciones debe ser aprobada por el Senado.

   La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que la Cámara de Diputados aprobó en marzo pasado ha representado un avance muy sustancial para construir un nuevo sistema de comunicación en nuestro país. Allí se encuentran los temas torales que la sociedad organizada ha presentado para reorientar a los medios y las telecomunicaciones. Se trata además de una reivindicación de la clase política que había llegado a doblegarse frente a los poderes fácticos que controlan a los medios más importantes. Las televisoras privadas han impedido el cabal ejercicio del derecho a la información, así como la competencia la oferta audiovisual que recibimos los mexicanos.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, celebró desde el primer momento la iniciativa de reforma constitucional que presentó el Pacto por México. Más tarde consideró muy positiva su aprobación en la Cámara de Diputados, sin dejar de expresar preocupación ante los retrocesos en algunos detalles de la propia iniciativa. A pesar de la presión de las televisoras, esos cambios no modificaron los principales avances (diversidad en los medios; apertura en telecomunicaciones; organismo regulador confiable, sólido y con amplias facultades; medios públicos de cobertura nacional; etcétera).

Una vez que esa minuta llegó a la Cámara de Senadores, hemos seguido con mucha atención los procesos de consultas que promovieron de distintos legisladores y grupos parlamentarios. No hemos dejado de presentar nuestra opinión en tales espacios. Allí hemos dicho, igual que en otros foros, que la reforma propuesta por el Pacto por México nos parece plausible. También hemos señalado cambios que resultarían pertinentes. Pero junto con ello y en primer término la AMEDI ha subrayado que las reformas necesarias para los medios y las telecomunicaciones han sido discutidas durante muchos años. No es deliberación sino decisión lo que hace falta. Extender la discusión en el Senado durante más días puede convertirse no en un ejercicio de reflexión e información sino en un pretexto para evitar la aprobación de esta reforma.

Por eso nos han preocupado declaraciones y actitudes de distintos legisladores. Algunos quieren ajustar la reforma a sus particulares apreciaciones sobre las telecomunicaciones y los medios que consideran necesarios. Otros, intentan mejorarla para ampliar sus alcances. Otros más, la critican aunque dicen que la respaldan. También, entre los legisladores hay enemigos de la reforma que preferirían que se mantuvieran privilegios e inercias de las corporaciones comunicacionales. En ese barullo legislativo, se corre el riesgo de que las diferencias de forma y detalle queden magnificadas por encima de los acuerdos en torno a temas básicos como los que hemos mencionado.

Es urgente que la reforma pueda ser aprobada durante este mes de abril, antes de que concluya el periodo de sesiones. Para ello, hace falta que el Senado la ratifique ya. En caso de que los senadores hagan cambios, deben estar a tiempo para que la Cámara de Diputados los revise y la reforma constitucional inicie su tránsito por los congresos de los estados.

Rechazar o postergar la iniciativa simplemente porque no reúne todas las reivindicaciones necesarias, por discrepancias con algunos de sus pormenores o por condescendencia con las corporaciones mediáticas, constituiría una enorme e histórica irresponsabilidad. Si hay una reforma indispensable para la democracia es precisamente la de telecomunicaciones y radiodifusión. Sería vergonzoso que los senadores, a pesar del discurso reformador y de los cuestionamientos que muchos de ellos enderezan contra las corporaciones mediáticas, terminaran sirviéndolas  -voluntariamente o no-.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información ha respaldado con argumentos los cambios que puede traer la reforma constitucional. De la misma forma, ha reconocido que se le pueden hacer modificaciones para fortalecerla. También hemos confirmado que todos los ajustes necesarios pueden hacerse en la ley secundaria, en un análisis detallado que en su momento hicimos sobre los 21 puntos indispensables para una reforma democrática de las telecomunicaciones.

Nos parecen lamentables las afirmaciones de legisladores, representantes de la industria de los medios y actores ligados a ella que descalifican la autonomía constitucional que tendrían los órganos reguladores creados por esta reforma. A pesar de tales insistencias y de las falsedades que se dicen al respecto (por ejemplo, cuando se afirma que la regulación de las telecomunicaciones no es autónoma en otros países) es imposible olvidar las costosas limitaciones que han tenido las instituciones reguladoras en México. Los groseros índices de concentración en telecomunicaciones,  televisión y sus mercados relacionados; los negocios a costa del patrimonio nacional que han resultado de la adjudicación discrecional de concesiones; la desprotección de los consumidores; la calidad lastimera de los contenidos, se deben en buena medida a la debilidad e inacción de la autoridad reguladora que hemos tenido hasta hoy.

También son falaces los argumentos para impedir que el Estado opere una red troncal de telecomunicaciones que dotaría de servicios de banda ancha e Internet, especialmente a la población más excluída del desarrollo. Quienes dicen que el Estado es incapaz para encargarse de esa tarea esgrimen un inocultable resabio neoliberal. Pero además leen mal la iniciativa: en ella se establece que las redes alámbrica e inalámbrica a cargo del Estado funcionarían con recursos financieros de origen público y privado, siempre con la prioridad para extender tales servicios a la población. Está demostrado que, por sí solo, el mercado ha sido incompetente para llevar servicios básicos (incluyendo telecomunicaciones) a todos los sectores de una sociedad. En México el acceso a Internet se encuentra reducido al 40% de la población y la mitad de esos mexicanos no pueden conectarse en sus domicilios. Las conexiones son malas y caras. Quienes cuestionan la capacidad e incluso la responsabilidad del Estado para intervenir directamente en la dotación de conectividad suficiente y óptima, actúan en beneficio de las empresas que han acaparado (inhibiendo la competencia) el restringido mercado de la banda ancha en México.

Negar los avances de la reforma constitucional favorece a las empresas que se han beneficiado del privilegiado statu quo comunicacional. Retroceder respecto de lo ya aprobado por los partidos en el Pacto y por los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados constituiría una contrarreforma.

La sociedad exige a la Cámara de Senadores y a la clase política en general que la reforma para los medios y las telecomunicaciones sea decretada sin dilaciones antes del 30 de abril, que demuestren capacidad para tomar acuerdos y hagan a un lado protagonismos innecesarios, que dejen de ceder a las presiones de los industriales y muestren a la nación a favor de quiénes están.

Demandamos que, sin dilaciones ni pretextos, el Poder Legislativo reivindique al Estado y a la sociedad: reforma en telecomunicaciones YA.